Cuestiones abarcadas por los Comités y Acuerdos de la OMC
EXÁMENES DE LA POLÍTICAS COMERCIALES: PRIMER COMUNICADO DE PRENSA, RESUMEN DEL INFORME DE LA SECRETARÍA Y DEL INFORME DEL GOBIERNO

Costa Rica: mayo de 1995

COMMUNICADO DE PRENSA
PRENSA/TPRB/7
31 de mayo de 1995

EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES DE COSTA RICA

El régimen comercial de Costa Rica ha experimentado una notable liberalización durante el pasado decenio, habiéndose registrado un esfuerzo de desreglamentación y una creciente competencia en la economía nacional. Las reformas se iniciaron en 1986, se intensificaron en 1990 cuando el país se adhirió como miembro al Acuerdo General y volvieron a acrecentarse el año pasado al prepararse a ingresar en la OMC.

En enero de 1995 Costa Rica -principal nación mercantil de América Central- lanzó un nuevo programa de promoción de las exportaciones con el objetivo de elevar el valor de éstas a 5.000 millones de dólares EE.UU. en el tiempo que media hasta el año 2000.

En un informe de la Secretaría de la OMC sobre las políticas del país para el comercio de mercancías y servicios se señala que se dejó de lado el modelo de sustitución de las importaciones y se sustituyó por uno de orientación a la exportación, lo que ha contribuido a reducir la protección arancelaria nominal media, que bajó de aproximadamente un 17 por ciento en 1989 al 11,2 por ciento en 1994. En 1990 Costa Rica consolidó sus aranceles a un nivel general máximo del 55 por ciento, que se reducirá al 45 por ciento para el año 2004 de acuerdo con los compromisos contraídos en la Ronda Uruguay. Añade el informe que recientemente se aumentaron los tipos arancelarios y los impuestos para contribuir a reducir el déficit fiscal y el déficit por cuenta corriente a corto plazo. Dada la mayor diferencia entre los tipos aplicados y los consolidados, esos aumentos pueden crear incertidumbre en cuanto a la estabilidad del régimen comercial, frenar los cambios estructurales y sacrificar la obtención de un beneficio mayor del comercio.

Con otras reformas -añade el informe- quedaron eliminados los depósitos previos a la importación, las sobretasas arancelarias y las prescripciones restrictivas en materia de licencias de importación y de exportación, y se agilizaron los procedimientos administrativos. Se está poniendo fin a la concesión de ayuda financiera a las exportaciones no tradicionales, y ha sido abandonado el sistema de precios oficiales y de acuerdos de comercialización exclusiva en el caso de los alimentos básicos.

Indica el informe que se ha contraído también progresivamente la presencia del Estado en las actividades de producción, comercio y servicios, aunque subsisten monopolios estatales en la importación y refinación de petróleo, los seguros y ciertas operaciones de banca y de telecomunicaciones. Hay otras esferas en que las empresas privadas pueden participar por medio de franquicias o de empresas mixtas; por ejemplo, la minería, la destilación de bebidas, la producción y distribución de energía eléctrica, la administración portuaria y determinados servicios públicos. Se añade en el informe que al parecer no está en marcha ningún plan importante de privatizaciones.

Los compromisos del país en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios abarcan los servicios de informática, los servicios de enseñanza y los servicios sociales y de salud, y afectan a la presencia comercial y a la de personas físicas. Explica el informe que habida cuenta de los compromisos que tiene con sus copartícipes en el Mercado Común de América Central (MCCA)See footnote 1, Costa Rica ha exceptuado del trato n.m.f. a los servicios profesionales, de publicidad y de transporte por tierra. Se han invocado otras exenciones horizontales al amparo de acuerdos bilaterales en materia de inversiones.

Costa Rica es signataria de numerosos acuerdos internacionales y regionales en materia de derechos de propiedad intelectual y en los últimos años ha realizado esfuerzos para mejorar la protección de los mismos. La legislación interna a tal respecto -indica el informe- habrá de ser modificada, dentro del plazo pertinente (cinco años en el caso de las economías en desarrollo), para ponerlas en conformidad con las obligaciones dimanantes de la OMC.

Nota para las redacciones

Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC) de la OMC examinará el informe de la Secretaría, junto con un informe elaborado por el Gobierno de Costa Rica, los días 6 y 7 de junio de 1995.

El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC realiza una evaluación colectiva de la gama completa de las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro de la OMC a intervalos regulares, y sigue de cerca las tendencias y los acontecimientos importantes que puedan tener consecuencias en el sistema mundial de comercio.

Los dos informes, junto con un acta del debate del Consejo y el resumen del Presidente, se publicarán oportunamente como documentación completa del examen de las políticas comerciales de Costa Rica. Podrán obtenerse en la Secretaría de la OMC, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

Los informes abarcan la evolución de todos los aspectos de las políticas comerciales de Costa Rica, como las leyes y reglamentos nacionales, el marco institucional, los acontecimientos relacionados con el comercio de la esfera monetaria y financiera, las prácticas comerciales por clases de medidas y las políticas comerciales por sectores. Se adjuntan las observaciones recapitulativas del informe de la Secretaría y del Gobierno. Los periodistas que deseen disponer del texto íntegro de los informes pueden solicitarlo a la Secretaría de la OMC.

Desde diciembre de 1989, se han llevado a cabo los siguientes exámenes: Argentina (1992), Australia (1989 y 1994), Austria (1992), Bangladesh (1992), Bolivia (1993), Brasil (1992), Camerún (1995), Canadá (1990, 1992 y 1994), Chile (1991), Colombia (1990), Comunidades Europeas (1991 y 1993), Corea, Rep. de (1992), Egipto (1992), Estados Unidos (1989, 1992 y 1994), Filipinas (1993), Finlandia (1992), Ghana (1992), Hong Kong (1990 y 1994), Hungría (1991), India (1993), Indonesia (1991 y 1994), Islandia (1994), Israel (1994), Japón (1990, 1992 y 1995), Kenya (1993), Macao (1994), Malasia (1993), Marruecos (1989), México (1993), Nigeria (1991), Noruega (1991), Nueva Zelandia (1990), Pakistán (1995), Perú (1994), Polonia (1993), Rumania (1992), Senegal (1994), Singapur (1992), Sudáfrica (1993), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991), Tailandia (1991), Túnez (1994), Turquía (1994), Uruguay (1992) y Zimbabwe (1994).

Informe de la Secretaría

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
COSTA RICA
Informe de la Secretaría - Observaciones recapitulativas

A raíz de la crisis de la deuda de comienzos de los años ochenta, Costa Rica emprendió una serie de reformas encaminadas a reducir los desequilibrios macroeconómicos y a restablecer el crecimiento. En 1986 la política económica dejó de lado el modelo de sustitución de importaciones y lo sustituyó por uno de orientación a la exportación, respaldado por incentivos a las exportaciones. Esas reformas contribuyeron a acrecentar la competitividad internacional de la economía y a disminuir el sesgo antiexportador. A partir de 1990, como parte del esfuerzo en pos de una política más neutral y abierta al exterior, la liberalización del comercio se intensificó y consolidó con mayor firmeza a través de los compromisos contraídos con ocasión de la adhesión de Costa Rica al Acuerdo General y luego en el momento de su ingreso a la OMC como Miembro. La protección arancelaria nominal media bajó de aproximadamente un 17 por ciento en 1989 al 11,2 por ciento en 1994; han quedado ya eliminados los depósitos previos a la importación, las sobretasas arancelarias y las prescripciones restrictivas en materia de licencias de importación y de exportación; se han agilizado los procedimientos administrativos y se está poniendo fin a la concesión de ayuda financiera a las exportaciones no tradicionales. El sistema de precios oficiales y de acuerdos de comercialización exclusiva en el caso de los alimentos básicos ha sido abandonado. Se está reforzando la protección de la propiedad intelectual.

En el marco del programa de reformas, el PIB real registró el pasado decenio una tasa media anual de crecimiento del 4 por ciento, en gran parte impulsado por el consumo privado y por las inversiones; en 1994 se alcanzó una tasa de crecimiento del 4,5 por ciento. La inflación ha quedado sustancialmente contenida, al descender de un nivel próximo al 90 por ciento en 1982 a una banda que fluctúa entre un 10 y un 30 por ciento en correspondencia con los ciclos de contracción y expansión que caracterizan a la gestión económica costarricense. El ingreso real por habitante fue aumentando paulatinamente a lo largo del último decenio, y en 1994 ascendía a 2.482 dólares EE.UU.; los indicadores sociales de Costa Rica, país de grandes programas sociales, figuran entre los mejores de América Latina, aunque se han visto desfavorablemente afectados por las medidas de austeridad adoptadas como consecuencia de la crisis de la deuda.

Las reformas fiscales introducidas en 1990 contribuyeron a reducir el déficit del sector público, pero éste se acentuó nuevamente a mediados de 1993 al incrementarse los gastos con vistas a las elecciones del año siguiente. En 1994 el déficit público en porcentaje del PIB fue tres veces mayor que el año anterior, a lo que coadyuvaron las subidas de los sueldos y las pensiones, los pagos de intereses sobre la deuda interna y las transferencias a los sectores público y privado. La inflación, que se había situado por debajo del 10 por ciento en 1993, repuntó una vez más en 1994, a un nivel en torno al 20 por ciento. El nuevo Gobierno se propone poner coto al déficit mediante un conjunto de reformas fiscales que comprende, entre otras, el aumento en un 50 por ciento del impuesto sobre las ventas, la modificación de ciertos tipos del impuesto sobre la renta y la eliminación de 23 impuestos internos de interés marginal desde el punto de vista de la recaudación. El previsto tercer Programa de Ajuste Estructural (PAE III), que habría de traer consigo una contracción del déficit fiscal gracias a la reforma del sector público y a la desreglamentación, fue desechado en marzo de 1995, aunque sigue actualmente adelante el proceso legislativo de reforma del Banco Central. Además, se tiene noticia de que Costa Rica procedió hace poco a introducir algunos aumentos arancelarios importantes (no notificados a la OMC en el momento de la finalización del presente informe), por razones fiscales, y de que la disminución de los gastos públicos (y de los puestos de trabajo) será sustancialmente inferior a la contemplada por el PAE III.

La relación inversiones/PIB ha progresado considerablemente en los últimos años; sin embargo, el ahorro no se ha acrecentado en la misma medida, quedando así una diferencia que se ha colmado a través de la inversión extranjera directa, sobre todo en el sector del turismo y en el comercio al por menor. Fuera de las limitaciones relacionadas con la propiedad, que afectan principalmente a ciertos servicios, la legislación de Costa Rica en materia de inversiones es neutral, pues ni impone restricciones a los inversores extranjeros ni concede a éstos incentivos en exclusiva.

Los desequilibrios internos de Costa Rica quedan reflejados en la persistencia de un déficit importante por cuenta corriente. Si bien las exportaciones de mercancías y los ingresos en concepto de turismo han registrado un alza sustancial en los últimos años, en respuesta a una ligera depreciación del tipo de cambio efectivo real, ello no ha compensado el pronunciado aumento de las importaciones resultante de una ampliación de la demanda como consecuencia de las políticas fiscales expansionarias y las reformas comerciales. Pese a las limitaciones impuestas por las anteriores pérdidas de explotación del Banco Central, la utilización de la política monetaria para tratar de contener la inflación se ha traducido en tipos de interés más altos, lo que ha atraído al capital extranjero y frenado la tasa de depreciación, al tiempo que ha elevado los costos de funcionamiento de las empresas.

La subida reciente de impuestos y de aranceles puede contribuir a reducir los déficit fiscal y por cuenta corriente a corto plazo. De ser así, resultará posible suavizar la política monetaria y disminuir los tipos de interés, lo que facilitaría la consecución de un mayor crecimiento sostenible con baja inflación. No obstante, al optar por una reducción del déficit fiscal fundada en el incremento de la recaudación fiscal más que en la reforma del sector público, es probable que Costa Rica pierda ciertas oportunidades de mejorar la asignación de recursos y mantenga las actuales rigideces estructurales que subyacen a los déficit crónicos por cuenta corriente. Además, las subidas de aranceles crean incertidumbre en cuanto a la estabilidad del régimen comercial, al tiempo que frenan los cambios estructurales y sacrifican la obtención de un beneficio mayor del comercio.

La composición sectorial del PIB ha variado poco con el paso del tiempo. El sector dominante de los servicios ha impulsado el crecimiento económico durante los 20 últimos años, y parece haber un ligero desplazamiento de la agricultura hacia la industria. Éste podría acentuarse como consecuencia de las políticas adoptadas a contar de 1990 que aminoran los objetivos en materia de autosuficiencia y prevén una menor intervención del Estado en la agricultura; los productores de alimentos comerciales básicos se verán presionados a una diversificación o a optar por otros cultivos orientados a la exportación. En 1994 se introdujeron planes tendentes a mejorar la infraestructura y favorecer la expansión del sector de la pesca. En lo que respecta al sector manufacturero, cuya producción se orienta ante todo a la elaboración de alimentos, el objetivo de acrecentar el valor nacional añadido se ha complementado con la importancia asignada al aumento de la competitividad, al fomento de la transferencia de tecnología y a la promoción de las actividades agroindustriales.

Históricamente, la extendida participación del Estado en la economía se mantuvo principalmente por razones de bienestar social, entre ellas la seguridad del abastecimiento de alimentos básicos. Ello no obstante, la presencia del Estado se ha contraído; a partir de 1986 se ha ido reduciendo paulatinamente el peso de la sociedad pública de cartera CODESA, dedicada a actividades de producción, comercio y servicios. Subsisten empero monopolios estatales en la importación y refinación de petróleo, los seguros y ciertas operaciones de banca y de telecomunicaciones. Hay otras esferas en que las empresas privadas pueden participar por medio de franquicias o de empresas mixtas, por ejemplo la minería, la destilación de bebidas, la producción y distribución de energía eléctrica, la administración portuaria y determinados servicios públicos. No parece que esté en marcha ningún plan importante de privatizaciones.

El sector privado ha apoyado en general la apertura del mercado. Sigue preocupado sin embargo por el nivel elevado de los derechos de importación sobre materias primas, la falta de protección contra el posible dumping por exportadores extranjeros, los altos tipos de interés, las tarifas elevadas de ciertos servicios públicos (puertos, electricidad, telecomunicaciones) y la insuficiencia de la infraestructura de exportación. La aptitud del Gobierno para atender esas preocupaciones se ve limitada por la situación fiscal y por su propia vacilación frente a la privatización. Si bien las leyes antidumping que se están introduciendo pueden satisfacer las demandas del sector privado, será preciso velar por que esa clase de medidas no se utilicen de forma que se desvanezcan los efectos de las reformas comerciales.

Costa Rica en el comercio mundial

Costa Rica es la principal nación mercantil de América Central. En 1993 fue el segundo exportador mundial de banano y en 1992 el quinto exportador de café, correspondiéndole alrededor de una quinta parte de las exportaciones mundiales de banano y aproximadamente un 4 por ciento de las de café. De mediados de los años ochenta a 1993, la parte del comercio de bienes y servicios en el PIB ascendió del 60 al 93 por ciento. Sus principales mercados de exportación de mercancías son los Estados Unidos, la Unión Europea y otros países centroamericanos. El trato preferencial otorgado por los Estados Unidos, junto con mecanismos como el de zonas francas, contratos de exportación y admisión temporal en virtud de regímenes de maquila introducidos por Costa Rica en el decenio de 1980, han permitido que las exportaciones no tradicionales crezcan más rápidamente que las de productos tradicionales.

En 1993 y 1994 el turismo fue la primera fuente de ingresos en divisas, por delante del banano y el café. Entre 1985 y 1992 las importaciones y exportaciones de servicios comerciales se duplicaron y triplicaron; el turismo representó más de la mitad de las exportaciones de servicios.

Marco institucional

En Costa Rica las leyes son la base fundamental en que se asientan las medidas comerciales; se presta particular atención a garantizar la constitucionalidad de esa clase de leyes. Ello aporta un marco de políticas estable y previsible, que los círculos empresariales aprecian. El ordenamiento jurídico costarricense incorpora los acuerdos regionales y multilaterales y otros acuerdos internacionales.

Aunque hay planes de racionalización, la definición de las políticas comerciales está descentralizada y depende por tanto en gran medida de la cooperación entre los organismos públicos competentes. El Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) asume la responsabilidad general de la formulación y aplicación de la política comercial, con inclusión de la coordinación sectorial, al igual que la representación en foros multilaterales como la OMC y la conducción de las negociaciones bilaterales. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) se encarga de las cuestiones relacionadas con la integración centroamericana y con la política arancelaria.

Las autoridades costarricenses son del parecer de que la elaboración de políticas comerciales fructíferas depende de la intervención y participación del sector privado. En consecuencia, el Gobierno consulta sistemáticamente a la comunidad empresarial en grupos de trabajo ad hoc. No hay sin embargo ningún órgano independiente que efectúe exámenes periódicos oficiales de las políticas comerciales.

Costa Rica se adhirió al Acuerdo General en 1990. Hasta la conclusión de la Ronda Uruguay mantuvo la condición de observador en uno de los Acuerdos de la Ronda de Tokio, el Acuerdo de la Carne de Bovino. En 1988 pasó a ser signatario del Acuerdo Multifibras, en el marco del cual concertó acuerdos bilaterales con los Estados Unidos y el Canadá.

Costa Rica participó activamente en la Ronda Uruguay y el 26 de diciembre de 1994 ratificó el Acuerdo de Marrakech, con lo que se convirtió en Miembro fundador de la OMC. De los Acuerdos Comerciales Plurilaterales, se propone firmar uno, el Acuerdo Internacional de los Productos Lácteos. Las exportaciones costarricenses de textiles y prendas de vestir pueden verse afectadas desfavorablemente por la competencia de proveedores con costos inferiores a medida que se vayan eliminando paulatinamente las restricciones y por la erosión de las preferencias en el mercado estadounidense dimanantes de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe. A pesar de que Costa Rica ha celebrado el establecimiento de un programa de trabajo de la OMC relativo al comercio y el medio ambiente, se da por sentado que objetará aquellos temas que puedan encubrir tendencias proteccionistas, entre ellos el debate sobre la cuestión del comercio y las condiciones laborales.

Características y tendencias de la política comercial

Costa Rica desarrolla sus principales relaciones comerciales oficiales por conducto de la OMC y del Mercado Común Centroamericano (MCCA). La parte de sus importaciones correspondiente a los países centroamericanos representa menos de la mitad de la parte de éstos en sus exportaciones a esa región; se trata de una diferencia que parece haberse acrecentado desde 1987. La proporción de las exportaciones de mercancías destinadas a mercados no regionales ha progresado considerablemente en los últimos años.

Los acuerdos regionales y bilaterales constituyen elementos importantes de la política comercial costarricense. El Tratado de Libre Comercio entre Costa Rica y México entró en vigor el 1. de enero de 1995. Costa Rica ha tenido un papel activo en el establecimiento de la Asociación de Estados del Caribe, que se pondrá en marcha a mediados de 1995, y se ha propuesto promover una mayor integración de la región a través de la liberalización del comercio, las inversiones y el transporte. Está participando en las deliberaciones tendentes a establecer una zona de libre comercio para el año 2003 entre los miembros del MCCA, Colombia y Venezuela, así como un programa a efectos de la creación de una Zona de Libre Comercio de las Américas el año 2005.

Aunque Costa Rica ha apoyado hasta ahora la aplicación plena de la zona de libre comercio del MCCA, no está en favor del establecimiento de un arancel externo común, ni tampoco de un órgano común de recaudación fiscal o del libre movimiento de personas.

Costa Rica ha concluido asimismo acuerdos de comercio preferencial con la República Dominicana y Panamá; el acuerdo con este último país abarca una gran parte de las corrientes comerciales entre ambos signatarios.

Evolución de la política comercial y de sus instrumentos

La política económica costarricense registró un cambio de giro a mediados de los años ochenta, cuando se fue reemplazando gradualmente la de sustitución de las importaciones con orientación regional por una política orientada a la exportación. Se desplegaron grandes esfuerzos con objeto de asegurar un acceso mayor y más seguro a las exportaciones costarricenses y de expandir las exportaciones de prendas de vestir y de productos agrícolas no tradicionales. A contar de 1990, sin embargo, el acento se ha colocado en la reducción de los obstáculos a la importación y en la concesión de incentivos a la exportación, con vistas a implantar un régimen más neutral.

Con ocasión de su adhesión al Acuerdo General, Costa Rica consolidó sus aranceles a un nivel general del 55 por ciento. Esos compromisos se reforzaron en la Ronda Uruguay mediante la aceptación de una reducción del tipo consolidado al 45 por ciento para el año 2004. La transposición de la Lista LXXXV de Costa Rica al Sistema Armonizado quedó concluida en 1994.

En enero de 1995 Costa Rica adoptó un nuevo arancel de aduanas que consta de 28 grupos de derechos, en que añadió cierto número de derechos elevados (de hasta un 270 por ciento) como consecuencia de la arancelización con sujeción a la Ronda Uruguay de productos agrícolas y elaborados anteriormente de importación restringida, e introdujo asimismo algunas revisiones de los aranceles industriales para contrarrestar las distorsiones del comercio mundial en el caso de determinados productos textiles. Los aranceles se aplican por tanto a los diferentes sectores de una manera no neutral, y la progresividad arancelaria parece estar concebida para favorecer a los productos manufacturados nacionales y a las materias primas originarias del MCCA. El nuevo arancel ha acrecentado la dispersión y las crestas arancelarias. Según se ha señalado, aparentemente a comienzos de abril de 1995 se introdujeron algunos cambios más, pero éstos no se han notificado todavía a la OMC.

El ingreso en condiciones de favor está previsto para las importaciones abarcadas por los acuerdos preferenciales, para los productos sujetos a regímenes como el de zonas francas, contratos de exportación, contratos de turismo y admisión temporal, y para los bienes adquiridos por organismos del Estado y por empresas privadas proveedoras de servicios públicos. Los insumos agrícolas e industriales disfrutan de una reducción de derechos arancelarios cuando su suministro por fuentes nacionales resulta insuficiente desde el punto de vista de la cantidad, la calidad o el precio. En 1992 el 50 por ciento de las importaciones gozó de concesiones y preferencias arancelarias.

El impuesto sobre el valor en aduana ha quedado incorporado en el arancel y forma parte de la Lista costarricense de la Ronda Uruguay. Las sobretasas a la importación fueron eliminadas en marzo de 1992.

Los impuestos internos no hacen discriminación entre productos nacionales y extranjeros. El impuesto del 10 por ciento sobre las ventas (que es probable ascienda al 15 por ciento) afecta a prácticamente todos los bienes y servicios. Un impuesto selectivo sobre el consumo, que oscila entre el 5 y el 75 por ciento, se aplica principalmente a los productos industriales. Dos impuestos (IDA e IFAM), cuyos tipos van del 2,5 al 14 por ciento, gravan ante todo a las bebidas alcohólicas, a ciertas aguas embotelladas y a los cigarrillos. El cemento y el material de transporte de segunda mano están sujetos a impuestos específicos sobre las ventas.

Los derechos de registro y de documentación parecen estar fundados en el costo del servicio prestado e inciden en el comercio de una manera relativamente uniforme. Los derechos de amarre y de manipulación son más altos para las importaciones que para las exportaciones. Los derechos portuarios son función del volumen, exceptuados los de almacenamiento (con inclusión de los correspondientes al depósito en aduana), que comprenden un elemento ad valorem basado en el valor c.i.f.

Con vistas a simplificar y acelerar las diligencias en materia de importación y de exportación, en noviembre de 1994 se abrió una "ventanilla única" para los trámites de comercio exterior. El Banco Central u otros bancos de propiedad estatal se encargan de la recaudación de los derechos, impuestos, gravámenes y cargas sobre las importaciones.

Se mantienen prohibiciones de la importación por razones de salud pública, seguridad y protección del medio ambiente. En diciembre de 1994 se dejó sin efecto la prohibición de importar todo producto alimenticio que contuviera café. Al mismo tiempo se eliminaron las licencias de importación utilizadas para proteger la producción nacional de ciertos productos agropecuarios. La asignación de los contingentes de importación restantes (v.g., los contingentes arancelarios conformes al compromiso de acceso mínimo de la Ronda Uruguay) corre a cargo de BOLPRO, bolsa de productos establecida en 1992.

Pese al recorte de las actividades de CODESA y a la aminoración de la intervención del Estado en la agricultura, las entidades estatales siguen disfrutando de derechos de monopolio, concediendo franquicias por licitación pública y participando en varias actividades económicas. Desde 1983 el comercio de trueque con ciertos países ha ayudado a Costa Rica a obtener materias primas o a eliminar excedentes de café.

La adquisición de bienes y servicios por el sector público, cifrada en aproximadamente 1.400 millones de dólares EE.UU. en 1993, está regida por normas detalladas, salvo en el caso de las empresas comerciales del Estado, cuyas compras están sujetas únicamente a principios generales. Aunque no se aplica ningún margen específico, se da la preferencia a todo proveedor nacional único de bienes o de servicios y a las empresas nacionales que pueden ofrecer condiciones similares a las de las empresas extranjeras que compiten por contratos de obras públicas. La Proveeduría Nacional organiza el proceso de compras y la Contraloría General de la República supervisa las adjudicaciones y las convocatorias. No se obtuvo de las autoridades ningún dato pormenorizado en materia de contratos o de proveedores.

Costa Rica aplica las normas adoptadas en el plano internacional o regional o a nivel de países desarrollados. La Oficina Nacional de Normas Técnicas y Unidades de Medida (ONNTUM) garantiza la prosecución en esta esfera de objetivos legítimos y verifica la observancia mediante un control por muestreo de las mercancías.

Las restricciones a la exportación, derivadas fundamentalmente de obligaciones internacionales, afectan al café y a los artículos abarcados por los acuerdos sobre productos textiles, en tanto que el acceso a los contingentes arancelarios de banano de la UE ha quedado regulado por medio de certificados de exportación a contar del 1. de enero de 1995. Los contingentes de exportación de café se fijan teniendo en cuenta el consumo interno, así como, en su caso, los compromisos de retención adoptados por la Asociación de Países Productores de Café; ese mecanismo de retención rigió de octubre de 1993 a mayo de 1994. En diciembre de 1994 se eliminaron las licencias de exportación basadas en consideraciones relativas al suministro interno; ahora sólo se pueden utilizar en circunstancias excepcionales a título de último recurso. Las principales razones para el mantenimiento de esa clase de restricciones son la protección del medio ambiente, la recopilación de datos y el cumplimiento de compromisos internacionales o bilaterales.

Los derechos de licencias de exportación aplicados sobre una base ad valorem afectan a las especies de fauna y flora silvestres, así como a los artículos textiles sujetos a restricción. Actualmente los impuestos de exportación rigen únicamente respecto de las exportaciones tradicionales de banano, café, carne y ganado. El precio mínimo de exportación del banano se fija, en consonancia con la evolución de los precios en el mercado mundial, de modo que se preserve el equilibrio entre los intereses de los productores nacionales y de las empresas fruteras transnacionales. Alrededor de la mitad de la producción costarricense de banano para exportación procede de cultivadores independientes, pero éstos exportan directamente menos del 10 por ciento; la proporción más grande corresponde a la que se vende a las empresas transnacionales.

En Costa Rica no se aplica ningún sistema de devolución de derechos de alcance total. Hay tres regímenes que prevén concesiones arancelarias y fiscales, a saber, el de Zonas Francas, el de Contratos de Exportación y el de Admisión Temporal; éstos han cumplido una función importante en la captación de inversores extranjeros desde el decenio de 1980. Cuando reúnen las condiciones estipuladas en materia de contenido nacional, las exportaciones no tradicionales disfrutan de asistencia, por conducto del Certificado de Abono Tributario (CAT), parte integrante del Régimen de Contratos de Exportación, a tipos de entre el 7 y el 11,5 por ciento, o el 14 por ciento en circunstancias muy especiales. El CAT no se ha utilizado para nuevos contratos desde diciembre de 1992 y dejará de surtir efecto en el momento del vencimiento de cada contrato, sea en 1996 o a más tardar en 1999, cuando se pondrá término al Régimen antes citado.

En diciembre de 1994 se suprimió la fijación oficial de precios al productor y/o consumidor y de los márgenes de utilidad máxima para productos especificados; ahora sólo puede recurrirse a la fijación de precios en circunstancias excepcionales. El Consejo Nacional de Producción ha dejado de ocuparse de la comercialización de alimentos básicos desde 1992 para dedicarse al mantenimiento de existencias alimentarias de reserva y a la promoción de las actividades de elaboración y comercio de alimentos. Los pequeños productores agrícolas y empresas manufactureras se benefician de facilidades de crédito no subvencionado. El Estado puede adquirir tierras para su atribución a campesinos, en tanto que el Ministerio de Agricultura y Ganadería proporciona servicios de apoyo a los productores. La repoblación forestal y el aprovechamiento racional de los recursos silvícolas se alientan por medio de varias medidas, por ejemplo incentivos fiscales y licencias de tala. En espera de una nueva política de precios, los de la energía eléctrica se establecen sobre una base de "pérdida cero" y difieren en función de la categoría del consumidor.

Costa Rica respalda la investigación y la transferencia de tecnología a través de medidas distintas de las concesiones fiscales, suprimidas en 1992. Con objeto de fomentar la industrialización en zonas rurales y desalentar la migración a zonas urbanas, los beneficios del Régimen de Zonas Francas se hacen extensivos a las empresas que se instalen en toda región menos desarrollada.

De conformidad con las oportunidades de acceso mínimo del Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura, el volumen de determinados productos agropecuarios sujetos a compromisos de contingentación arancelaria habrá de aumentar progresivamente en alrededor de un 67 por ciento por regla general para el año 2004. No habrá sin embargo ningún aumento en el caso de ciertas clases de leche y quesos y del maíz de grano amarillo. Costa Rica mantiene disposiciones de salvaguardia especial respecto de 76 productos agropecuarios sujetos hasta hace poco a licencias de importación. En virtud de las obligaciones que ha contraído en materia de Medida Global de la Ayuda, Costa Rica habrá de proceder para el año 2004 a una reducción general del 15 por ciento de la ayuda prestada a los productores nacionales por medio de la fijación de precios y el régimen de compra forzosa, a la disminución en un 24 por ciento de los desembolsos presupuestarios en concepto de los CAT y a la supresión de la moratoria sobre el impuesto a la renta prevista por el Régimen de Contratos de Exportación.

Costa Rica es signatario de muchos acuerdos internacionales y regionales en materia de derechos de propiedad intelectual. Pese a los esfuerzos que ha desplegado en los últimos años para mejorar la protección de los mismos, la legislación interna a tal respecto habrá de ser modificada, dentro del plazo pertinente, para ponerla en conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.

El turismo es el único sector de servicios al que se aplican incentivos específicos desde 1985. Las restricciones al acceso al mercado y la intervención de Estado, que incluye la existencia de monopolios con derechos exclusivos, son elementos que caracterizan a varios de los sectores de servicios. En los últimos años se ha iniciado un proceso de desreglamentación del sector bancario, pero se están introduciendo en la legislación disposiciones más rigurosas en lo relativo a la supervisión cautelar. El sector de las telecomunicaciones hace frente actualmente a la competencia de servicios de telecomunicaciones internacionales ofrecidos por empresas extranjeras extraterritoriales y queda por aclarar la condición jurídica del monopolio estatal sobre las operaciones de telefonía celular.

Los compromisos de Costa Rica en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios abarcan los servicios de informática, los servicios de enseñanza y los servicios sociales y de salud, y afectan a la presencia comercial y a la de personas físicas. Habida cuenta de los compromisos que tiene con sus copartícipes en el MCCA, Costa Rica ha exceptuado indefinidamente del trato n.m.f. a los servicios profesionales, de publicidad y de transporte por tierra. Se han invocado otras exenciones horizontales al amparo de acuerdos bilaterales en materia de inversiones.

Nuevas iniciativas

En enero de 1995 el Gobierno introdujo un nuevo programa de promoción de las exportaciones, el Plan 5000 de Exportación, que tiene por objetivo elevar el valor de las exportaciones a 5.000 millones de dólares EE.UU. en el tiempo que media hasta el año 2000. El Plan encarna la estrategia de Costa Rica a efectos de una integración de su economía en los mercados mundiales impulsada por la exportación.

En diciembre de 1994 la Asamblea Legislativa aprobó las nuevas leyes relativas a la aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay, al Tratado de Libre Comercio con México y a la mejora de la promoción de la competencia y de la protección del consumidor.

La Asamblea Legislativa tiene ante sí en 1995 proyectos de nuevas leyes sobre cuestiones aduaneras, dumping, salvaguardias, normas técnicas, protección fitosanitaria, contratación pública, derechos de propiedad industrial, radiodifusión y transporte marítimo. Entre los demás cambios previstos figuran la eliminación de ciertos impuestos internos, el aumento del impuesto sobre las ventas, la modificación del sistema de valoración en aduana, la inspección previa a la expedición, la privatización del monopolio estatal de licores FANAL y la introducción de una nueva legislación para el sector bancario y el de radiodifusión. Se está también estudiando la reestructuración y modernización del mercado de seguros, incluida la privatización de la red de los corredores de seguros.

Políticas comerciales e interlocutores en el comercio exterior

Aunque las exportaciones de Costa Rica son beneficiarias de varios esquemas SGP así como del trato preferencial en Colombia y Venezuela, las principales ventajas en esta esfera parecen ser las derivadas del trato preferencial en la Unión Europea y en los Estados Unidos. Desde 1992 la asistencia temporal extraordinaria otorgada por la UE a los países miembros del MCCA a través del acceso de productos agropecuarios en franquicia ha contribuido a impulsar las exportaciones no tradicionales a ese mercado. Las autoridades consideran que las exportaciones costarricenses a Polonia se han visto desfavorablemente afectadas por el hecho de que en 1994 Costa Rica dejó de tener la calidad de beneficiario del SGP polaco.

En el tiempo que media desde 1984 la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (de carácter ahora permanente), de los Estados Unidos, ha contribuido a atraer la inversión extranjera, a diversificar las actividades agrícolas e industriales y a acrecentar sustancialmente la parte porcentual de las exportaciones no tradicionales al mercado estadounidense. Sin embargo, algunas disposiciones, por ejemplo el Nivel Garantizado de Acceso para productos textiles y la Iniciativa sobre Compras del Sector Público, han resultado de limitado provecho para Costa Rica. Las exportaciones de azúcar a los Estados Unidos aportan el doble del precio del mercado mundial pero están sujetas a contingentes de importación. Las exportaciones de carne, ciertos productos lácteos y jugos concentrados de fruta también tropiezan con obstáculos a la entrada.

Costa Rica participó a título de reclamante, junto con otras partes contratantes, en dos casos de solución de diferencias planteados en el GATT en relación con las medidas aplicadas a la importación de banano por la UE y sus Estados miembros. Los informes de los grupos especiales no se han adoptado. A contar de enero de 1995 las exportaciones costarricenses de banano a la UE han quedado sujetas a contingentes arancelarios preferenciales al amparo del Acuerdo Marco del Banano de 1994.

Conclusión

En términos generales, Costa Rica ha liberado sustancialmente en los últimos años el comercio de mercancías y el régimen impositivo interno. Desde 1986, y más acentuadamente a partir de 1990, se ha procedido a una profunda liberalización, acompañada de pasos importantes de desreglamentación y de aumento de la competencia en la economía nacional. A pesar de la reducción y racionalización de los aranceles, el sistema sigue siendo más bien complejo, con una marcada dispersión; las subidas arancelarias de abril de 1995 han confirmado la existencia de cierto grado de incertidumbre, debida a la gran diferencia entre tipos aplicados y consolidados. Parecen subsistir algunas restricciones en la esfera de los servicios, en que la intervención del Estado da la impresión de ser bastante generalizada.

A corto plazo, el recurso a incrementos fiscales y arancelarios para hacer frente a los desequilibrios internos y externos de la economía, en vez de a una reforma del sector público que contraiga los gastos y la función del Estado, comporta el desaprovechamiento de la oportunidad de mejorar la asignación de los recursos y reduce las ventajas potenciales resultantes del comercio. A largo plazo, esas reformas son necesarias para crear las condiciones requeridas con vistas al acrecentamiento de la eficacia de la economía y a la consecución de la competitividad internacional.

Informe del Gobierno

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
COSTA RICA
Informe del Gobierno

El entorno económico y comercial

En los últimos 10 años Costa Rica ha dirigido grandes esfuerzos a lograr la estabilización y ajuste de su economía y una inserción dinámica en la economía internacional. Esta dirección, iniciada a mediados de los años ochenta, toma mayor fuerza y se consolida a partir de 1990, fecha en la que Costa Rica se adhirió al GATT y en la que se revisó en este foro el entorno económico del país.

Después de las dificultades económicas y sociales por las que atravesó Costa Rica en los años ochenta, producto de la crisis de la deuda externa y el agotamiento del modelo de sustitución de importaciones imperante, en los primeros años de la década de los noventa el desempeño de la economía mejora notablemente, generándose importantes avances en la transformación de las estructuras productivas. Ello se refleja en niveles de crecimiento significativos en los últimos tres años, del orden del 5 por ciento o más del PIB, muy distintos de los niveles de principios de los años ochenta que, incluso, fueron negativos en 1981 y 1982.

El sector externo ha cobrado una enorme importancia como motor del crecimiento económico. La tradicional apertura de la economía costarricense se ha visto reforzada por un proceso muy claro de "orientación hacia afuera", en el que las exportaciones e importaciones juegan un papel preponderante. Mientras que a mediados de la década de los ochenta el comercio de bienes y servicios representaba un 60 por ciento del PIB, esa relación supera hoy el 90 por ciento. Esto ha tenido un efecto muy importante sobre los niveles de ocupación de la fuerza productiva, en tanto los niveles de desempleo, después de haber alcanzado el 10 por ciento a inicios de los años ochenta, se han ubicado en los últimos cinco años cerca del 4 por ciento, a pesar de los enormes flujos migratorios que ha recibido el país.

Subsiste, sin embargo, con carácter cíclico, el problema del desequilibrio de las finanzas públicas, que en 1994 adquiere ya proporciones inmanejables, que ensombrecen los logros alcanzados en otros aspectos macroeconómicos. El déficit consolidado del sector público, después de cifrarse en menos del 1 por ciento del PIB en 1993, llegó a representar en 1994 un 8 por ciento del PIB, contribuyendo a incrementar aún más las tasas de interés, provocando un estrujamiento del sector privado, llevando la inflación a cifras cercanas al 20 por ciento y afectando a la inversión. La deuda interna, el desfinanciamiento del sistema de pensiones y la planilla estatal son los principales factores coyunturales que generan el déficit fiscal. Se han planteado ya proyectos específicos para promover un ajuste y una mayor justicia tributaria, la reforma integral del sistema de pensiones, el recorte del gasto público, la movilidad laboral en la mayoría de las instituciones estatales y una mayor participación de los actores privados en sectores hasta ahora desarrollados por el sector público. El régimen político costarricense, que funciona sobre la base del consenso que se alcance entre los diferentes sectores de la actividad política y económica, determina que la aprobación de reformas estructurales requiera de un proceso previo de negociación importante. En este caso, en el tanto se aprueban los proyectos de ley que permitan la reforma integral propuesta, y con un carácter estrictamente temporal, se ha aumentado el arancel de importación en un 8 por ciento, a efectos de recaudar los recursos necesarios para poder cumplir con el pago de obligaciones inmediatas. La razón de que se haya optado por esta medida y no otras es que ésta es la única acción que el Poder Ejecutivo puede adoptar en forma autónoma, dentro de ciertos límites, sin necesidad de obtener aprobación legislativa. La meta es la reducción del déficit del sector público a un 3,5 por ciento del PIB en diciembre de 1995 y a un 1 por ciento del PIB para diciembre de 1996.

Se espera que las reformas propuestas permitan un saneamiento de las finanzas públicas en forma sostenida, de modo que se restablezcan los equilibrios macroeconómicos necesarios para brindar un entorno propicio para la producción y el crecimiento económico.

Desarrollo de la política comercial 1990-1995

El rasgo más distintivo de la política económica de Costa Rica durante los años 1990-1995 ha sido la liberalización del comercio y la desregulación de la economía. Estos objetivos se han logrado a través de la adopción de una serie de acciones en cuatro rutas diferentes: la apertura unilateral, la participación en el esquema de integración centroamericana, la negociación de un Tratado de Libre Comercio con México y, por supuesto, la adopción de los compromisos negociados dentro del marco de la Ronda Uruguay.

Las políticas y medidas adoptadas en estos campos han generado resultados muy positivos en el fortalecimiento de la capacidad exportadora costarricense y en una mayor inserción del país en la economía internacional. Las exportaciones han crecido, a partir de 1990, a un ritmo promedio anual de 14 por ciento, registrándose incrementos del 29 por ciento en los primeros tres meses de este año. Asimismo, la composición de las exportaciones ha cambiado, reduciéndose significativamente la dependencia de los cultivos tradicionales, para dar paso a las exportaciones no tradicionales, que han llegado a representar más de un 50 por ciento de las exportaciones totales. Por otra parte, los mercados de destino de las mismas se han diversificado, alejándose de la concentración en el mercado centroamericano de los años setenta, que absorbía cerca del 70 por ciento de las exportaciones del país, para dirigirse a otros destinos, primordialmente, en cerca del 45 por ciento a los Estados Unidos y del 30 por ciento a los países europeos. Las importaciones, por su parte, también han crecido durante los últimos cuatro años a un ritmo promedio anual del 13 por ciento.

El incremento de las exportaciones, así como su importancia como motor de crecimiento de la economía del país, determinan que Costa Rica haya tenido que adoptar cada día más un papel activo y agresivo en la defensa de sus intereses comerciales, fundamentalmente luchando por mantener e incrementar el acceso a los mercados de otros socios comerciales y por defender sus exportaciones del proteccionismo prevaleciente en algunos mercados. Para estos efectos, Costa Rica ha buscado apoyarse en los instrumentos que brinda el sistema multilateral.

La apertura unilateral

Costa Rica ha reducido durante estos últimos cinco años las barreras a la importación, ha incrementado la competencia en los mercados internos, ha procurado eliminar el sesgo antiexportador en su economía y ha promovido una más eficiente asignación de recursos. Entre las medidas adoptadas unilateralmente en esta dirección destacan las siguientes:

eliminación de las sobretasas a la importación, que alcanzaban el 10 por ciento y que afectaban cerca del 50 por ciento de las partidas arancelarias;

reducción y consolidación en el arancel de un impuesto sobre el valor aduanero del 3 por ciento que afectaba todas las importaciones;

eliminación de los depósitos previos a la importación, que llegaron a alcanzar hasta un 100 por ciento del valor del bien importado;

apertura total de la cuenta de capitales;

reducción y gradual eliminación prevista de las subvenciones a la exportación;

eliminación de las subvenciones a la producción;

eliminación de la participación estatal en la comercialización de productos agropecuarios;

eliminación de la gran mayoría de los impuestos a la exportación;

transposición de la Nomenclatura Aduanera Centroamericana II a la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías;

promulgación de la Ley de Promoción de la Competencia, mediante la cual se eliminan todos los obstáculos no arancelarios a la importación y todas las licencias de exportación;

aprobación de una nueva ley de compras del sector público, mediante la cual se racionalizan y simplifican los trámites de la contratación administrativa;

aprobación de las reformas a la legislación sobre cogeneración eléctrica, mediante las cuales se amplía la participación de los agentes privados en este sector.

Elementos de una política comercial hacia el futuro

La creciente y enorme importancia del sector externo en la economía costarricense determinan que una política de comercio exterior que promueva un mayor y más seguro acceso a los mercados, así como el fortalecimiento del sistema multilateral, constituyan una prioridad en la política económica del país.

Costa Rica está adoptando medidas para responder cada vez mejor a los nuevos retos que se avecinan en el ámbito del comercio multilateral, pretendiendo fortalecer la capacidad institucional necesaria para poder desempeñar un rol activo y constructivo en los años venideros.

La Zona de Libre Comercio de las Américas

En el mes de diciembre de 1994, los presidentes de 34 países en el continente americano acordaron constituir, para el año 2005, la Zona de Libre Comercio de las Américas. Costa Rica asigna gran prioridad al trabajo activo en la construcción de este espacio económico, pues considera que el mismo abre enormes oportunidades para todos los pueblos del continente y que, al tomar como base las normas y disciplinas de la OMC, tiene el potencial de convertirse en un complemento muy importante de ésta en su tarea de promover la liberalización del comercio y un mayor bienestar económico para todos.

La agenda multilateral del futuro

Costa Rica reconoce que la agenda de la OMC de los próximos años es amplia y compleja, no sólo por una gran cantidad de temas que los mismos Acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay obligan a tratar con más detenimiento, sino porque la propia implementación de estos Acuerdos impone nuevos y ambiciosos retos que habrán de cumplirse. Costa Rica se prepara para poder enfrentar sus deberes dentro del nuevo esquema con responsabilidad. Su participación en este mecanismo de examen como primer país en pasar por este escrutinio al amparo de las nuevas disciplinas y Acuerdos de la Ronda es una muestra de ese compromiso.

Constituye fuente de preocupación para el país que nuevos temas, ajenos a la discusión de la Ronda Uruguay y a las disposiciones de ella resultantes e, incluso, al comercio mismo, pretendan ser traídos a este foro cada vez con mayor frecuencia por parte de algunos socios comerciales. Preocupa a Costa Rica, fundamentalmente, que detrás de estas aparentes loables iniciativas existan fuerzas proteccionistas que pretendan cerrar mercados, ahora escudadas tras los derechos laborales, la protección del medio ambiente o cualquier otro propósito. Preocupa también una eventual imposición de valores propios de unas sociedades en otras por la vía de las disposiciones comerciales. Costa Rica es del criterio de que las normas del sistema multilateral de comercio son plenamente compatibles con la consecución de otros objetivos sociales de mayor alcance, pero no por ello considera que su mejor tratamiento deba darse en este foro comercial.

Footnote: 1Los miembros del MCCA son, además de Costa Rica: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.