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En
un libro del Centro Canadiense de Alternativas Políticas titulado
"AGCS: ¿de qué manera las nuevas negociaciones de la OMC sobre
los servicios amenazan a la democracia?, se alega que las
disposiciones del AGCS sobre la reglamentación nacional representan
una de las mayores "amenazas peligrosas para la adopción de
decisiones democráticas" del Acuerdo. El libro pretende que
"los gobiernos se verán obligados a demostrar, en primer lugar,
que las reglamentaciones no discriminatorias eran necesarias para
lograr un objetivo legítimo sancionado por la OMC y, en segundo
lugar, que era posible una medida alternativa menos restrictiva del
comercio". Como hemos dicho anteriormente, las únicas
circunstancias en las que cualquier Miembro estaría obligado a
justificar una reglamentación interna sería la solución de
diferencias, cuando una medida concreta ha sido impugnada por otro
gobierno.
Todas
las preocupaciones manifestadas acerca de la
"desregulación" de los servicios resultante del AGCS o
acerca de las amenazas contra las normas de salud y seguridad reducen
la posibilidad de que una medida considerada discriminatoria o
innecesariamente restrictiva pueda ser impugnada en la solución de
una diferencia. En los primeros seis años de existencia del AGCS (en
febrero de 2001) no ha habido ningún caso de solución de diferencias
basado primordialmente en los servicios, aunque tres casos que se
ocupaban esencialmente del comercio de mercancías en el marco del
GATT tenían importantes elementos del AGCS. No ha habido ninguna
impugnación de ninguna medida de reglamentación interna con arreglo
al AGCS. No obstante, en el futuro es posible que surjan casos. Mas
¿se puede describir esta situación como un ataque contra la
democracia?
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