Venezuela: febrero de 1996

Ese informe será examinado por la OMC durante dos días, el 12 y el 13 de febrero de 1996.

Los esfuerzos de Venezuela por liberalizar su economía fueron estimulados por la reducción de los precios en el mercado mundial del petróleo. El sector del petróleo ocupa una posición dominante en la economía venezolana y el petróleo, a pesar del importante efecto que tienen los contingentes de producción asignados a Venezuela en el marco de la OPEP, es la partida principal de las exportaciones del país. El petróleo también es una fuente de energía barata para los sectores productivos nacionales y constituye una fuente importante de ingresos para el Estado, que se utilizan no sólo para financiar profundos avances en la enseñanza y el bienestar social, sino también como fundamento de la amplia participación estatal en la economía.

Según el informe, la liberalización económica estuvo acompañada de una apertura importante del régimen de comercio. Ese proceso se complementó con la seguridad del acceso y la mayor transparencia resultantes de la adhesión de Venezuela al GATT en 1990 y su posterior integración en la OMC como Miembro de la Organización. En el informe se indica que Venezuela, Miembro fundador de la OMC, convino en reducir el nivel general de los tipos consolidados al 35 por ciento para el año 2004, lo que representa una reducción del 15 por ciento del nivel general máximo que se negoció durante su proceso de adhesión al GATT. A partir de 1992, el arancel de aduanas aplicado por Venezuela se ha basado en el Arancel Externo Común del Grupo AndinoSee footnote 1, con una mayoría de los tipos ad valorem del 5, el 10, el 15 y el 20 por ciento. En julio de 1995 entró en vigor un nuevo arancel de aduanas con la reducción del 40 al 35 por ciento de las crestas de los aranceles aplicables a determinados productos del sector de vehículos automóviles.

En el informe se indica que algunos productos agrícolas, por ejemplo carne, productos lácteos, azúcar, diversos cereales, aceites y productos alimentarios elaborados, están sujetos desde 1995 al Sistema Andino de Franjas de Precios, un sistema en que los precios mínimos y máximos están determinados por la media móvil y por la variación de los precios mundiales a lo largo de los cinco años anteriores. Esa forma de protección en frontera, que presenta muchas de las características de los gravámenes variables, plantea interrogantes en cuanto a su previsibilidad. Venezuela aplica disposiciones de salvaguardia especial a 76 productos agropecuarios.

Según el informe, se han logrado avances considerables en la liberalización del sector de servicios venezolano, que en 1993 representó el 62 por ciento del PIB. En el pasado, la protección de los servicios frente a la competencia extranjera produjo costos elevados e ineficiencia. El sector financiero resultó aún más debilitado por las graves deficiencias del marco de supervisión y reglamentación. La crisis bancaria en 1994, que también afectó al sector de los seguros, tuvo como consecuencia que el Gobierno decidiera de nuevo la adquisición pública de un gran número de empresas. Las medidas adoptadas a partir de 1994 han permitido una amplia liberalización del sector y han determinado cambios considerables en sus operaciones y su estructura.

En la actualidad, la participación pública en el sector de servicios de telecomunicaciones es limitada. La empresa de teléfonos nacional, considerablemente privatizada, mantiene un monopolio de servicios básicos; sin embargo, la competencia es total en todos los servicios no básicos, y los proveedores privados han ampliado rápidamente su participación en el sector desde la apertura de éste en 1991. En el informe se señala que la promulgación de una nueva ley de telecomunicaciones y la utilización mayor de los mecanismos del mercado constituyen importantes elementos que impulsará las mejoras en el sector.

Desde finales del decenio de 1980, Venezuela ha establecido numerosos acuerdos de comercio bilaterales y regionales con sus vecinos o con otros países de América Central y de Sudamérica. Venezuela también participa en proyectos regionales de comercio a más largo plazo, como los relativos a la Zona de Libre Comercio para las Américas y a la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI). En el informe se insiste en que es necesario que esos acuerdos sigan siendo abiertos y continúen teniendo un carácter liberal.

Aunque la necesidad más apremiante para Venezuela es la superación de sus problemas macroeconómicos, también debe progresar en su programa de reforma del comercio. En el informe se afirma que esas reformas son una condición indispensable para que Venezuela pueda enfrentarse a los desafíos y aprovechar las oportunidades que se derivan de la Ronda Uruguay.

Nota para las redacciones

El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC) de la OMC examinará el informe de la Secretaría, junto con el informe elaborado por el Gobierno de Venezuela, los días 12 y 13 de febrero de 1996. El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC realiza una evaluación colectiva de la gama completa de las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro de la OMC a intervalos regulares, y sigue de cerca las tendencias y los acontecimientos importantes que puedan tener consecuencias en el sistema mundial de comercio.

Los dos informes, junto con un acta del debate del OEPC y el resumen del Presidente, se publicarán oportunamente como documentación completa del examen de las políticas comerciales de Venezuela. Podrán obtenerse en la Secretaría de la OMC, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

Los informes abarcan la evolución de todos los aspectos de las políticas comerciales de Venezuela, como las leyes y reglamentos nacionales, el marco institucional, las prácticas comerciales por clases de medidas y las políticas comerciales por sectores. Desde el establecimiento de la OMC, los informes abarcan también las "nuevas esferas" del comercio de servicios y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Se adjuntan las observaciones recapitulativas del informe de la Secretaría y del Gobierno. Los periodistas que deseen disponer del texto íntegro de los informes pueden solicitarlo a la Secretaría de la OMC.

Desde diciembre de 1989, se han llevado a cabo los siguientes exámenes: Argentina (1992), Australia (1989 y 1994), Austria (1992), Bangladesh (1992), Bolivia (1993), Brasil (1992), Camerún (1995), Canadá (1990, 1992 y 1994), Chile (1991), Colombia (1990), Comunidades Europeas (1991, 1993 y 1995), Corea, Rep. de (1992), Costa Rica (1995), Côte d'Ivoire (1995), Egipto (1992), Estados Unidos (1989, 1992 y 1994), Filipinas (1993), Finlandia (1992), Ghana (1992), Hong Kong (1990 y 1994), Hungría (1991), India (1993), Indonesia (1991 y 1994), Islandia (1994), Israel (1994), Japón (1990, 1992 y 1995), Kenya (1993), Macao (1994), Malasia (1993), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995), México (1993), Nigeria (1991), Noruega (1991), Nueva Zelandia (1990), Pakistán (1995), Perú (1994), Polonia (1993), República Eslovaca (1995), Rumania (1992), Senegal (1994), Singapur (1992), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991), Tailandia (1991), Túnez (1994), Turquía (1994), Uganda (1995), Uruguay (1992) y Zimbabwe (1994).

Informe de la Secretaría

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
VENEZUELA
Informe de la Secretaría - Observaciones recapitulativas

Introducción

Pese a los serios problemas económicos de los últimos años, Venezuela ha evitado en gran parte una marcha atrás respecto de las importantes reformas comerciales a las que dio inicio en 1989 juntamente con un programa sustancial de reforma macroeconómica. Ello no obstante, el control de cambios, introducido en 1994 con objeto de frenar la fuga de capitales, puede tener efectos considerables sobre el comercio.

El programa de reforma de 1989, emprendido en respuesta al deterioro de la balanza comercial y a la existencia de graves problemas cambiarios, entrañó ajustes fiscales, la imposición de una política monetaria más estricta y el levantamiento de los controles sobre los precios y los tipos de interés. Se adoptó asimismo un tipo de cambio flexible unificado. Las reformas económicas aportaron ciertos claros resultados positivos entre 1990 y 1992, facilitados por la recuperación de los precios del petróleo en 1990; el crecimiento del PIB se aceleró y la tasa de inflación bajó rápidamente. En 1991 tanto la hacienda pública como la balanza comercial pasaron a ser excedentarias, y la deuda externa fue enteramente reestructurada. Sin embargo, dada la profunda crisis política a la que contribuía la severidad de las medidas fiscales, el ritmo del reajuste se ha aminorado a partir de 1992. La economía experimentó además una serie de reveses, entre otros una honda crisis bancaria; el PIB real cayó y la inflación subió alrededor de un 60 por ciento en 1995.

Las autoridades han tratado de contrarrestar las presiones inflacionarias mediante la aplicación de nuevos controles sobre los precios de bienes y servicios básicos. En razón de la inquietud que suscitan las consecuencias sociales, el Gobierno se ha mostrado reacio a tomar nuevas medidas de austeridad para reducir el déficit fiscal, acentuado por la necesidad de brindar apoyo a los bancos en dificultades. En junio de 1994, en un esfuerzo por detener la caída de las reservas internacionales, las autoridades impusieron controles de cambios para todas las transacciones y procedieron a fijar el tipo de cambio nominal (frente al dólar de los Estados Unidos), lo que trajo consigo una apreciación real de la moneda y una disminución de la competitividad de muchas exportaciones venezolanas. En diciembre de 1995 el bolívar fue devaluado aproximadamente un 70 por ciento con respecto al dólar de los Estados Unidos.

La liberalización del régimen de comercio, que dio comienzo en 1989, fue completada por la seguridad del acceso y el aumento de la transparencia resultantes de la adhesión de Venezuela al GATT en 1990. El proceso comprendió la racionalización y consolidación de aranceles, al tiempo que la reducción tanto del tipo máximo como del tipo medio aplicados. A pesar de ello, la estructura arancelaria sigue comportando una progresividad de los derechos aplicados encaminada a promover la elaboración interna de materias primas nacionales, y la aplicación de algunos tipos reducidos a insumos importados para el montaje de vehículos automóviles está supeditada al cumplimiento de prescripciones en materia de contenido nacional. En lo que respecta a las prohibiciones y licencias de importación, su nivel de reducción ha respondido por regla general al requerido por razones de seguridad o salud o al prescrito por compromisos internacionales; las actuales excepciones abarcan ciertos bienes de consumo importantes. La agricultura sigue estando relativamente protegida. Ha habido adelantos en lo tocante a la protección de la propiedad intelectual y a la política de competencia.

Las medidas de liberalización han incluido igualmente pasos tendentes a atraer a la inversión privada y a asegurar al capital nacional y foráneo reglas de juego más firmes y uniformes. Ese proceso ha desembocado en la ampliación del programa de conversión de la deuda pública a los inversores extranjeros, así como en una vasta apertura de los sectores de la banca y los seguros y de ciertas obras públicas y servicios. No obstante, la participación extranjera en determinadas industrias y servicios clave sigue estando limitada por imperativos constitucionales; el acceso de inversores extranjeros a ramas de actividad como los grandes medios de comunicación, el transporte marítimo y ciertos servicios profesionales está o prohibido o restringido, en tanto que las industrias extractivas (incluida la de hidrocarburos) quedan reservadas para el Estado.

El Estado todavía desempeña por ello un papel de protagonista en la minería, la industria manufacturera y los servicios, en particular por lo que se refiere al suministro de combustibles y energía eléctrica, la banca, los seguros, los transportes y las instalaciones turísticas. Comoquiera que sea, se están tomando medidas para autorizar la participación de capital privado, por ejemplo a través del establecimiento de empresas conjuntas y acuerdos operativos en lo que respecta al petróleo y de la privatización de la totalidad de los hoteles y proyectos turísticos de propiedad estatal. Esto puede coadyuvar en cierta medida a abrir la estructura del mercado venezolano, en el que aún predominan los grupos integrados verticalmente, muchos de ellos bajo control estatal.

En 1993, alrededor de un 15 por ciento del PIB de Venezuela correspondió al sector manufacturero excluido el de refinación de petróleo, aproximadamente un 5 por ciento al sector agropecuario y el 62 por ciento al sector de servicios; la parte del PIB procedente del sector petrolero totalizó casi un 18 por ciento. Esta última cifra no da toda la medida de la importancia del petróleo en cuanto piedra angular de la economía venezolana y elemento clave para entender los grandes cambios económicos de los últimos 20 años. En efecto, el petróleo se lleva la parte del león en el desglose de las exportaciones totales venezolanas, a pesar de la gravitación sustancial que tienen en tal caso los cupos de producción que mantiene Venezuela en el marco de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Ese sector proporciona asimismo una fuente abundante de energía barata para las industrias nacionales y su aportación a los ingresos totales del erario público, la cual asciende al 60 por ciento, ha permitido financiar grandes adelantos en materia de enseñanza y bienestar público al tiempo que una amplia participación del Estado en la economía. El equilibrio que conviene alcanzar entre el sector petrolero y los demás sectores forma parte de un debate más vasto sobre las políticas requeridas a fin de que la gestión de ingresos petroleros en extremo variables vaya acompañada de la adopción de medidas en favor de una mayor diversificación de la estructura económica que tome también en consideración la ventaja comparativa a largo plazo de actividades distintas de las petroleras.

Venezuela en el comercio mundial

En 1993 la parte de las exportaciones totales de bienes y servicios correspondiente a combustibles y otros productos de las industrias extractivas fue del 76 por ciento, contra el 94 por ciento en 1980, y la correspondiente a productos manufacturados de aproximadamente un 12 por ciento. Los principales productos de exportación, excluidos los combustibles, son los siguientes: aluminio; vehículos de motor (exportados en su mayor parte al Grupo Andino); productos de hierro y acero; hulla y coque; y pescado enlatado o simplemente preservado.

De 1980 a 1993 la parte de las importaciones totales de bienes y servicios correspondiente a manufacturas y minerales se mantuvo sin mayores variaciones en torno a un 59 y un 3 por ciento respectivamente, la correspondiente a los sectores agropecuario y turístico bajó ligeramente, a más o menos un 10 y un 13 por ciento, y la correspondiente a servicios de transporte aumentó en cambio, al 12 por ciento. De las manufacturas importadas, las de mayor importancia pertenecen al rubro de productos para la industria automotriz y al de maquinaria no eléctrica, cada uno de los cuales representó en 1993 alrededor de un 13 por ciento de las importaciones totales de mercancías.

Estados Unidos es el principal interlocutor comercial de Venezuela; entre 1980 y 1993 su parte de las importaciones venezolanas totales disminuyó levemente, al 46 por ciento, pero en el caso de las exportaciones la parte estadounidense aumentó, a un 56 por ciento aproximadamente. El segundo interlocutor comercial en orden de importancia es la Unión Europea, cuya parte de las importaciones venezolanas totales ha ascendido, al 32 por ciento en 1993, en tanto que en el caso de las exportaciones la parte que le corresponde se ha mantenido relativamente estable, en torno a un 22 por ciento. La parte de otros países latinoamericanos en las importaciones también ha subido, a alrededor de un 18 por ciento en 1993, pero su parte en las exportaciones ha caído en cambio, a aproximadamente un 32 por ciento. Los incrementos han sido particularmente pronunciados en lo que respecta sobre todo al comercio de mercancías con los países del MERCOSUR y con Colombia.

Marco institucional

Venezuela carece de una ley básica en materia de comercio; sus medidas comerciales se fundan en esencia en una serie de leyes, aplicadas por medio de decretos y reglamentos. Las diferentes modificaciones introducidas en los últimos años en la legislación que guarda relación con el comercio derivan de compromisos contraídos en foros regionales, ante todo en el Grupo Andino, así como en el GATT y la OMC. Las leyes afectadas por esas modificaciones son las relativas a medidas antidumping, normas y cuestiones de competencia; por otra parte, se está preparando una nueva legislación en lo tocante por ejemplo a la valoración en aduana, el seguro de crédito a la exportación, el régimen de zonas francas y la protección de los derechos de propiedad industrial.

El Instituto de Comercio Exterior (ICE), que forma parte actualmente del Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene a su cargo la formulación y aplicación de las políticas comerciales, incluida la coordinación sectorial. Además, asegura la representación del país en foros multilaterales como la OMC y en las negociaciones regionales o bilaterales. La política arancelaria es de la incumbencia del Ministerio de Hacienda. La elaboración de las políticas cambiaria y monetaria corresponde al Banco Central de Venezuela. Las políticas que afectan a los servicios caen bajo la responsabilidad de varias instituciones del sector público y las negociaciones internacionales en la materia las coordina el ICE. En conformidad con una ley aún por aprobar, el ICE y el Ministerio de Fomento darán paso a un Ministerio de Industria y Comercio.

Venezuela empezó a participar formalmente en las negociaciones de la Ronda Uruguay cuatro años después del inicio de ésta. El 29 de diciembre de 1994 ratificó el Acuerdo de Marrakech, con lo que se convirtió en Miembro fundador de la OMC. Venezuela no tiene previsto, por ahora, firmar ninguno de los Acuerdos Plurilaterales. Las autoridades han considerado particularmente provechosos los resultados alcanzados en la Ronda Uruguay por lo que se refiere a los textiles y el vestido, las medidas antidumping, las medidas compensatorias y los servicios profesionales y financieros, y se están abordando con cautela temas como los referentes al medio ambiente y a la protección de los derechos laborales.

El fortalecimiento y la ampliación de acuerdos regionales y bilaterales constituye un elemento importante de la política comercial venezolana desde finales de los años ochenta. Actualmente Venezuela es parte en compromisos de zona de libre comercio concluidos en el Grupo Andino, en cuyo caso aplica el Arancel Externo Común (AEC), así como en el Grupo de los Tres (que integra junto con Colombia y México). Mantiene acuerdos bilaterales con diferentes miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA), copartícipes en la ALADI y países del MERCOSUR y con Cuba, y concede trato preferencial unilateral a ciertas importaciones procedentes de países del MCCA y del Mercado Común del Caribe (CARICOM). También participa en proyectos a más largo plazo, como las negociaciones encaminadas a la creación de una Zona de Libre Comercio para las Américas, al igual que en la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Características y tendencias de la política comercial

Evolución de las políticas comerciales y de los instrumentos de política comercial

La política comercial venezolana cambió de dirección en 1989, cuando la política de sustitución de importaciones empezó a dar paso a un régimen más abierto, cuyo objetivo era reducir el sesgo antiexportador e integrar más estrechamente a la economía venezolana en los mercados mundiales. En armonía con esa política, se ha procedido a la reducción tanto de los aranceles como de las restricciones a la importación y los incentivos a la exportación.

Al adherirse al GATT, Venezuela consolidó su arancel a un tipo máximo general del 50 por ciento. El compromiso a ese respecto quedó reforzado en la Ronda Uruguay mediante la aceptación de una reducción al 35 por ciento del tipo consolidado general para el año 2004.

El arancel de aduanas aplicado por Venezuela, que a contar de 1992 se basa en el Arancel Externo Común del Grupo Andino, comprende derechos ad valorem del 5, el 10, el 15 y el 20 por ciento (con ciertas excepciones). Su progresividad arancelaria tiene por finalidad promover el desarrollo industrial estimulando el aumento de las actividades de elaboración de materias primas regionales en los países andinos. Un nuevo arancel, introducido en julio de 1995, redujo del 40 al 35 por ciento las crestas arancelarias aplicables a ciertos productos de la industria automotriz. La mayor parte de los derechos son ad valorem, pero ciertos productos están gravados con derechos específicos y compuestos.

Se ha procedido a una racionalización de las concesiones arancelarias; la entrada en condiciones de favor queda restringida a las importaciones abarcadas por acuerdos preferenciales o destinadas a zonas francas, a las sujetas a los regímenes de admisión temporal o de admisión para tráfico de perfeccionamiento y a las realizadas a título de sustitución de existencias. Se aplican tipos reducidos o nulos a los insumos, las materias primas y los bienes de capital no producidos o no disponibles en la subregión andina. También se aplican tipos reducidos a los conjuntos de piezas completamente desarmadas para el montaje de vehículos de motor, a condición de que la empresa de montaje cumpla las correspondientes prescripciones en materia de contenido nacional. De ahí que la protección efectiva de que disfruta la industria de montaje sea sustancialmente superior a la que se desprende de los tipos nominales.

Venezuela adoptó en 1995 el Sistema Andino de Franjas de Precios, en sustitución de un sistema nacional similar, en vigor desde 1991. El Sistema Andino, que rige las importaciones de ciertos productos agropecuarios (entre los que cabe citar productos cárnicos y lácteos, azúcar y diferentes cereales, así como grasas y alimentos elaborados) procedentes de países distintos de los de la región, tiene por finalidad explícita estabilizar el precio de esos productos en el mercado interno, de una forma que resulte compatible con la aplicación del Arancel Externo Común por todos los países del Grupo Andino. Con tal fin, se añade al tipo del AEC o se sustrae de dicho tipo un gravamen ad valorem cada vez que, respectivamente, el correspondiente precio de referencia cae por debajo del mínimo o sube por encima del máximo; el nivel de esos precios mínimo y máximo se determina en función tanto de la media móvil como de la dispersión de los precios predominantes en los mercados mundiales durante los cinco años anteriores. Habida cuenta de que se trata de un mecanismo que puede dar lugar, en principio, a que los tipos aplicados sean superiores a los consolidados, se plantean interrogantes en cuanto a la previsibilidad de esa modalidad de protección en frontera, la cual presenta muchas de las características propias de los gravámenes variables.

En mayo de 1995 se dejó sin efecto la tasa de despacho de aduana. En cuanto a las sobretasas arancelarias que gravan desde abril de 1992 las importaciones de 15 productos agropecuarios a nivel de 10 dígitos de la NANDINA, entre ellos determinadas clases de queso, maíz y aguas minerales, su eliminación, según las autoridades, está prevista para enero de 1996.

A contar de septiembre de 1994 se percibe un impuesto de tipo IVA sobre las ventas al por mayor y el consumo (suntuario), de entre el 12,5 y el 32,5 por ciento, aplicable a todos los bienes, exceptuados algunos alimentos básicos, a los servicios y a las regalías por concepto de explotación de todas las clases de derechos de propiedad intelectual. Los impuestos internos adicionales que pesan sobre las bebidas alcohólicas se aplican exclusivamente a las importadas; en el momento de la finalización del presente informe la Secretaría no disponía de información detallada sobre los tipos aplicados en tal caso.

Las únicas importaciones prohibidas son las de modelos antiguos de vehículos de carretera, ropa usada, neumáticos de segunda mano y juegos de azar. Si bien se ha procedido aparentemente a eliminar en general las licencias restrictivas de importación, para varios productos se siguen exigiendo permisos de importación por motivos ambientales, de salud y de seguridad. Se mantienen derechos exclusivos de importación en el caso de un contado número de productos, cuya importación está sujeta a autorización previa. En los últimos años se han hecho esfuerzos con objeto de modernizar la legislación y los mecanismos institucionales en la esfera de las normas; en junio de 1993 se introdujeron nuevas prescripciones obligatorias en lo que respecta, por ejemplo, a partes y piezas sueltas de vehículos automóviles, productos químicos, alimentos, artículos para la salud y juguetes.

Por falta de datos amplios sobre el grado de extensión del sector de empresas de propiedad estatal no es posible hacer una evaluación completa de la magnitud de la participación del Estado en la producción y el comercio. La legislación en materia de contratación pública permite pero no exige la concesión de un trato preferencial a los proveedores nacionales; no se pudo obtener de las autoridades datos sobre las operaciones de contratación pública distintas de las correspondientes a la empresa petrolera estatal PDVSA.

En conformidad con el ofrecimiento hecho en el momento de su adhesión al GATT, Venezuela ha introducido en su legislación sobre medidas antidumping y compensatorias una prueba de la existencia de daño, aplicable sobre la base de la reciprocidad. En el período que va de 1992 a 1995 se establecieron derechos antidumping en tres ocasiones respecto de productos manufacturados y derechos compensatorios en el caso de importaciones de quesos.

Un contado número de productos está sujeto a licencias de exportación, a saber, fertilizantes, ciertos metales y sustancias radiactivas. Las exportaciones de petróleo están gravadas con una sobretasa, cuya eliminación se ha previsto para 1996. El alcance del apoyo a las exportaciones de productos agropecuarios, ascendente al 10 por ciento de su valor f.o.b., se ha reducido en los últimos años. Venezuela se comprometió en la Ronda Uruguay a disminuir un 24 por ciento sus desembolsos presupuestarios por concepto de subvenciones a la exportación y un 15 por ciento el volumen beneficiario de las mismas. Los productos manufacturados disfrutan de un régimen de devolución de los derechos sobre las importaciones de insumos [y bienes de capital]. La financiación de las exportaciones en moneda nacional se facilita en condiciones preferenciales y los préstamos en divisas para tal fin, en cambio, en condiciones comerciales.

El régimen de zonas francas, que data de hace más de 20 años, es el único instrumento de desarrollo regional; su incidencia en la economía nacional sigue siendo limitada.

Venezuela ha cumplido las prescripciones de la OMC en materia de notificación por lo que se refiere a las MIC, las medidas sanitarias y fitosanitarias (servicios nacionales de información), las normas de origen, las medidas antidumping, las subvenciones y medidas compensatorias, las salvaguardias y los textiles y prendas de vestir. Le queda todavía por presentar notificaciones en lo que respecta a las restricciones a la importación, las prohibiciones de la importación, el régimen de licencias y el comercio de Estado, así como en lo tocante a los programas de descuento impositivo y financiación de las exportaciones. Tampoco ha notificado todavía el Sistema Andino de Franjas de Precios, que introdujo en 1995.

El apoyo a la producción interna comprende el suministro de productos petroleros refinados por debajo de los precios mundiales y otras diferentes modalidades de subvención. Por ejemplo, la agricultura disfruta de ciertos incentivos tributarios e insumos subvencionados para riego y energía eléctrica y de precios fijos al productor en el caso de algunos productos. Si bien el régimen de vigilancia y fijación de los precios máximos al por menor de determinados alimentos y servicios puede resultar desventajoso para ciertas empresas nacionales, en lo que concierne al tabaco y los cigarrillos el precio de los importados no puede ser inferior al de las marcas nacionales. La política de competencia introducida en 1992 ha dado pie para el examen de prácticas como la formación de cárteles, las fusiones, el boicot y el abuso de una posición dominante y podría redundar a largo plazo en una competencia más reñida en el mercado interno.

Con sujeción a las oportunidades de acceso mínimo estipuladas en el Acuerdo de la OMC sobre la Agricultura, el volumen de la mayoría de las importaciones agropecuarias sujetas a compromisos de contingentación arancelaria habrá de incrementarse progresivamente alrededor de un 67 por ciento en el tiempo que media hasta el año 2004; no habrá incremento alguno, sin embargo, en lo que atañe a cierto número de productos, por ejemplo leche, cereales y azúcar. Está previsto que el mecanismo de administración de los contingentes arancelarios entre en vigor en 1996. Venezuela mantiene disposiciones de salvaguardia especial con respecto a 76 productos agropecuarios. En cumplimiento de sus obligaciones en lo referente a la Medida Global de la Ayuda (MGA), Venezuela habrá de reducir el 13,3 por ciento la ayuda brindada a los productores nacionales a través de la fijación de precios y la subvención de insumos.

La protección de los derechos de propiedad intelectual se funda en la legislación nacional introducida en 1993 y en medidas complementarias del Grupo Andino adoptadas en 1994. La nueva legislación abarca una amplia gama de obras, pero se afirma que hay problemas en materia de observancia. Venezuela es signataria de prácticamente todos los grandes convenios internacionales sobre propiedad intelectual, marcas de fábrica o de comercio, derecho de autor y protección de patentes, así como miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. A juicio de las autoridades, la aplicación del Acuerdo sobre los ADPIC no exigirá modificaciones sustanciales, salvo por lo que se refiere a algunas medidas en frontera, caso en el cual se están haciendo los cambios pertinentes.

Políticas sectoriales

En el marco de las reformas iniciadas en 1989 se hizo un esfuerzo considerable para reducir el sesgo antiexportador de las políticas precedentes, en particular por medio de la privatización y la desreglamentación de la economía. Ese sesgo subsiste sin embargo a través de la persistente aplicación de políticas sectoriales que favorecen a los grupos "propulsores". La deficiente asignación de recursos internos que entraña esa clase de medidas puede no quedar compensada por las externalidades positivas que generan los sectores correspondientes.

Los sectores que con mayor probabilidad se ven afectados negativamente por el actual régimen son el de industrias extractivas y el del petróleo, poco protegidos contra las importaciones. Si bien el apoyo a la agricultura parece ser moderado en comparación con el de algunos de los principales productores agropecuarios mundiales, la protección y la ayuda interna han propiciado la existencia de un sector agrícola de altos costos aislado de los mercados internacionales. El sector fue en extremo afectado por la aplicación inicial del programa de liberalización; en épocas más próximas se han introducido nuevas medidas de ayuda, principalmente a través de los mecanismos descritos precedentemente (Sistema Andino de Franjas de Precios, crédito preferencial, etc.). Actualmente se está estudiando un proyecto de ley de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria así como un sistema de defensa comercial e incentivos a la producción destinado a contrarrestar las distorsiones manifiestas de los mercados mundiales de productos agropecuarios.

Las políticas industriales se centran en la actualidad en la promoción de determinados grupos industriales y del valor añadido nacional, ante todo mediante la progresividad arancelaria. Algunos subsectores son grandes exportadores, por ejemplo el de refinación de petróleo, el de hierro y acero y el de aluminio. Fuera de ellos, el sector manufacturero (en particular el de alimentos elaborados y vehículos) se ha caracterizado por estar orientado al mercado interno y no ser particularmente competitivo en los mercados mundiales más allá de la región andina. El bajo nivel de eficiencia ha quedado en parte amortiguado por subvenciones oficiales consistentes en el suministro de insumos baratos, principalmente combustibles y otros productos petroleros refinados a precios por debajo del corriente. Más recientemente se ha facilitado ayuda a través de recapitalizaciones y reescalonamientos de la deuda con apoyo del Estado.

En el sector de los servicios la liberalización ha ido relativamente lejos y se prevé que siga adelante. Anteriormente su impenetrabilidad a la competencia extranjera había traído consigo niveles elevados de costos e ineficiencias; muchos servicios, en particular los bancarios, estaban sujetos a fuerzas de distorsión poderosas. En el sector financiero la competencia se veía frenada por las severas restricciones impuestas a la entrada de bancos extranjeros y por las agudas insuficiencias del marco de supervisión y reglamentación. En 1994 se produjo una profunda crisis bancaria que obligó a las autoridades a nacionalizar o a cerrar una proporción importante de los bancos existentes. La crisis se hizo extensiva a la rama de los seguros y también en ese caso fue necesario que el Estado procediera a la adquisición de un gran número de compañías. Los pasos dados a contar de 1994 se han traducido en una serie de consolidaciones y en la introducción de enmiendas legislativas o de nuevas leyes que al parecer habrán de modificar sustancialmente el funcionamiento y la estructura del sector financiero.

Las ineficientes prácticas laborales imperantes en los puertos comportaban asimismo graves desventajas para los exportadores de productos distintos de los minerales; con objeto de resolver esos problemas las autoridades iniciaron en 1991 un proceso de reestructuración en el marco del cual se privatizaron los servicios portuarios o se transfirieron a los gobiernos estatales. Las reformas emprendidas con vistas a acrecentar la competencia en el sector naviero han desembocado aparentemente en una marcada caída del número de astilleros y de buques que navegan con pabellón venezolano.

En la actualidad la participación del Estado en el sector de servicios de telecomunicaciones es limitada. La empresa telefónica nacional, en gran parte privatizada, ejerce un monopolio sobre los servicios básicos; en el caso de todos los demás servicios de telecomunicaciones, sin embargo, hay un régimen de libre competencia y se observa una rápida ampliación de las empresas privadas de explotación a partir de la apertura del sector en 1991. Se considera que la introducción de una nueva ley de telecomunicaciones y la concesión de una mayor prioridad a los mecanismos de mercado constituyen pasos importantes para el mejoramiento ulterior del sector.

Nuevas iniciativas

En 1995 se estaban preparando los textos legislativos requeridos para establecer un nuevo sistema de valoración en aduana, adaptar la legislación en materia de zonas francas al Acuerdo de la OMC sobre Subvenciones, crear un Banco de Comercio Exterior y modificar las reglamentaciones relativas a la protección de los consumidores y a los derechos de propiedad industrial; se estaba estudiando además la introducción de un reglamento sobre prácticas de cárteles de importación.

Políticas comerciales e interlocutores en el comercio exterior

Venezuela pasó a ser parte últimamente del conjunto de países del Grupo Andino que disfrutarán de ventajas ampliadas en el marco del SGP de la Unión Europea hasta 1998. Las autoridades consideran que esa medida constituye un importante incentivo para las exportaciones no tradicionales al mercado de la UE. Las exportaciones de banano a éste quedan sujetas a un contingente arancelario. Tanto en la UE como en los Estados Unidos se han impuesto derechos antidumping o compensatorios a las exportaciones venezolanas de ciertos productos manufacturados, y últimamente se ha estado examinando un caso similar en México.

De consuno con otras partes contratantes, Venezuela ha figurado a título de parte reclamante en dos casos de solución de diferencias en el GATT relativos a las medidas de importación de la UE y de Estados Miembros de ella que afectan al banano. Se ha iniciado además un caso en conformidad con el procedimiento de solución de diferencias de la OMC con respecto a las pautas impuestas por los Estados Unidos a las importaciones de gasolina convencional o reformulada.

Conclusión

Aunque la necesidad más apremiante para Venezuela sea la superación de sus problemas macroeconómicos, también es necesario que lleve adelante la reforma de sus políticas comerciales y conexas. Ello representa una condición para el logro de una mayor adaptabilidad de la economía interna frente a los retos y las oportunidades dimanantes de la aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay. Es pues preciso que ahonde el proceso de liberalización iniciado en 1989 y garantice que la aplicación de controles cambiarios no afecte negativamente a los intereses de sus interlocutores comerciales.

Si bien la integración dentro del Grupo Andino en particular y en el marco de otros acuerdos regionales puede ofrecer oportunidades para conseguir economías de escala en un mercado regional ampliado, es importante que esa clase de acuerdos conserven un carácter abierto y liberal en cuanto parte del sistema multilateral. La progresividad que comporta la estructura del Arancel Externo Común del Grupo Andino y otros mecanismos previstos en el seno de dicho Grupo llevan a pensar que ciertos sectores conservarán sus niveles de protección sustancialmente más altos y que otros, entre los que figuran industrias de exportación, seguirán quedando implícitamente gravados por el régimen de comercio.

Una nueva liberalización y la rectificación a fondo del sesgo antiexportador supondrían el abandono de la actual política de promoción de determinados grupos industriales y la eliminación de distorsiones intersectoriales en favor de un régimen de comercio más neutral. Esa óptica se vería también afianzada por la eliminación de las distorsiones resultantes del suministro de insumos baratos, en particular de combustibles y otros productos petroleros refinados a precios por debajo del corriente. Una mayor dependencia de los precios de mercado y una reducción de la función del Estado en la economía, acompañadas de modificaciones del régimen de inversiones, coadyuvarían en gran medida a dotar al país de una economía más flexible y de una base sólida de exportación.

Informe del Gobierno

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
VENEZUELA
Informe del Gobierno

Resumen ejecutivo

Venezuela es un país dotado de considerables riquezas naturales; sus vastos recursos petroleros, minerales e hidroeléctricos, entre otros no menos importantes, lo han convertido en una potencia energética en el continente americano.

Las actuales condiciones de la economía mundial, caracterizadas por el proceso de globalización e internacionalización de las economías, han requerido de Venezuela una reorientación de su aparato productivo y la redefinición de su política comercial.

Desde comienzos de 1989 y hasta la fecha, en nuestro país se ha generado una intensa actividad en materia de política comercial, destacándose principalmente su participación plena en el sistema multilateral de comercio, mediante su adhesión al GATT en 1990 y su posterior incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en enero de 1995.

Por su parte, se ha profundizado la integración comercial con nuestros vecinos próximos, lográndose la consolidación de la Unión Aduanera en el Grupo Andino (Acuerdo de Cartagena) y la suscripción de acuerdos de libre comercio conjuntamente con Colombia, tanto con México (Grupo de los Tres) como con los países centroamericanos (Acuerdo sobre Comercio e Inversión). Con los países de CARICOM, por su parte, se suscribió un acuerdo de libre comercio asimétrico, además de varios acuerdos comerciales bilaterales suscritos con algunos países del Caribe.

Asimismo, se ha logrado una aceleración del proceso de integración de América Latina (Acuerdos con Chile, Brasil y Argentina), así como avances concretos en la conformación de la Zona de Libre Comercio para las Américas.

Para los años próximos Venezuela continuará con su política de negociaciones y apertura comercial con miras a lograr un espacio económico ampliado que permita una mayor competitividad de su economía en el entorno económico internacional.

Entorno económico y comercial

El período que se inicia en el año 1989, se tradujo para Venezuela en un proceso de reformas y ajustes de tipo estructural. A partir de ese año el Gobierno nacional puso en marcha un Programa de Ajustes y Estabilización, orientado a reducir los desequilibrios financieros, monetarios, cambiarios y de balanza de pagos que afectaban el crecimiento de la economía y la capacidad de penetración en los mercados externos.

El nuevo enfoque de la política económica se basó principalmente en la apertura hacia el exterior, un estímulo a la diversificación de las exportaciones y a la inversión privada con el fin de incentivar el crecimiento de la producción, así como una redefinición de las funciones del Estado.

Como resultado de las medidas de política económica adoptadas, el nivel de la actividad económica para ese año se contrajo en un 8,6 por ciento, lo cual se debió fundamentalmente, por el lado de la oferta, al incremento de los costos asociados a la depreciación del tipo de cambio, y por el lado de la demanda, al estancamiento del mercado interno, producto a su vez del comportamiento de la inflación, variable ésta que se incrementó en un 81 por ciento, como consecuencia de la liberalización de los precios y la unificación del tipo de cambio. Por su parte la merma en la actividad interna tuvo un efecto negativo en los niveles de empleo, generándose una tasa de desocupación del 9,7 por ciento.

Entre los años 1990 y 1992, a pesar de las dificultades políticas que generaron un clima de inestabilidad social y a la crisis económica mundial que se reflejó principalmente en una contracción de los precios de los principales rubros de exportación de nuestro país (petróleo, aluminio, acero, carbón y productos químicos) se llevó a cabo una profundización del programa de ajuste estructural y reformas económicas realizado a partir de 1989, con el fin de avanzar en el proceso de desarrollo económico del país. En este sentido, se tomaron acciones encaminadas a acelerar la apertura económica, a promover la descentralización política y administrativa del Estado, a atender compromisos sociales, así como a la profundización de la democracia, la privatización y la gestión equilibrada de las finanzas públicas.

En relación con la política de privatización, ésta se inscribe como un instrumento central de la política económica, orientada principalmente a la promoción de inversiones con el fin de revitalizar la producción de bienes y servicios en un conjunto de empresas que son propiedad del Estado. Desde 1989 y hasta la fecha, el Estado venezolano ha logrado la transferencia de 29 entes y otros activos que han significado 2.400 millones de dólares, como producto de operaciones transparentes y que más allá de los ingresos recibidos, han significado la transferencia al sector privado de unos 44.000 empleos y un ahorro en el gasto operativo y en las inversiones que habrían requerido del Estado si éste hubiese permanecido como propietario.

En cuanto al comportamiento de las variables macroeconómicas para este período se pudo observar que el Producto Interno Bruto (PIB) mostró un ritmo de crecimiento entre 1990 y 1992 a tasas de 6,5 por ciento, 10,4 por ciento y 6,8 por ciento en cada año. La desaceleración de 1992 se debió fundamentalmente a la disminución del PIB de la actividad petrolera en un 1,9 por ciento atribuible a la menor demanda, dado que el consumo se satisfizo con mayor utilización de inventarios por parte de los países industrializados y a la sobreoferta de crudo existente en los mercados internacionales que afectó el nivel de los precios, los cuales disminuyeron en promedio a 15,25 dólares EE.UU. por barril.

Sin embargo, luego de transcurridos cuatro años del programa de ajustes, la inestabilidad política y social retrasó la puesta en marcha de algunas de las reformas planteadas sobre todo en lo que se refiere al sistema financiero y al sector fiscal y de búsqueda de mayores ingresos para el Gobierno, a fin de financiar el elevado déficit fiscal presente y continuar la lucha contra la inflación.

En este sentido, el Gobierno transitorio del Dr. Ramón J. Velásquez a través de facultades especiales que le otorgó el Congreso de la República, establece a finales de 1993 el impuesto al valor agregado como instrumento importante para la obtención de recursos fiscales y financiamiento del déficit.

Este impuesto fue derogado posteriormente por el Dr. Rafael Caldera al asumir la Presidencia de la República y sustituido por el impuesto a las ventas al mayor y a los bienes suntuarios, con el fin de no gravar directamente a los consumidores.

Las dificultades en la instrumentación de las reformas entre otras, contribuyeron a que el sistema financiero sufriera la crisis más fuerte de toda su historia, poniéndose de relieve a principios de 1994. Los auxilios monetarios otorgados por el Gobierno para solventar la incapacidad de los entes financieros de responder a sus pasivos con el público, generaron mayores desequilibrios en las cuentas fiscales y en las cuentas externas de Venezuela y, por ende, en sus niveles de reservas internacionales. Todo ello llevó al Ejecutivo Nacional a tomar medidas de urgencia orientadas a frenar las presiones que se estaban generando sobre el nivel de precios y la tasa de cambio, decretándose para mediados de 1994 un control de cambio y de precios para bienes de primera necesidad.

Adicionalmente, se instrumentó un plan de urgencia en material fiscal, conocido como Plan Sosa, orientado a reducir el abultado déficit fiscal que se vio agravado por la deuda del Gobierno con el Banco Central de Venezuela. En este Plan se instrumentó una serie de reformas tributarias y se puso en vigencia e impuesto a los activos empresariales y el impuesto al débito bancario que tuvo tan sólo una duración de un año.

Como resultado, en 1994 se observa una contracción de la actividad económica del orden del 3,3 por ciento, junto con un repunte de los niveles de inflación al 70,8 por ciento, los cuales, no obstante, siguen siendo inferiores a los obtenidos en 1989, y en mantenimiento de los niveles del déficit fiscal, por cuanto el efecto de las reformas aún no se hacía sentir.

Para 1995, se espera que el Producto Interno Bruto crezca en menos del 1 por ciento, atribuible fundamentalmente a la actividad petrolera, la cual compensará el descenso de la actividad productiva interna. La inflación acumulada hasta octubre de 1995 alcanza valores cercanos al 40 por ciento, inferior a la de 1994, producto de la mejora en los ingresos fiscales internos (no petroleros) y del mantenimiento de la tasa de cambio a Bs. 170 por dólar de los Estados Unidos, nivel prevaleciente al momento de la implementación del control de cambios. La tasa de desempleo abierto se ubicó en 11 por ciento en el primer semestre de 1995, lo cual representa una cifra satisfactoria, si se toma en cuenta el alcance de la crisis financiera registrada en el país durante 1994 que afectó negativamente al aparato productivo nacional.

El mantenimiento de una tasa de cambio fijo ha conllevado a una apreciación real importante del bolívar y a una presión constante sobre los niveles de reservas operativas, las cuales llegaron en el mes de noviembre a los 4.500 millones de dólares, cifra que el Banco Central de Venezuela estipula como límite mínimo. No obstante, las limitaciones a la libre convertibilidad, no entorpecieron las corrientes comerciales, sino que, por el contrario, se observó un crecimiento de las importaciones venezolanas provenientes del resto del mundo, en un 25 por ciento entre 1994 y 1995.

La mejora en la recaudación fiscal del Gobierno por parte del Sistema Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), junto con los programas de reducción de gastos del Gobierno nacional han permitido una reducción de los niveles de déficit fiscal esperando con lo cual se da una clara señal de las intenciones del Gobierno de restablecer el equilibrio de las finanzas públicas.

Sin embargo, a lo largo de todos estos años de recesión, recuperación y subsecuente recesión, los resultados en materia de comercio exterior han sido positivos. Las exportaciones petroleras experimentaron un período de repunte hasta alcanzar su nivel máximo en 1991 y descender luego entre 1992 y 1994, y repuntar en 1995.

El elemento resaltante en esta materia es el comportamiento de las exportaciones llamadas no tradicionales, diferentes al petróleo o al mineral de hierro, las cuales han crecido a una tasa promedio interanual del 6,2 por ciento entre 1989 y 1994, pasando de 2.994 millones de dólares en 1989 a 4.580 millones de dólares en 1995. Dentro de este comportamiento resalta la diversificación de los productos exportados por Venezuela así como de los mercados de destino, dentro de los que se observa a Colombia ocupando el primer lugar y desplazando a Estados Unidos.

También es importante recalcar que se trata de exportaciones generadas en un 66 por ciento por el sector privado, lo cual reduce la dependencia de las exportaciones de materias primas realizadas por las empresas del Estado.

Este comportamiento es atribuible a la orientación de política comercial instrumentada, la cual se ha fundamentado en el fomento a las exportaciones no tradicionales y en la profundización de los esquemas de integración y negociación internacionales.

Los desequilibrios macroeconómicos mencionados anteriormente, requieren de la adopción de un programa de ajuste para restablecer los equilibrios macroeconómicos que permitan iniciar un proceso de crecimiento sostenido a partir de 1996, sustentado fundamentalmente en la iniciativa privada y un crecimiento hacia afuera. En este sentido el Gobierno nacional está negociando con el Fondo Monetario Internacional un programa integral de ajustes que incluye entre las áreas prioritarias de atención, la reducción gradual del déficit fiscal; la flexibilización del control de cambios; el fortalecimiento del sector financiero, una reforma estructural del sistema de seguridad social; la expansión de los programas sociales; la dinamización del aparato productivo; la ampliación del régimen competitivo de precios; nuevas políticas de tasas de interés; capacitación para el empleo y reforma de la administración pública y privatización.

Desarrollo de la política comercial 1990-1995

La política comercial venezolana del período 1990-1995 se desarrolló con base a los lineamientos plasmados en el Decreto N. 239 del 30 de mayo de 1989, mediante el cual se dictan las Normas para la Política Comercial de Venezuela.

El Decreto N. 239 establece entre otras medidas, la reforma arancelaria, la eliminación de las restricciones paraarancelarias, la flexibilización de los procedimientos administrativos para exportar, el establecimiento de mecanismos para enfrentar la competencia desleal, el diseño de la política integral de promoción de exportaciones, la adecuación de los compromisos a nivel del Grupo Andino y la incorporación de Venezuela al GATT.

Durante los dos primeros años de aplicación del mencionado decreto, se alcanzaron resultados importantes en materia de política comercial, en primer lugar, se logró reformar de manera integral el arancel de aduanas, reduciéndose hasta 1992 los topes arancelarios de 40 por ciento a 20 por ciento y estableciéndose cuatro niveles arancelarios basados en el grado de elaboración de la mercancía: 5 por ciento, 10 por ciento, 15 por ciento y 20 por ciento -con algunas excepciones del 35 por ciento para los vehículos automotor. Igualmente se redujeron al mínimo las restricciones no arancelarias a las importaciones, manteniéndose sólo aquellas permitidas por el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y que responden a razones de protección de la salud y la vida de las personas, animales y vegetales, la moral pública, el medio ambiente, y por razones de seguridad o defensa nacional.

Como parte fundamental de la política comercial venezolana, se dio particular énfasis a los procesos de negociaciones multilaterales, bilaterales y de integración comercial, con los fines de ampliar el acceso a los productos venezolanos a los mercados internacionales, en especial los mercados de los países latinoamericanos. En este ámbito resaltan las acciones emprendidas para la participación de Venezuela en las negociaciones de la Ronda Uruguay y la incorporación a la Organización Mundial del Comercio como Miembro inicial, a consolidación del Acuerdo de Cartagena, la firma del Acuerdo del Grupo de los Tres, la participación en las iniciativas para la Cumbre Hemisférica y otras acciones en el esquema de integración latinoamericana, como la firma del Acuerdo de Libre Comercio con Chile y de los Acuerdos de Complementación Económica con Brasil, Argentina, los países Centroamericanos y la Comunidad del Caribe.

Ronda Uruguay

Para Venezuela la conclusión de la Ronda Uruguay representó un hecho de suma importancia pues, de haber fracasado esta compleja ronda de negociaciones, el futuro sistema multilateral de comercio sería bastante incierto y habría sido más difícil detener las tendencias proteccionistas y el unilateralismo en materia comercial que practican algunos países o bloques de países y que afectan muy particularmente a los países en desarrollo.

Venezuela confía en que la aplicación de los resultados de la Ronda Uruguay -que ha evaluado como globalmente positivos- permitirá contar con condiciones comerciales más estables, seguras y previsibles, basadas en la apertura de los mercados y el reforzamiento de las disciplinas comerciales multilaterales. De vital importancia para nuestro país resultan en este contexto, las mejoras que fueron introducidas al mecanismo de solución de diferencias del GATT, al cual Venezuela ha recurrido en varias oportunidades. De hecho, la efectividad de este sistema se ha visto reforzada con la automaticidad en la adopción de los informes de los Grupos Especiales y con la posibilidad de acudir a instancias de apelación, cuyas sentencias en cuanto a conclusiones y recomendaciones serán de una naturaleza vinculante.

Todos éstos son aspectos que revisten particular relevancia para nuestro país, más aún si tomamos en cuenta que el relacionamiento comercial de Venezuela en los últimos años se ha intensificado de manera significativa. En este proceso de adaptación a las nuevas condiciones de la economía mundial, la participación de Venezuela, primero en el GATT y luego en la OMC, es considerado en nuestro país como un elemento de primerísima importancia en una estrategia de desarrollo que incluye el fomento de los sectores productivos, el incremento de las exportaciones no petroleras y la modernización del régimen legal del comercio exterior venezolano. La aprobación, en diciembre de 1994, del Acuerdo por el que se establece la OMC por parte del Congreso de la República es una prueba de la importancia que Venezuela le asigna a dicho acuerdo.

Acuerdo de Cartagena

Los avances en la consolidación del esquema de integración andino fueron significativos durante este período. En 1992, no obstante el retiro temporal del Perú de todos los compromisos relativos a la zona de libre comercio y unión aduanera, se logró la plena culminación del Programa de Liberalización para la Desgravación Arancelaria y Paraarancelaria Automática. La plena incorporación de Ecuador a la zona de libre comercio contribuyó positivamente a la consolidación del Grupo Andino. En lo que respecta al Perú, se negoció un acuerdo bilateral que permite un libre comercio para un importante número de productos de ambas partes, incluyendo prácticamente el 80 por ciento del comercio recíproco.

Por otra parte se adoptaron las siguientes acciones específicas orientadas al fortalecimiento del proceso de integración: adopción de un Régimen Común de Propiedad Industrial; reglamentación de la Política Andina de Eliminación de la Reserva de Carga; reglamentación de la Política Andina de Cielos Abiertos; adopción de las Normas Andinas sobre Valoración Aduanera; establecimiento de una Normativa Andina sobre Tránsito Aduanero; adopción de un Reglamento Andino sobre Sanidad Agropecuaria; eliminación de los subsidios a las exportaciones en el comercio intrasubregional.

Posteriormente, en 1994 se pone en vigencia el Arancel Externo Común (AEC) del Grupo Andino, el cual significa un paso trascendental hacia una etapa superior de la integración, haciendo más transparentes las condiciones de comercio y mejorando las posibilidades de ampliación del comercio y las inversiones. Por otra parte, el AEC fortalece a los países andinos en su posición negociador frente a terceros países.

También se aprobó la eliminación, a partir del 1. de enero de 1996, de la utilización de los Regímenes Aduaneros Especiales en el comercio intrasubregional con el fin de evitar distorsiones en la Unión Aduanera.

En el ámbito agrícola, se estableció el Sistema Andino de Franjas de Precios Agropecuarios, con el fin de estabilizar el costo de importación de un grupo especial de productos agropecuarios caracterizados por una marcada inestabilidad de sus precios.

Este tipo de avances en el proceso de integración andina han permitido que las relaciones con los países andinos en materia de comercio e inversiones sean altamente satisfactorias, observándose que las exportaciones no petroleras de Venezuela que se dirigieron a los países miembros del Grupo Andino en 1994 representaron un 31 por ciento del total, ubicándose como el primer destino de las mismas.

Grupo de los Tres

En 1990, Venezuela, Colombia y México comenzaron las negociaciones para la celebración de un Acuerdo de Complementación Económica que permitiera conformar una zona de libre comercio. El 1. de enero de 1995 entró en vigencia el Acuerdo de Libre Comercio del Grupo de los Tres, el cual constituye un elemento importante para las relaciones económicas de los países firmantes y para el futuro de los procesos de integración latinoamericana.

El Acuerdo no se restringe al ámbito del comercio de mercancías, sino que de forma mucho más amplia y ambiciosa abarca otras áreas fundamentales de la economía, como los llamados nuevos temas en el comercio internacional, con lo cual orienta y regula las relaciones de las Partes del Grupo de los Tres en lo relativo al comercio de servicios, inversión y propiedad intelectual. Este Acuerdo en su totalidad será notificado a la OMC una vez concluidas las negociaciones sobre servicios e inversiones aún en curso.

Participación en el esquema de integración latinoamericana

La participación de Venezuela es el esquema de integración latinoamericana se materializó en varios escenarios:

• a) Acuerdo de Complementación Económica con Chile: El 2 de abril de 1993 se suscribió el acuerdo de Complementación Económica con Chile, el cual entró en vigencia en el mes de julio de ese mismo año, con miras al establecimiento de un espacio económico ampliado, en un plazo no mayor de seis años.

      En este acuerdo se previó un programa de liberalización arancelaria gradual y diferenciado, de acuerdo al grado de sensibilidad productiva de cada país. En este sentido, se diseñó una lista de productos sometidos a un proceso de desgravación acelerada que culminará en 1996, una lista de productos sometidos a una desgravación más lenta para 1999, y una lista de excepciones para aquellos productos considerados de especial sensibilidad.

      Mención especial merecen los acuerdos alcanzados en materia de inversiones y transporte marítimo, mediante los cuales se aplicará trato nacional a las inversiones de la contraparte y se otorga la libertad de acceso a las cargas.

• b) Acuerdos sobre Comercio e Inversión con los países de Centroamérica y la Comunidad del Caribe: Se trata de acuerdos destinados a fortalecer las relaciones de cooperación de Venezuela con dichos países. El Acuerdo con CARICOM, que fue suscrito en octubre de 1992, entró en vigencia el 1. de enero de 1993 y contempla el otorgamiento de preferencias comerciales no recíprocas por parte de Venezuela.
• En lo que respecta a los países centroamericanos, se cumplió en 1992 con la primera etapa, consistente en un tratamiento especial para la oferta exportable de esos países, y se procedió luego, a principios de 1993, a la suscripción de un acuerdo marco sobre comercio e inversión que prevé la negociación de una zona de libre comercio entre Venezuela, Colombia y los cinco países miembros del Mercado Común Centroamericano, la cual aún no se ha culminado.
• c) Acuerdos de Complementación Económica con Brasil y Argentina: En 1992 se logró consolidar en un solo instrumento jurídico, el Acuerdo de Complementación Económica N. 20, los distintos acuerdos comerciales en el marco de la ALADI existían con Argentina. Posteriormente en 1993, se profundizaron las preferencias existentes hasta la fecha y se amplió el ámbito de productos incorporados en el Acuerdo, objeto de tratamiento preferencial para el comercio entre los dos países.
• Con respecto a Brasil, en 1994 se lleva a cabo la renegociación del Acuerdo de Complementación Económica N. 27, a través de la cual se profundizan las preferencias existentes y se incrementa el número de bienes que disfrutan de un tratamiento preferencial.

  Cumbre hemisférica

  Las relaciones comerciales de Venezuela con los países de Norteamérica han sido históricamente importantes para nuestro país. Estados Unidos ha sido por años el principal mercado para nuestros productos de exportación, y al igual que México y Canadá constituye potencialmente el mayor demandante de nuestros productos en el hemisferio. Este hecho, relacionado con los procesos de acercamiento y vinculación comercial de Venezuela con el Caribe, Centroamérica y América Latina, es parte esencial de nuestra política de comercio exterior.

  En este contexto, las iniciativas para la conformación de una Zona de Libre Comercio para las Américas para el año 2005, son compatibles con la vocación integracionista de Venezuela. Desde diciembre de 1994, fecha en la cual se establecieron los principios para la creación de esa Zona en la Cumbre de las Américas, los entes gubernamentales de nuestro país encargados del relacionamiento económico exterior, le han otorgado prioridad a los trabajos vinculados a esta área, con la finalidad de adelantar, según el cronograma establecido, las bases para la negociación de un espacio libre de obstáculos al comercio en el hemisferio, que nos permita aumentar nuestra capacidad productiva y de relacionamiento comercial con nuestros vecinos del continente.

  Perspectivas en materia de política comercial

  La estrategia venezolana en materia comercial se dirige hacia tres ámbitos principales de acción, que podríamos definir como: i) acciones a nivel multilateral en su sentido más amplio como lo es su participación en la Organización Mundial del Comercio; ii) acciones a nivel regional en América Latina y el Caribe; iii) acciones a nivel bilateral frente a sus principales socios comerciales: Estados Unidos, la Unión Europea y Japón.

  OMC

  La participación en la recién creada OMC implica un compromiso serio por parte de todos sus Miembros, así como una participación real en los quehaceres de esta importante Organización por parte de todos los agentes gubernamentales y económicos que intervienen en las distintas materias que son tratadas en su seno. Es por ello que una de las prioridades en materia de la estrategia comercial de Venezuela es la de difundir, internamente, a todos los niveles, los compromisos que contrajo el Estado en cada uno de los acuerdos, a los fines de evitar eventuales incumplimientos; así como la de difundir los derechos que resultan de los mismos, a los fines de beneficiarnos de éstos.

  Por otra parte, nuestra estrategia estará dirigida en este ámbito a la adecuada preparación para enfrentarse al programa de negociaciones futuras, bien sea en lo que respecta a las revisiones y verificaciones de la instrumentación práctica de los distintos acuerdos, o en lo que atañe a los nuevos temas que surgieron al final de las negociaciones de la Ronda Uruguay y que formarán parte de la futura agenda de la OMC.

  Integración hemisférica

  Desde la realización de la Cumbre de las Américas, celebrada en Miami en diciembre de 1994, Venezuela se encuentra inmersa de manera activa en todo el proceso inicial de negociación de la misma. Se pretende seguir dándole impulso a estas acciones que se espera conducirán a la conformación de la Zona de Libre Comercio para las Américas para el año 2005.

  América Latina y el Caribe

  El establecimiento de acuerdos y vínculos comerciales con países y grupos de países de Latinoamérica, también constituye una prioridad para Venezuela. En este sentido se profundizará la cooperación infrarregional tanto en materia comercial como en otras órdenes, según las afinidades geográficas económicas y culturales. Asimismo, se propicia la definición de espacios geopolíticos y geoeconómicos en base a factores de identidad común.

  Con el Grupo Andino, se profundizará la integración dentro de la subregión buscando la armonización de las políticas macroeconómicas de sus países miembros, así como la cristalización de acciones conjuntas en las negociaciones internacionales. Con MERCOSUR, se está en conversaciones para iniciar las negociaciones de un tratado de libre comercio en coordinación con los demás países del Grupo Andino. Por otra se perfeccionará la zona de libre comercio con Chile.

  Asimismo, Venezuela continuará con su política de cooperación con los países de la Cuenca del Caribe, con quienes se reforzarán nuestros nexos. Para comienzos de 1996 se revisará el Acuerdo sobre Comercio e Inversiones entre Venezuela y la Comunidad del Caribe, con la finalidad de evaluar el funcionamiento del mismo y profundizarlo.

  Se continuará en las actividades de cooperación dentro de la recién creada Asociación de Estados del Caribe (AEC), la cual engloba a todos los Estados de la Cuenca del Caribe, formando un conjunto centroamericano, suramericano e isleño.

  En cuanto a las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio con los países de Centroamérica, se espera finalizarlas en 1996, para así consolidar el relacionamiento comercial con esta región.

  Relaciones comerciales bilaterales con otros socios

  Se ejecutarán acciones a nivel bilateral con la intención de fortalecer los vínculos ya existentes con nuestros socios comerciales, para así lograr el mayor aprovechamiento de las ventajas ofrecidas por estos países, en materia de cooperación comercial y de inversión.

  Footnote: 1Los miembros del Grupo Andino son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.