República Dominicana: febrero de 1996

Desde 1990 la República Dominicana ha tomado también medidas para reformar un régimen de comercio complejo y con un alto grado de discrecionalidad, dejando sin efecto un gran número de restricciones comerciales. Según el informe, estas reformas deberán también contribuir a reducir las divergencias sectoriales de la economía dominicana, especialmente al atenuar el carácter restrictivo de las políticas comerciales que afectan a los productos industriales y agropecuarios que compiten con las importaciones. Estas políticas contrastan con las actividades de exportación del país en las zonas francas y especialmente en el sector del turismo, que se ha liberalizado progresivamente. El informe destaca que ciertos servicios como los del turismo y los ingresos de las zonas francas se han convertido en la mayor fuente de divisas desde mediados del decenio de 1980, seguidos por las remesas de los dominicanos en el extranjero, sobre todo los que trabajan en los Estados Unidos. En los últimos años, las exportaciones de productos agrícolas como el azúcar, el café, el cacao y el tabaco -las exportaciones tradicionales de la República Dominicana- se han visto superadas por las exportaciones de servicios y de productos manufacturados, entre los que destacan las prendas de vestir.

El anterior régimen de comercio, que se caracterizaba por una amplia gama de tipos arancelarios -algunos superiores al 200 por ciento- se reformó en 1990. Los actuales aranceles, aplicados ad valorem, van del 3 al 35 por ciento. El informe precisa que la persistencia de la progresividad arancelaria pone de manifiesto que algunas industrias de elaboración siguen beneficiándose de una tasa de protección efectiva relativamente elevada. Como consecuencia de la Ronda Uruguay, los aranceles de todos los productos agropecuarios se consolidaron en el 40 por ciento. En el caso de ocho productos (alubias, pollos, maíz, ajos, leche, cebollas, arroz y azúcar), la República Dominicana está tratando de modificar el tipo consolidado y entablar negociaciones con otros Miembros de la OMC. Por el momento, se siguen exigiendo licencias de importación para estos productos.

Miembro de la OMC desde marzo de 1995, la República Dominicana está redactando en la actualidad leyes que promoverán una competencia más libre en el mercado interior a las que se incorporarán los compromisos contraídos en la OMC, por ejemplo, en relación con los derechos de propiedad intelectual, una legislación antidumping, una nueva ley sobre inversiones extranjeras y un nuevo código financiero. Este último permitirá a los bancos, que hasta la fecha se limitaban a prestar servicios financieros específicos, realizar otras actividades de banca. En el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), la República Dominicana ha contraído compromisos en materia de acceso a los mercados y de trato nacional, especialmente en lo que respecta al suministro transfronterizo y la presencia comercial.

El principal interlocutor comercial de la República Dominicana son los Estados Unidos, tanto en lo que se refiere a las exportaciones como a las importaciones. El informe indica que cabe atribuir este predominio a dos factores: en primer lugar, la República Dominicana goza de los privilegios en materia de exención de derechos previstos en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ITC), en el marco de la cual las exportaciones dominicanas representan alrededor del 25 por ciento de las mercancías importadas en los Estados Unidos; en segundo lugar, las zonas francas se han especializado en el montaje de prendas de vestir para su exportación a los Estados Unidos en el marco del programa de perfeccionamiento pasivo, otro régimen preferencial. La República Dominicana se ha visto gravemente afectada por la reducción de los contingentes estadounidenses de importación de azúcar, que eran especialmente ventajosos, ya que las exportaciones de azúcar a los Estados Unidos realizadas dentro de los contingentes obtenían un precio que duplicaba el del mercado mundial.

Desde 1990 la República Dominicana se ha beneficiado de las preferencias otorgadas por las Comunidades Europeas a los países ACP en virtud del Convenio de Lomé, en particular con respecto a las exportaciones de banano. Los objetivos generales de la política comercial del Gobierno se han perseguido por medio de negociaciones comerciales multilaterales, regionales y bilaterales, en particular con los países del Caribe y América Central. Ha hecho también activas gestiones para lograr la aprobación por parte de los Estados Unidos de la concesión de trato TLC a los países de América Central y el Caribe.

El informe concluye que el régimen comercial resultante de la Ronda Uruguay, así como la plena aplicación del TLC, darán lugar a importantes oportunidades y retos para la República Dominicana. Aun cuando se reducirán algunos obstáculos a sus exportaciones, perderá también sus márgenes preferenciales en el caso de algunas de ellas. La apertura de la economía requerirá, a plazo más largo, algunos difíciles ajustes, especialmente con respecto al sector agropecuario competidor de las importaciones. Esas nuevas condiciones entrañan una necesidad aún mayor de eliminar los obstáculos estructurales al crecimiento en sectores con potencial de exportación.

Nota para las redacciones

El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC) de la OMC examinará el informe de la Secretaría, junto con un informe elaborado por la República Dominicana, los días 14 y 15 de febrero de 1996. El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC realiza una evaluación colectiva de la gama completa de las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro de la OMC a intervalos regulares, y sigue de cerca las tendencias y acontecimientos importantes que puedan tener consecuencias para el sistema mundial de comercio.

Los dos informes citados, junto con un acta del debate del OEPC y el resumen del Presidente, se publicarán oportunamente como documentación completa del examen de las políticas comerciales de la República Dominicana. Podrán obtenerse en la Secretaría de la OMC, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

Los informes abarcan la evolución de todos los aspectos de las políticas comerciales de la República Dominicana, como las leyes y reglamentos nacionales, el marco institucional, las prácticas comerciales por clase de medidas y las políticas comerciales por sectores. Desde la entrada en vigor de la OMC, los informes abarcan también las "nuevas esferas" del comercio de servicios y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Se adjuntan las observaciones recapitulativas del informe de la Secretaría y del Gobierno. Los periodistas que deseen disponer del texto íntegro de los informes pueden solicitarlo a la Secretaría de la OMC.

Desde diciembre de 1989, se han llevado a cabo los siguientes exámenes: Argentina (1992), Australia (1989 y 1994), Austria (1992), Bangladesh (1992), Bolivia (1993), Brasil (1992), Camerún (1995), Canadá (1990, 1992 y 1994), Chile (1991), Colombia (1990), Comunidades Europeas (1991, 1993 y 1995), Corea, Rep. de (1992), Costa Rica (1995), Côte d'Ivoire (1995), Egipto (1992), Estados Unidos (1989, 1992 y 1994), Filipinas (1993), Finlandia (1992), Ghana (1992), Hong Kong (1990 y 1994), Hungría (1991), India (1993), Indonesia (1991 y 1994), Islandia (1994), Israel (1994), Japón (1990, 1992 y 1995), Kenya (1993), Macao (1994), Malasia (1993), Marruecos (1989 y 1995), Mauricio (1995), México (1993), Nigeria (1991), Noruega (1991), Nueva Zelandia (1990), Pakistán (1995), Perú (1994), Polonia (1993), República Eslovaca (1995), Rumania (1992), Senegal (1994), Singapur (1992), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991), Tailandia (1991 y 1995), Túnez (1994), Turquía (1994), Uganda (1995), Uruguay (1992) y Zimbabwe (1994).

Informe de la Secretaría

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
REPÚBLICA DOMINICANA
Informe de la Secretaría - Observaciones recapitulativas

1)    Introducción

En 1990, tras varios años de estancamiento con inflación, la República Dominicana inició un programa de reformas para restablecer la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Como consecuencia de ese programa, han disminuido la inflación y el déficit fiscal, ha empezado a crecer el PIB, y la balanza de pagos ha pasado a registrar un superávit. La confianza derivada de los excelentes resultados de la economía se ha reflejado en la repatriación de capital y en un aumento de las inversiones extranjeras directas.

Para complementar el programa macroeconómico, a partir de 1990 se han realizado también importantes reformas de las políticas y prácticas comerciales, así como del marco jurídico e institucional, encaminadas a lograr un régimen más neutral que aumente la competitividad internacional y reduzca el sesgo antiexportador. Esas reformas deberán también contribuir a reducir las divergencias sectoriales de la economía dominicana, en la que los segmentos de la industria y la agricultura competidores de las importaciones y las exportaciones tradicionales -principalmente de productos agropecuarios- han sufrido las consecuencias de una legislación comercial restrictiva en tanto que las actividades de exportación de las zonas francas y el sector del turismo se han convertido en los motores del crecimiento.

En el marco del programa de reformas, se ha hecho más abierta la política comercial y se ha fomentado la competencia. En un importante esfuerzo por reformar un régimen de comercio complejo y con un alto grado de discrecionalidad, se ha suspendido un gran número de restricciones comerciales. Sin embargo, aún no se ha procedido a una revisión completa del marco legislativo, por lo que las leyes, los decretos y las resoluciones por los que se rige el comercio exterior parecen tener poca coherencia y transparencia. La racionalización de esa legislación, actualmente entre manos, aumentará la previsibilidad del régimen de comercio y dará una mayor seguridad a los medios empresariales.

Entre los principales elementos de las medidas estructurales adoptadas en 1990 figuraban las reformas fiscales, incluidas las arancelarias. La reforma fiscal simplificó el código tributario con el fin de aumentar la eficiencia de la recaudación de impuestos. Suprimió también todos los incentivos fiscales, salvo los otorgados a las zonas francas, con el fin de que el sistema fuera más neutral. La reforma arancelaria simplificó en parte el régimen de comercio. Se suprimieron las exenciones arancelarias y disminuyó el nivel y la dispersión de los tipos arancelarios; los aranceles varían del 3 al 35 por ciento. No obstante, existe aún cierto grado de progresividad arancelaria y en algunos sectores siguen siendo elevadas las tasas efectivas de protección. La reducción de los aranceles, que coincidió con otras reformas comerciales, provocó una reacción de las importaciones, que a su vez elevó los ingresos arancelarios; los aranceles siguen siendo una de las principales fuentes de ingresos fiscales.

La reforma financiera está aún en curso. Entre los principales cambios introducidos cabe citar la autorización de los bancos de servicios múltiples y la aprobación de una nueva legislación cautelar. En el proyecto de Código Monetario y Financiero actualmente en el Congreso se contemplan nuevas reformas. La nueva legislación deberá reducir los costes de la intermediación financiera causados por el riesgo de invertir en lo que se consideraba un sistema bancario inestable. A medida que prosigan las reformas financieras y aumente la eficiencia del sistema, deberán descender también los tipos de interés, con lo que el crédito estará más al alcance de las pequeñas y medianas empresas.

Las inversiones extranjeras directas (IED) han adquirido cada vez mayor importancia, especialmente en las zonas francas y en el sector del turismo. Sin embargo, quedan aún muchas oportunidades sin aprovechar en varias esferas de la economía. Según las autoridades, el Congreso ha aprobado recientemente una nueva ley sobre las IED (después de redactada la parte principal del presente informe). En virtud de la nueva ley, se otorgaría trato nacional, se liberalizarían las remesas de beneficios y se eliminarían las incoherencias entre la actual legislación y la Lista de Compromisos Específicos de la República Dominicana en materia de servicios.

A partir de los primeros años del decenio de 1970 se produjo una desviación de los recursos de la tradicional base agropecuaria de la economía a la producción de servicios. Aunque los resultados del sector agropecuario han sido mediocres debido a factores tanto internos como externos, dicho sector sigue siendo el principal proveedor de empleo. El sector de los servicios, encabezado por el turismo, ha logrado una posición dominante desde el punto de vista económico. También la fabricación de prendas de vestir en las zonas francas se ha convertido en una importante actividad. El sector informal parece sustancial, pero, por su naturaleza, resulta difícil de evaluar. En lo que se refiere a la demanda, el consumo privado ha aumentado considerablemente desde principios del decenio de 1970.

El sector privado desempeña una importante función, especialmente en las zonas francas y en el sector del turismo, aunque el Estado tiene aún una importante participación en la economía. La privatización no ha avanzado tan rápidamente como en algunos otros países de América Latina, pese a la carga financiera que representan las empresas públicas.

2)    La República Dominicana en el comercio mundial

El principal interlocutor comercial de la República Dominicana son los Estados Unidos, tanto en lo que se refiere a las exportaciones como a las importaciones. Cabe atribuir este predominio a dos factores. En primer lugar, la República Dominicana goza de los privilegios en materia de exención de derechos previstos en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC); las exportaciones dominicanas representan alrededor del 25 por ciento de las mercancías importadas en los Estados Unidos en el marco del esquema ICC. En segundo lugar, las zonas francas se han especializado en el montaje de prendas de vestir para su exportación a los Estados Unidos en el marco del programa de perfeccionamiento pasivo, otro régimen preferencial. La República Dominicana se ha visto gravemente afectada por la reducción de los contingentes estadounidenses de importación de azúcar, que eran especialmente ventajosos, ya que las exportaciones de azúcar a los Estados Unidos realizadas dentro de los contingentes obtenían un precio que duplicaba el del mercado mundial.

Desde 1990 la República Dominicana se ha beneficiado de las preferencias otorgadas a los países ACP en virtud del Convenio de Lomé, con respecto en particular a los plátanos. No obstante, hasta hace poco tiempo ello no ha tenido una repercusión importante en el comercio con la Unión Europea.

En los últimos años las exportaciones de productos agropecuarios como el azúcar, el café, el cacao y el tabaco, exportaciones dominicanas tradicionales, han pasado a segundo lugar; en cambio, han aumentado las exportaciones de servicios no imputables a factores y de productos manufacturados, especialmente prendas de vestir. Desde mediados del decenio de 1980 los servicios no imputables a factores, como el turismo, y los ingresos de las zonas francas se han convertido en la principal fuente de divisas, seguidos por las remesas de los dominicanos que trabajan en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos.

3)    Marco institucional

Aunque oficialmente la responsabilidad del comercio y la política comercial está dividida en la República Dominicana entre un gran número de ministerios e instituciones gubernamentales, en las negociaciones comerciales la función principal corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, responsable de la negociación y firma de los acuerdos comerciales. De él dependen también otros organismos que se ocupan de aspectos específicos del comercio exterior: la Comisión de Comercio Exterior, que asesora al Gobierno en la formulación y aplicación de las políticas comerciales, y la Comisión Nacional del GATT, que estudia todas las cuestiones relacionadas con el GATT/OMC y asesora acerca de la posición de negociación de la República Dominicana.

El Gobierno celebra también regularmente consultas con el sector privado por medio de muchos comités oficiales encargados de la formulación o aplicación de las políticas comerciales.

4)    Características y tendencias de la política comercial

Entre los objetivos generales de la política comercial de la República Dominicana figuran el paso a un régimen de comercio más orientado al exterior, el fortalecimiento y aumento del acceso de los productos dominicanos a los mercados extranjeros y el logro de una mayor integración del país en la economía mundial.

La República Dominicana se adhirió al GATT en 1950. Tuvo la condición de observador con respecto a dos Acuerdos de la Ronda de Tokio (Compras del Sector Público y Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación). La República Dominicana pasó a ser Miembro de la OMC en marzo de 1995, tras haber firmado el Acta Final de la Ronda Uruguay y el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio. Al constituir un todo único, los Acuerdos de la Ronda Uruguay, salvo los cuatro acuerdos plurilaterales, pasaron a ser vinculantes para la República Dominicana.

Los objetivos generales de la política comercial del Gobierno se han perseguido por medio de negociaciones comerciales multilaterales, regionales y bilaterales, en particular con los países del Caribe y América Central. La República Dominicana ha solicitado el ingreso en la CARICOM, en la que tiene actualmente la condición de observador. Ha participado también activamente en el establecimiento de la Asociación de Estados del Caribe (AEC), cuya finalidad es promover la integración económica de la región mediante la liberalización del comercio, las inversiones y el transporte. El Gobierno está también interesado en participar en el programa de trabajo encaminado al establecimiento de una zona de libre comercio hemisférica, a raíz de la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en diciembre de 1994. Ha hecho también activas gestiones para lograr la aprobación por parte de los Estados Unidos de la concesión de trato TLC a los países de América Central y el Caribe.

i) Evolución de las políticas e instrumentos comerciales

El anterior régimen de comercio se caracterizaba por una amplia gama de tipos arancelarios. En algunos casos los tipos nominales eran superiores al 200 por ciento, y algunos sectores gozaban de una protección efectiva considerablemente más elevada. Las prohibiciones y las restricciones cuantitativas de las importaciones prestaban también niveles de protección prácticamente insuperables a las ramas de producción nacionales. Esos elevados niveles de protección distorsionaban la asignación de recursos y creaban un sesgo antiexportador.

A raíz de la reforma arancelaria, los aranceles, que son aranceles ad valorem, varían del 3 al 35 por ciento; existe aún progresividad arancelaria, lo que significa que algunas industrias de elaboración se benefician de una protección efectiva más elevada de lo que indican las tasas nominales. La reforma arancelaria suprimió otros gravámenes e impuestos a las exportaciones; las cargas adicionales que subsisten son la comisión cambiaria y los derechos consulares.

Las importaciones únicamente gozan de condiciones de favor en el marco de las zonas francas y de los regímenes de importación temporal. Desde 1993 cualquier otro tipo de condiciones de favor para las importaciones deben contar con la aprobación del Congreso. Únicamente se otorgan preferencias arancelarias a Costa Rica, en virtud de un acuerdo de comercio preferencial concluido en mayo de 1981.

En 1990 se suprimieron todos los contingentes de importación y la mayor parte de las prohibiciones y de las licencias de importación; las licencias se sustituyeron por aranceles, lo que da mayor transparencia al sistema. Las prescripciones sanitarias y fitosanitarias parecen aplicarse igualmente a los productos nacionales y a los productos importados.

Como consecuencia del Acuerdo sobre la Agricultura negociado en la Ronda Uruguay, se consolidaron en el 40 por ciento los tipos arancelarios de todos los productos agropecuarios. En el caso de ocho productos (alubias, pollos, maíz, ajos, leche, cebollas, arroz y azúcar) la República Dominicana está tratando de modificar el tipo consolidado; las negociaciones no han empezado todavía y aún se requieren licencias de importación para esos productos.

Las importaciones están sujetas a un impuesto del tipo del impuesto sobre el valor añadido: el Impuesto a las Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). Algunos productos están exentos de ese impuesto y en algunos casos las exenciones benefician únicamente a los productos nacionales. El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) se aplica principalmente a las bebidas alcohólicas, a los productos del tabaco y a los artículos de lujo importados.

La contratación pública está regulada por ley; sin embargo, en la práctica los organismos públicos y las empresas estatales siguen sus propias directrices. Los proveedores extranjeros deben estar asociados con una empresa nacional para poder participar en las licitaciones públicas.

Las normas nacionales de la República Dominicana se basan en normas internacionales, aunque adaptadas a las condiciones internas. Se aplican igualmente a los productos nacionales y a los productos importados.

En 1992 se suprimieron por decreto la mayoría de las restricciones a la exportación, por ejemplo el régimen de licencias. Actualmente no se necesita registro ni documentación especial para la mayor parte de las exportaciones, aparte de una declaración estadística. Se necesitan aún permisos de exportación en el caso de productos que afectan al medio ambiente y también en el de los productos agropecuarios, por motivos sanitarios y de control de la calidad. No se aplican impuestos interiores a las exportaciones. En 1990 se suprimieron los impuestos sobre las exportaciones de productos agropecuarios. Aunque el Gobierno tiene conocimiento de que existen cárteles de exportación, no están reglamentados.

Tradicionalmente, se aplicaba una serie de medidas que afectaban a las exportaciones mediante una mezcla de leyes, decretos, reglamentaciones y resoluciones. Para corregir esa situación, el Gobierno proyecta actualmente simplificar el régimen de exportación. La credibilidad del nuevo régimen aumentaría también si se viera confirmado legislativamente.

Las zonas francas se han convertido en uno de los sectores más importantes y dinámicos de la economía dominicana en lo que se refiere a generación de empleo y divisas. Cabe atribuir su éxito a la estabilidad, transparencia y coherencia de las políticas generales por las que se rigen. Las exportaciones de las zonas francas han aumentado continuamente en momentos en que disminuían las demás exportaciones. Sin embargo, la base de las exportaciones es reducida, ya que las zonas francas están especializadas en prendas de vestir y exportan principalmente a los Estados Unidos, y el valor añadido es muy bajo.

Hasta 1992 estaba encargado de la administración de los precios de los productos agropecuarios el Instituto de Estabilización de Precios (INESPRE). Desde entonces, sin embargo, únicamente se ha mantenido la vigilancia de los precios con respecto a unos cuantos productos. Tras la aprobación del Código Tributario en 1992, se eliminaron la mayor parte de las subvenciones a la producción y de las concesiones fiscales. No obstante, el Gobierno dominicano está facultado para prestar asistencia temporal a sectores específicos mediante mecanismos de sostenimiento de los precios. Por ejemplo, a veces se ha compensado a los productores de cacao y de café por los descensos de los precios en el mercado internacional.

ii) Nuevas iniciativas

El Gobierno dominicano, consciente de la importancia de reformar la economía y de establecer un marco jurídico más claro para apoyar esas reformas, está redactando en la actualidad leyes que sustituirían a las leyes, reglamentos y decretos actualmente vigentes en diversas esferas de la economía. En efecto, se está redactando legislación en la que se incorporan los nuevos compromisos multilaterales en materia de derechos de propiedad intelectual, así como legislación encaminada a promover la libre competencia en el mercado interno. Actualmente se están examinando en el Congreso varios proyectos de ley: una ley antidumping, una nueva ley sobre inversiones extranjeras directas, una nueva ley sobre electricidad, y un nuevo Código Financiero.

5) Conclusión

La era posterior a la Ronda Uruguay, así como la plena aplicación del TLC, darán lugar a importantes oportunidades y retos para la República Dominicana. Aun cuando se reducirán algunos obstáculos a sus exportaciones, perderá también sus márgenes preferenciales en el caso de algunas de ellas. La apertura de la economía requerirá, a plazo más largo, algunos difíciles ajustes, especialmente con respecto al sector agropecuario competidor de las importaciones. Esas nuevas condiciones entrañan una necesidad aún mayor de eliminar los obstáculos estructurales al crecimiento en sectores con potencial de exportación mediante la continuación e intensificación del proceso de liberalización del comercio con las reformas fiscales, financieras, institucionales y jurídicas ya en marcha.

El éxito del sector del turismo en la República Dominicana ha demostrado que el país es perfectamente capaz de competir en el mercado internacional y de aprovechar su ventaja comparativa. El desarrollo del sector tuvo lugar inicialmente al amparo de un régimen de protección temporal, pero siguió prosperando cuando se eliminó gradualmente ese régimen. También han tenido éxito las zonas francas, que operan aún en el marco de un régimen preferencial. Los progresos realizados en esos dos sectores, con relación a los sectores competidores de las importaciones y de exportaciones tradicionales, revelan claramente el dualismo de la economía dominicana. La liberalización de la economía, al reducir ese dualismo, permitiría la expansión de otros sectores potencialmente competitivos.

Informe del Gobierno

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
REPÚBLICA DOMINICANA
Informe del Gobierno

El desarrollo de la política comercial de la República Dominicana en el período 1990-1995

I.    ANTECEDENTES

La República Dominicana es un país tropical en vías de desarrollo con una economía abierta, cuyo comercio exterior ha alcanzado un promedio de 33,1 por ciento del Producto Bruto Interno anual durante los últimos cinco años. Ésta tiene un área de aproximadamente 48.700 km2, con una población de 7,3 millones de habitantes. Desde su independencia en 1844, ha mantenido un flujo comercial con el exterior bastante significativo, basando su economía durante gran parte de su historia en la exportación de productos primarios y la importación de maquinarias y equipos.

La política comercial de la República Dominicana se ha desarrollado dentro de un entorno económico variable en los últimos 15 años. Luego de un período de alto crecimiento en los años setenta, cuando la economía creció a una tasa promedio anual de 9 por ciento y los precios crecieron a un ritmo moderado de 8 por ciento anual, la República Dominicana comenzó a exhibir serios desequilibrios macroeconómicos que llevaron a desbalance significativo en las cuentas externas, aumento acelerado del endeudamiento externo, y a altas tasas de inflación y de cambio.

A principios de los años ochenta, la economía comenzó a mostrar serias deficiencias estructurales que fueron agravadas por cambios desfavorables en el entorno externo. Los precios de los productos tradicionales de exportación se tornaron inestables y volátiles, el aumento en los precios del petróleo aumentaron el valor de las importaciones, las exportaciones de bienes se vieron afectadas negativamente por la recesión en los países desarrollados, y el aumento en las tasas de interés en los mercados internacionales representaron una mayor carga en el servicio de la deuda. A los problemas externos se le sumaron una política fiscal y monetaria expansiva, mayores aranceles a las importaciones y exportaciones, y controles a los precios en el mercado interno. Los desequilibrios internos y externos llevaron a aumentos en la inflación, estancamiento de la producción y el empleo, y a graves desequilibrios en la balanza de pagos que se manifestaron en crecientes atrasos en el servicio de la deuda externa, reducción en las reservas internacionales del Banco Central, e inestabilidad en el tipo de cambio.

En la segunda mitad de la década de los ochenta se experimentó un aumento en la producción y el empleo impulsados por aumentos en el gasto público y privado el cual se reflejó en un fuerte desequilibrio externo al final de la década. La expansión de la producción se detuvo en 1990 cuando la inflación alcanzó el 79,9 por ciento, el crecimiento del PBI disminuyó en 5 por ciento, y las reservas internacionales se redujeron al equivalente de una semana de importaciones.

En agosto del año 1990, el Gobierno introdujo una serie de medidas para detener el deterioro de la situación macroeconómica. Estas medidas incluyeron la reducción del déficit fiscal, la devaluación de la tasa de cambio del mercado, oficial, la liberalización de las tasas de interés la eliminación de los controles de precio y liberalización de los precios de las empresas públicas y la contracción de la oferta monetaria. Al mismo tiempo el Gobierno adoptó medidas para corregir las deficiencias estructurales que afectaban a la República Dominicana. Estas reformas se realizaron en cuatro áreas: comercio exterior, sistema impositivo, sistema financiero, y en el campo laboral.

II.    ENTORNO ECONÓMICO Y COMERCIAL

Los resultados de la política de estabilización y reforma estructural se manifestaron de inmediato. La inflación se redujo del 79,9 por ciento en 1990 a 7,9 por ciento en 1991. La tasa de cambio se estabilizó al nivel de RD$ 12,50 por dólar y el crecimiento del producto aumentó en 7,6 por ciento en 1992. Como consecuencias de estas reformas, durante el primer lustro de la presente década, la tasa de inflación de la República Dominicana ha resultado ser una de las más bajas del hemisferio, el crecimiento del producto se ha mantenido por encima del promedio de América Latina y el Caribe, el desempleo ha disminuido considerablemente, la productividad de los sectores más abiertos como son las zonas francas y el turismo se ha elevado, la política monetaria se ha manejado prudentemente, y las tasas de interés han disminuido. La mayor orientación de la economía hacia los mercados externos como resultado de los compromisos adoptados bajo la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales fortalecerán los efectos que sobre la economía y las empresas han tenido las medidas de estabilización y reforma estructural que viene ejecutando el Gobierno.

i) Desarrollo de la política comercial

En los últimos cinco años, los principales acontecimientos en materia de política comercial son la reforma arancelaria de 1990 y 1993, la participación del país en la iniciativa de la Cuenca del Caribe, la firma y ejecución de los acuerdos de la Ronda Uruguay de negociaciones multilaterales, y nuestros esfuerzos de participar en acuerdos regionales de integración como el Mercado Común Caribeño, el Área de Libre Comercio de las Américas y el de la Asociación de Estados Caribeños.

Las políticas de liberalización en el comercio internacional de bienes y servicios han contribuido a diversificar y a fortalecer el potencial exportador del país y a aumentar la penetración de las importaciones en el mercado interno de la República Dominicana. Las exportaciones de bienes, incluyendo las zonas francas han aumentado a una tasa promedio de 5,9 por ciento en el período 1990-94, mientras que las de servicios han crecido a una tasa promedio de 11,2 por ciento en el mismo período. Además, la composición de las exportaciones ha cambiado de bienes primarios a manufacturados, descendiendo la participación de los primeros de 22,3 por ciento en 1990 a 14,4 por ciento en 1994. En lo referente a las importaciones, el valor y volumen de las importaciones de bienes aumentó a una tasa promedio anual de 3,7 por ciento y su participación en el PBI ascendía en 1994 a 22,6 por ciento.

ii) Apertura y reformas unilaterales

Como se señaló anteriormente, en el año 1990 el Gobierno de la República Dominicana inició un proceso de reformas económicas con los objetivos de mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, eliminar el sesgo antiexportador de la economía, promover una mayor participación del sector privado en todas las áreas de la economía, y promover la competencia en los mercados. Entre las medidas más importantes se encuentran:

• -Reducción de los niveles arancelarios existentes con tasas que variaban entre 0 por ciento y 200 por ciento a nueve tasas que se extienden de 0 por ciento a 35 por ciento, como también la dispersión entre ellos;
• - Sustitución de gravámenes específicos por impuestos ad valorem;
• - Valoración de las importaciones con tasas de mercado en lugar de diferentes tasas para diferentes tipo de mercancías;
• - Aplicación de los aranceles sobre el valor c.i.f. (costo, seguro, y flete) de las mercancías en lugar del valor f.o.b.;
• - Eliminación de prohibiciones, cuotas, y otros tipos de restricciones cuantitativas a la mayoría de las importaciones;
• - Eliminación de las exoneraciones y exenciones arancelarias por sectores concedidas por contratos especiales con el Estado o por leyes de promoción;
• - Eliminación de las prácticas de tipo de cambio múltiple;
• - Introducción de una nueva nomenclatura aduanera;
• - Modernización de las aduanas a través de la computarización de las Colecturías y la simplificación de los procesos de despacho de mercancías;
• - Eliminación de la discriminación en la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo sobre el alcohol, tabaco, y cerveza;
• - Reducción de las tasas marginales del impuesto sobre los ingresos a personas físicas a tres tasas entre 15 por ciento y 25 por ciento. La tasa marginal máxima era de 75 por ciento en el sistema anterior;
• - Establecimiento de una tasa única de 25 por ciento en el impuesto sobre los beneficios de las corporaciones y eliminación de las exenciones impositivas;
• - Eliminación de los controles de precios;
• - Aprobación por el Congreso de una nueva Ley de Inversión Extranjera que elimina la prohibición a la inversión extranjera de participar en ciertos sectores de la economía dominicana, permite la repatriación de los beneficios y el capital invertido, como también la canalización de préstamos a largo plazo;
• - Envío al Congreso de una Ley de Reforma del Sector Eléctrico que permitiría la participación del sector privado en la generación y distribución de energía;
• - Liberalización de las tasas de interés para depósitos y préstamos;
• - Unificación de los requerimientos de reservas a un nivel de 20 por ciento en sustitución del anterior sistema donde existía múltiples tasas dependiendo de la asignación sectorial del crédito y por el tipo de depósito;
• - Establecimiento de un marco prudencial para asegurar la solidez de las instituciones financieras y la transformación del sistema de banca especializada a banca múltiple;
• - Envío al Congreso de un Código Monetario y Financiero que fortalece la autonomía de la Junta Monetaria, del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, establece los niveles exigibles de capital en relación al monto y riesgo de los activos y los límites de activos relacionados que podrán mantener las entidades financieras, y las sanciones a ser aplicadas en caso de incumplimiento;
• - Aplicación por Resolución de la Junta Monetaria de las Normas Bancarias y Normas Prudenciales según los Acuerdos de Basilea;
• - Fortalecimiento de la Superintendencia de Bancos.

  El Gobierno de la República Dominicana ha procedido a implementar las reformas económicas de manera gradual, pero sistemática, cumpliendo con sus compromisos de desmontar y eliminar el recargo cambiario a las importaciones, el multiplicador de 1,3, 1,2 y 1,1 sobre las tasas arancelarias básicas, y otras barreras al comercio en el período prometido.

  Actualmente, el Gobierno se encuentra elaborando nuevas leyes de reforma, entre las cuales se incluye un proyecto de Ley General de Aduanas, de Promoción de Exportaciones, de mercados de valores, y de reglamentación de los artículos 13 y 26 de los Acuerdos sobre dumping y subsidios, respectivamente.

iii) La República Dominicana ante la Ronda Uruguay

Con las reformas iniciadas en 1991, se comenzó un proceso de reordenamiento de la economía para relanzar la apertura de los mercados, fortalecer la inserción de la economía nacional en los mercados regionales y mundial y mejorar la eficiencia productiva y la competitividad de la nación. Debido a esto, el país ha estado participando activamente en las negociaciones que culminaron con el establecimiento de la Organización Mundial del Comercio, como sucesora del antiguo GATT donde los países participantes acogieron crear un marco jurídico más amplio y transparente para el desarrollo del comercio internacional.

A partir de 1990 el Gobierno dominicano puso en marcha un programa de estabilización después de amplias consultas con la base económica y social del país, que culminó con un Pacto Social de Solidaridad Económica el cual conllevó a la firma de un acuerdo Stand-By con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El programa estabilizador concentró su esfuerzo en el área fiscal con un conjunto de medidas que afectaron el gasto público agregado, creando fuertes restricciones a la demanda y en el área de los ingresos fiscales promoviendo una reforma tributaria. Por el lado monetario la oferta de dinero se mantuvo bajo un estricto control y la tasa de incremento de la masa monetaria se redujo casi a la mitad. La tasa de interés y la tasa de cambio se liberalizaron para que éstas sean determinadas por la fuerza del mercado. En adición a esto, el país se comprometió a no establecer restricciones adicionales a las importaciones por razones de balanza de pagos.

El Gobierno de la República Dominicana, signatario de los Acuerdos de la Ronda Uruguay del año 1994, está decidido a seguir políticas económicas orientadas a la reforma estructural y la apertura comercial, que son esenciales para la asignación eficiente de los recursos de inversión privada en la economía y la búsqueda de nuevos mercados externos. De acuerdo a este régimen de políticas, el Gobierno se esforzará por mantener la inflación a niveles similares a la de los países industrializados y continuar en sus esfuerzos por mantener una balanza de pagos viable. Esta estrategia se fundamenta en mantener el principio de la libertad de empresa, el régimen de comercio abierto, como una forma de aumentar las exportaciones, el mantenimiento de su participación como miembro activo de los organismos de financiamiento internacional, y el aumento de los niveles de eficiencia del gasto público con el propósito de incrementar la tasa de crecimiento del ingreso y mejorar la distribución del mismo.

La continuidad de la política descrita en las secciones anteriores en materia crediticia, cambiaria y fiscal han permitido al país continuar con el proceso de liberalización de los mercados, lo cual ha contribuido a la estabilización de los precios internos de los bienes y servicios y del tipo de cambio. Por otro lado, el país continúa haciendo esfuerzos para lograr la aprobación congresional de un paquete de leyes de modernización y reordenamiento interno del país para adaptarlo a las nuevas condiciones del entorno mundial que se presenta con la globalización de la economía y los mercados. Está pendiente de aprobación congresional la Ley sobre Privatización del Sector Energético, un nuevo Código Monetario y Financiero, y el reordenamiento del sector judicial. Ya fue aprobada por el Congreso Nacional la nueva Ley de Inversión Extranjera, la cual permite la repatriación de capital y beneficios en un cien por ciento y abre a la inversión extranjera todos los sectores de la economía, con la sola excepción de aquéllos ligados a la defensa nacional y la ecología del país y se hizo signatario del Acuerdo del MIGA del Banco Mundial. Actualmente está siendo debatido a nivel de la opinión pública la profundización de la reforma arancelaria y de la reforma tributaria.

La reforma del sector financiero, se ha llevado a cabo con el propósito de proveer con carácter de permanencia la estructura legal para la entrada y salida de las instituciones financieras al sistema y las normas prudenciales y bancarias que regirán el mismo. También se persigue mejorar el marco legal y regulador para la política del sistema financiero, establecer y hacer cumplir las regulaciones prudenciales y bancarias para mejorar la solvencia de las instituciones financieras, reducir la excesiva segmentación del sistema para mejorar su eficiencia, fortalecer la capacidad institucional para supervisar el sector y asegurar que los bancos estatales estén sujetos a las mismas regulaciones prudenciales que los bancos privados. El contenido del nuevo Código Monetario y Financiero en lo que se refiere a las normas bancarias y prudenciales, ya se está aplicando por medio de resoluciones de la Junta Monetaria, otorgando a la banca extranjera un trato similar a la nacional y creando la multibanca como un medio de abaratar los costos de operaciones de las instituciones financieras. Este proceso de adecuación de la reforma se inició en 1992 y se espera que dure unos seis años, o sea hasta 1998.

iv)    Los esfuerzos de integración

A pesar de que la República Dominicana no pertenece a ningún esquema de integración económica en la actualidad, a partir de 1991 ha venido reforzando sus esfuerzos para relacionarse con los diversos esquemas de integración que de acuerdo al interés nacional son viables. Con este propósito, el país ha creado tres instancias para fomentar la integración económica. En 1992 se creó la Comisión de Seguimiento a los Esquemas de Integración, más tarde reforzó la Comisión Mixta Permanente para Seguimiento de los Acuerdos Bilaterales, y por último, la Comisión Nacional para el Seguimiento de los Compromisos de la Cumbre de las Américas. La República Dominicana participó al más alto nivel, con la asistencia de su Presidente, en la Cumbre de Jefes de Estado de las Américas y fue firmante del Plan de Acción. En la reunión de Denver, Colorado, participó tanto el Gobierno a nivel ministerial como el sector privado y las asociaciones de los grupos empresariales, mostrando el país un claro interés en el ALCA y un compromiso de cumplir lo establecido en el Plan de Acción.

Por otro lado, la República Dominicana participa en el Convenio de Pagos y Créditos Recíprocos de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), desde la fundación de esta organización en el año 1980. Este mecanismo le permite al país tener acceso al financiamiento de operaciones comerciales con los países miembros de la ALADI. Durante la década del ochenta este mecanismo fue utilizado en forma creciente para financiación de este tipo de operaciones. A principios de la década del noventa su utilización estaba dirigida casi exclusivamente al cumplimiento de obligaciones contraídas con anterioridad, sin embargo, en la actualidad la República Dominicana ha modificado el procedimiento para la utilización de este financiamiento, el cual ha sido acogido favorablemente por la banca comercial.

En 1989, el país fue admitido a la IV Convención de Lomé, iniciándose un proceso de acercamiento al Caricom, pasando a ser miembro observador de esta asociación y participando activamente en los diversos mecanismos de cooperación funcional tales como salud, educación, agricultura y otros. A finales de 1992 se propuso la creación de la Asociación de Estados del Caribe, AEC, del cual la República Dominicana es miembro fundador y sólo falta la ratificación congresional del Convenio Constitutivo de esta organización. En adición a estos acuerdos multilaterales, el país ha suscrito acuerdos a nivel bilateral con Costa Rica e intentos con otros países, tales como Ecuador y Panamá.

En el futuro inmediato, la República Dominicana se propone completar y profundizar el conjunto de reformas iniciadas a partir de 1990 con la finalidad de aumentar los niveles de competitividad de la economía, fomentar el intercambio comercial con el resto del mundo, y hacer uso de las ventajas que ofrece el comercio internacional para mejorar las condiciones de vida de su población.

v) Participación de la República Dominicana en esquemas preferenciales

El comercio exterior juega un rol importante en la política económica dominicana, representando éste un alto porcentaje del PBI. En esta dinámica del comercio exterior, las exportaciones nacionales y de zonas francas han recibido un fuerte apoyo de los distintos esquemas preferenciales de comercio. En particular se destacan los programas de la Iniciativa para la Cuenta del Caribe (ICC), suscrito por los Estados Unidos y la región Centroamericana y del Caribe en 1983, y del Acuerdo de Lomé IV firmado entre 15 Estados de la Unión Europea y 69 países ACP (África, Caribe y Pacífico en 1989); así como el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), que incluye 26 esquemas diferentes de países desarrollados a favor de los países en vías de desarrollo.

La República Dominicana es beneficiaria también del Acuerdo de San José desde 1980 concertado entre los países de Centroamérica y del Caribe importadores de petróleo y México y Venezuela. Este Acuerdo le permite al país el acceso a líneas de crédito por aproximadamente el 20 por ciento de la factura petrolera suministrada por México y Venezuela. Estos fondos pueden ser usados para financiar proyectos de desarrollo económico en los sectores productivos bajo condiciones preferenciales.

La puesta en práctica de todos estos mecanismos señalados precedentemente le ha permitido a la República Dominicana ampliar la cobertura de sus exportaciones, incluyendo las actividades de zonas francas en 6,6 por ciento anual, durante el período 1990-1994. En cuanto al valor exportado hacia el mercado norteamericano, bajo el Programa Preferencial de la ICC y el SGP, la República Dominicana ha mantenido un crecimiento anual, superior al 20 por ciento en el citado período, lidereando a todos los demás países de la Región del Caribe y Centroamérica, representando el 25 por ciento de las exportaciones realizadas por la región a ese mercado. Asimismo, bajo el Acuerdo de Lomé IV, el valor de las exportaciones nacionales y de zonas francas ha crecido en 2,4 por ciento anual hacia Europa, mientras que el volumen registra un crecimiento anual de 6,5 por ciento.

Los márgenes preferenciales de estos esquemas comerciales se verán afectados tanto por el establecimiento de la OMC, como por el NAFTA y el establecimiento de un Área de Libre Comercio de la Cumbre de las Américas (ALCA), cuyo proceso de instauración será en el 2005. Particularmente las exportaciones de bienes, como las confecciones de prendas de vestir y la parte superior de calzados perderán sus ventajas de acceso, como resultado de la apertura comercial del mercado norteamericano. En ambas actividades de exportación la República Dominicana es el principal proveedor de dicho mercado en comparación con otros países latinoamericanos. La República Dominicana está consciente del papel activo que tiene la apertura y la globalización de las economías y pretende alcanzar un mayor nivel de integración de su producción y una adecuada racionalización de sus costos operativos para lograr mayor competitividad.

Por otro lado, y de manera muy específica con el NAFTA, la República Dominicana conjuntamente con otras naciones del área del Caribe y Centroamérica, trata de conseguir a nivel de la administración estadounidense un equilibrio mediante un programa de paridad con el acuerdo NAFTA, para mantener las preferencias arancelarias. Para los próximos años, se proyecta que se elevará el coeficiente promedio de comercio exterior, en relación con el PBI, en 35 por ciento y con el proceso de apertura se estima que las exportaciones de bienes, agrupadas en productos tradicionales, no tradicionales y minerales crecerán a una tasa de 6,5 por ciento, hasta el año 2005, así como la actividad de zonas francas que se espera un aumento superior al 7,0 por ciento.

III. ADECUACIÓN LEGISLATIVA A LA LUZ DE LOS ACUERDOS DE LA RONDA URUGUAY

Finalmente, el Gobierno de la República Dominicana ha integrado un equipo técnico interinstitucional para darle seguimiento a los compromisos contraídos por el país como signatario de los Acuerdos de la Ronda Uruguay. Los trabajos realizados incluyen la identificación de las disposiciones legales que contradicen los referidos acuerdos, tanto las disposiciones administrativas como las resultantes de la aplicación de leyes. En este sentido, se está procedimiento a la eliminación de las barreras no arancelarias al comercio de productos agropecuarios, a la identificación de las licencias discrecionales de importación con miras a eliminarlas o sustituirlas por licencias automáticas.

Por otro lado, se está preparando una legislación sobre normas de origen, y se están revisando las disposiciones vigentes en materia fitosanitaria con el propósito de armonizarlas con las vigentes en los principales países que comercian con el país. Particularmente el país está elaborando un texto de ley que define el marco institucional para la aplicación de los Acuerdos de la Ronda Uruguay en materia de prácticas desleales de comercio y medidas de salvaguardias. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, los acuerdos internacionales una vez ratificados por el Congreso Nacional, adquieren fuerza de ley. En consecuencia, los Acuerdos sobre antidumping, subsidios y medidas compensatorias, y salvaguardias ya han sido incorporados a nuestra legislación, quedando pendiente tan sólo la identificación de los niveles de gobierno que tendrán a su cargo la investigación de dichos procedimientos, la revisión de las decisiones (mecanismo de revisión judicial) y la aplicación de las medidas.

Esta adecuación legislativa contempla también la derogación de las disposiciones legales que contradicen los compromisos asumidos en la Lista de Servicios de la República Dominicana que forma parte integrante del Acta Final de la Ronda Uruguay. Varias de estas disposiciones fueron ya derogadas en la nueva Ley de Inversión Extranjera aprobada durante el mes de noviembre de 1995 por ambas Cámaras Legislativas. Adicionalmente, se ha iniciado la reforma del régimen de las telecomunicaciones en el país, a fin de modernizar el marco legal, institucional y reglamentario del sector. Al final del proceso, se contará con un órgano regulador independiente, participativo y dotado de autonomía jerárquica y financiera, cuyo principal objetivo será la efectiva regulación del sector en aras de garantizar el servicio universal, así como promover la competencia, la calidad del servicio y el derecho del usuario a elegir.

En el ámbito de la propiedad intelectual, el Gobierno considera que la adecuación legislativa debe tener lugar en el contexto de un régimen de competencia que debe ser creado, para garantizar el funcionamiento de las fuerzas del mercado en el contexto de la creciente apertura que vivirá el país en la próxima década. Por ello, complementará el nuevo proyecto de Ley sobre Propiedad Industrial con Legislación de Promoción de la Competencia, Protección al Consumidor y de Represión de las Prácticas Desleales. Para ello se unificarán en una nueva institución del Estado las funciones de regulación de este régimen. Al igual que el órgano regulador de las telecomunicaciones, esta institución estará dotada de autonomía financiera e independencia jerárquica de los demás órganos del Estado.

Otras reformas institucionales derivadas de la Ronda Uruguay tocan lo concerniente al funcionamiento de la Dirección General de Aduanas. En la actualidad, se encuentra en una fase avanzada de implantación un proyecto de reforma de este organismo del Gobierno, a fin de garantizar su funcionamiento eficiente, en cumplimiento del Código de Valoración Aduanera de la Ronda Uruguay. De igual manera, se ha procedido a trasponer la Lista XXIII de consolidaciones arancelarias previas a la Ronda Uruguay, reflejando en la legislación nacional los niveles ad valorem que fueran consolidados sucesivamente en las negociaciones celebradas desde 1952. Asimismo, se ha remitido al Ejecutivo un Proyecto de Decreto derogando cuatro disposiciones que no se aplican desde 1986, y que establecen restricciones no arancelarias al comercio de productos textiles que contradicen el ATV.

En materia del régimen de comercio exterior dominicano, se ha planificado la unificación del mandato legal en una institución del Estado, con el fin de resolver los conflictos de jerarquía legal identificados a la fecha. Por último, el Gobierno se propone reformar los derechos de los usuarios del transporte marítimo, mediante la suscripción de los principales convenios internacionales, como las Reglas de Hamburgo, el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Transporte Multimodal y el Código de Conducta de las Conferencias Marítimas. A fin de promover la mayor eficiencia en el sector, sus actividades serán elegibles dentro del régimen de competencia que será instaurado a partir de 1996. Además, se reformará la Ley 70 de la Autoridad Portuaria Dominicana, a fin de establecer un régimen de operación privada de los puertos nacionales, mediante concesiones a empresas elegibles y otorgando trato nacional. Finalmente, la República Dominicana quiere destacar su fuerte compromiso con la apertura comercial y del comercio exterior como una medida para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.