El Salvador ha racionalizado y reducido progresivamente sus aranceles desde 1989, cuando los tipos de la nación más favorecida iban del 5 al 290 por ciento. Actualmente varían entre el 1 y el 30 por ciento, con un promedio no ponderado del 10,1 por ciento en 1995. Pocos derechos son superiores al 25 por ciento y se proyecta reducir la horquilla arancelaria a tipos entre el 0 y el 15 por ciento para 1999. El Salvador consolidó la mayoría de sus aranceles al adherirse al GATT en 1990 y amplió la cobertura de sus consolidaciones al 100 por ciento en la Ronda Uruguay.

    Se han suprimido la mayoría de los obstáculos no arancelarios. Según el informe, se requiere autorización para importar azúcar, se continúan necesitando licencias de importación sólo en el caso de los sacos de yute y la sal, y se siguen aplicando controles de la importación para la entrada en franquicia de algunos productos sensibles procedentes de otros Miembros del Mercado Común Centroamericano (MCCA).See footnote 1 El informe también especifica que todavía no se han establecido procedimientos de concesión de licencias para aplicar los contingentes arancelarios incluidos en los compromisos de arancelización contraídos por El Salvador en la OMC en el sector de la agricultura. El Salvador ha aprobado varias leyes sobre los procedimientos en materia de normas de origen, medidas antidumping y de salvaguardia para que su legislación concuerde con las disposiciones de la OMC. Continúa la labor en materia de valoración en aduana.

    Los sectores agrícola, industrial y de los servicios han estado sometidos a un proceso de ajuste a medida que se ha ido desmantelando el antiguo régimen proteccionista controlado por el Estado y han ido cobrando importancia las fuerzas del mercado. El sector agrícola, tradicionalmente importante, tuvo grandes dificultades en el decenio de 1980 a causa del conflicto armado, de una reforma agraria mal orientada y de la creación de entidades de comercialización.

    La industria salvadoreña, desarrollada con arreglo a una estrategia de sustitución de las importaciones para servir al mercado centroamericano, ha tropezado con dificultades para adaptarse al nuevo entorno comercial, y algunos sectores continúan recibiendo una gran protección arancelaria efectiva en el mercado interno. Las industrias que han aprovechado las ventajas proporcionadas por los regímenes de zonas francas y de recintos fiscales han tenido buenos resultados. Las exportaciones procedentes de las zonas francas y de los recintos fiscales se han elevado hasta alcanzar alrededor del 40 por ciento del total en 1995, y continúan incrementándose. Los principales mercados de El Salvador para productos agrícolas y prendas de vestir son los Estados Unidos y la Unión Europea. Los productos industriales se venden principalmente a los países centroamericanos.

    Los servicios representan el 62,1 por ciento del PIB de El Salvador. Actualmente las autoridades tienen en marcha un proceso de reconstrucción y renovación de la infraestructura, como carreteras, puertos y aeropuertos que son esenciales para el comercio. La función del Estado en otros sectores de servicios ha pasado a ser secundaria a causa del programa de privatización.

    Se han unificado los tipos de cambio y se han suprimido los controles cambiarios. Ahora el principal objetivo del Banco Central de Reserva es luchar contra la inflación y mantener la paridad monetaria, una tarea que se ha visto complicada por las grandes entradas de remesas procedentes de salvadoreños que trabajan en los Estados Unidos. La inflación, aunque se ha reducido considerablemente, todavía excede de los niveles internacionales. Las inversiones extranjeras directas están permitidas en todos los sectores, con algunas esferas muy limitadas reservadas a los nacionales. No se aplica ninguna medida en materia de inversiones relacionadas con el comercio. Tampoco hay una legislación que regule específicamente las condiciones de la competencia en el mercado salvadoreño y no hay ninguna autoridad en materia de competencia.

    Según el informe en 1993 entró en vigor una ley relativa a los derechos de propiedad intelectual pero su aplicación ha resultado difícil porque los recursos son insuficientes y porque no se tiene conciencia de que se está infringiendo la ley. No obstante, el Gobierno está haciendo lo posible por ponerla en práctica.

    El Salvador trata de alcanzar sus objetivos de política comercial mediante su programa de reforma unilateral, así como mediante negociaciones regionales, bilaterales y multilaterales sobre comercio e inversiones. Si bien se ha intensificado su actividad en el plano multilateral por conducto de la OMC, se consideran muy importantes las negociaciones comerciales regionales en el plano centroamericano y en el marco del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA).

    Entre las actividades realizados en el marco del Mercado Común Centroamericano se desarrolla un proceso de convergencia hacia un arancel externo común. Existen disposiciones legislativas comunes en varios sectores, entre ellos los de la valoración en aduana, la propiedad intelectual y las medidas antidumping y compensatorias. El Salvador, junto con Guatemala y Honduras, está negociando un acuerdo de libre comercio con México.

    Las relaciones comerciales de El Salvador con los países desarrollados dependen en gran medida de su participación en acuerdos comerciales bilaterales. Goza de privilegios de entrada en franquicia en los Estados Unidos en virtud de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y en la UE en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias.

    Desde 1989 el objetivo de las autoridades salvadoreñas ha sido crear una economía eficiente y diversificada, impulsada por el crecimiento de las exportaciones. El sólido crecimiento logrado desde la reforma demuestra el éxito de la estabilización macroeconómica, de la amplia liberalización del comercio y de las políticas de desregulación adoptadas. No obstante, la apreciación real del tipo de cambio a causa de las considerables entradas financieras (principalmente remesas) puede crear dificultades para el desarrollo y la diversificación de las exportaciones.

    Para mantener la estabilidad del entorno macroeconómico de El Salvador es necesario que prosigan los esfuerzos para seguir liberalizando la economía y actualizar el marco jurídico, para acelerar las operaciones de aduanas, facilitar el comercio y las inversiones y hacer cumplir la ley relativa a los derechos de propiedad intelectual. En las conclusiones del informe se observa que también se debe considerar una promoción más activa de la competencia en el mercado interno. Es necesario seguir esforzándose para reconstruir y desarrollar la infraestructura física y de servicios de la economía, así como para ampliar la base de capital humano.

Nota para las redacciones

    El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC) de la OMC examinará el informe de la Secretaría, junto con un informe elaborado por el Salvador, los días 25 y 26 de noviembre de 1996.

    El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC realiza una evaluación colectiva de la gama completa de las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro de la OMC a intervalos regulares, y sigue de cerca las tendencias y acontecimientos importantes que puedan tener consecuencias para el sistema mundial de comercio.

    Los dos informes citados, junto con un acta del debate del OEPC y el resumen del Presidente, se publicarán oportunamente como documentación completa del examen de las políticas comerciales de El Salvador. Podrán obtenerse en la Secretaría de la OMC, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

    Los informes abarcan la evolución de todos los aspectos de las políticas comerciales de El Salvador, como las leyes y reglamentos nacionales, el marco institucional, las prácticas comerciales por clase de medidas y las políticas comerciales por sectores. Desde la entrada en vigor de la OMC, los informes abarcan también las "nuevas esferas" del comercio de servicios y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Se adjuntan las observaciones recapitulativas del informe de la Secretaría y del Gobierno. Los periodistas que deseen disponer del texto íntegro de los informes pueden solicitarlo a la Secretaría de la OMC.

    Desde diciembre de 1989, se han llevado a cabo los siguientes exámenes: Argentina (1992), Australia (1989 y 1994), Austria (1992), Bangladesh (1992), Bolivia (1993), Brasil (1992 y 1996), Camerún (1995), Canadá (1990, 1992, 1994 y 1996), Colombia (1990 y 1996), las Comunidades Europeas (1991, 1993 y 1995), Costa Rica (1995), Côte d'Ivoire (1995), Chile (1991), Egipto (1992), Estados Unidos (1989, 1992, 1994 y 1996), Filipinas (1993), Finlandia (1992), Ghana (1992), Hong Kong (1990 y 1994), Hungría (1991), India (1993), Indonesia (1991 y 1994), Islandia (1994), Israel (1994), Japón (1990, 1992 y 1995), Kenya (1993), Macao (1994), Malasia (1993), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995), México (1993), Nigeria (1991), Noruega (1991 y 1996), Nueva Zelandia (1990 y 1996), Pakistán (1995), Perú (1994), Polonia (1993), la República Dominicana (1996), la República Checa (1996), la República de Corea (1992 y 1996), la República Eslovaca (1995), Rumania (1992), Senegal (1994), Singapur (1992 y 1996), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991 y 1996), Tailandia (1991 y 1995), Túnez (1994), Turquía (1994), Uganda (1995), Uruguay (1992), Venezuela (1996), Zambia (1996) y Zimbabwe (1994).

Informe de la Secretaría

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
EL SALVADOR
Informe de la Secretaría - Observaciones recapitulativas

Introducción

    Desde 1989, tras 10 años de conflicto interno, El Salvador viene aplicando unos programas de estabilización macroeconómica y de ajuste estructural con los que el crecimiento aumentó al 6,5 por ciento y la inflación descendió a alrededor del 11 por ciento en 1995. La economía se ha liberalizado con la introducción de reformas comerciales y la desregulación interna, reduciendo el sesgo antiexportación de la anterior política comercial e industrial. El nuevo entorno económico, junto con la modernización en curso de las leyes y reglamentos relativos al comercio, han creado oportunidades para las inversiones que son necesarias a fin de preparar el camino para un crecimiento estable a largo plazo.

Evolución económica general

    Los progresos logrados mediante el programa de reforma han hecho posible que El Salvador empiece a reconstruir su economía después del conflicto. Se han conseguido aumentar las inversiones en infraestructura y en capital humano mediante, entre otras cosas, la racionalización de los gastos, como parte integrante de una amplia reforma fiscal encaminada a reducir los gastos públicos y a aumentar los impuestos recaudados. Estas medidas han hecho que el déficit fiscal disminuya del 4,7 por ciento en 1989 a menos del 1 por ciento del PIB en 1995.

    Con la reforma fiscal se ha simplificado el régimen tributario y sólo subsisten unos pocos impuestos de aplicación general (el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre la renta y los aranceles). El IVA ha pasado a ser el impuesto más importante. Se han suprimido los impuestos a la importación y los incentivos fiscales sectoriales; los únicos incentivos fiscales que subsisten son los constituidos por el régimen de libre comercio y de zonas francas y recintos fiscales y por el sistema de desgravación fiscal.

    La limitación de los gastos se ha conseguido principalmente reduciendo la función del Estado. Así, se han privatizado o se están privatizando sectores clave de la economía. Las entidades de comercialización encargadas del café, del azúcar y del algodón, los tres productos agrícolas de exportación tradicionales, han perdido su poder monopolístico; en el sector financiero se han privatizado todos los bancos menos uno, y la Antel, rentable monopolio público de telecomunicaciones, está siendo privatizada, al igual que algunos servicios del aeropuerto y del puerto principales.

    Como parte integrante de una desregulación económica más amplia, se han unificado los tipos de cambio, se han suprimido los controles cambiarios y se ha liberalizado la cuenta de capital. Los tipos de interés son fijados ahora fundamentalmente por el mercado, y se ha suprimido la limitación cuantitativa de los créditos. El principal objetivo del Banco Central de Reserva es luchar contra la inflación, tarea que se ve complicada por las grandes entradas de remesas procedentes de salvadoreños que trabajan en los Estados Unidos. La inflación, aunque se ha reducido considerablemente, todavía excede de los niveles internacionales, por lo que, habida cuenta de la política de mantenimiento de un tipo de cambio nominal estable con respecto al dólar de los Estados Unidos, ha habido una apreciación de los tipos de cambio reales desde principios del decenio de 1990. Los déficit comerciales persistentes se han visto compensados con creces por las remesas y, más recientemente, por las entradas de capitales privados.

    El Gobierno ha tomado medidas para facilitar las inversiones extranjeras en la economía. Las inversiones extranjeras directas (IED) están permitidas en todos los sectores en El Salvador, y a los nacionales se les reservan unas esferas muy limitadas. Se está preparando una nueva ley destinada a simplificar y acelerar el proceso de registro y legalización de las inversiones, y para un futuro próximo se proyecta abrir una ventanilla única para simplificar los procedimientos de inversión. El Salvador no aplica ninguna medida en materia de inversiones relacionadas con el comercio.

El Salvador en el comercio mundial

    El comercio de El Salvador está concentrado desde el punto de vista tanto de las mercancías como de los mercados. Sus principales mercados son los Estados Unidos, principalmente para los productos agrícolas y las prendas de vestir (generalmente estas últimas se montan en zonas francas); la Unión Europea (UE), también para los productos agrícolas, y los países centroamericanos para los productos industriales.

    La concentración en el comercio puede atribuirse a tres factores. Primero, El Salvador goza de privilegios de entrada en franquicia en los Estados Unidos en virtud de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe y en la UE en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias. Segundo, las zonas francas se han especializado en el montaje de prendas de vestir que se exportan a los Estados Unidos con arreglo al programa de montaje en el extranjero, otro régimen preferencial. Tercero, el comercio intrarregional es importante a causa del Mercado Común Centroamericano (MCCA).

    Preocupa la falta de diversificación de las exportaciones. El contingente preferencial para el azúcar y el régimen de montaje en el extranjero vigentes en los Estados Unidos, aunque reportan beneficios a El Salvador, también frenan la diversificación en la producción y en el comercio; hay recursos que podrían destinarse a otros fines pero que se dedican a la producción de azúcar y a las industrias del vestido situadas en las zonas francas. Además, la apreciación real de la moneda en los últimos años se ha convertido también en un obstáculo que impide ampliar la base de exportación a causa de la pérdida de competitividad de las exportaciones salvadoreñas.

Objetivos de la política comercial

    Los objetivos de la política comercial de El Salvador incluyen la evolución hacia un régimen comercial más orientado al exterior, el mejoramiento y el aumento del acceso de los productos salvadoreños a los mercados extranjeros y una mayor integración de El Salvador en la economía mundial. El Salvador trata de alcanzar esos objetivos mediante su programa de reforma unilateral, así como mediante negociaciones bilaterales y multilaterales sobre comercio e inversiones. Las negociaciones comerciales regionales en el plano centroamericano y en el marco del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) se consideran muy importantes, pero El Salvador también ha intensificado su participación en el plano multilateral por conducto de la OMC.

    El Salvador se adhirió al GATT en 1991, pero no participó en ninguno de los acuerdos de la Ronda de Tokio. El Salvador ingresó en la OMC en mayo de 1995 y participa en todos los Acuerdos Comerciales Multilaterales pero no en los Acuerdos Comerciales Plurilaterales. El Gobierno se propone poner en práctica los Acuerdos de la OMC dentro de los plazos de que disponen los países en desarrollo.

    En El Salvador, los Acuerdos de la OMC, como tratados internacionales, tienen legalmente prioridad con respecto a cualquier disposición legislativa interna que esté en conflicto con ellos; no obstante, las autoridades están introduciendo progresivamente modificaciones encaminadas a poner determinadas leyes en consonancia con las disposiciones de la OMC. Por ejemplo, desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC se han aprobado nuevas disposiciones legislativas en las esferas de las normas de origen, las medidas antidumping y los procedimientos de salvaguardia, y entre las materias que todavía hay que examinar figura la valoración en aduana.

    El Mercado Común Centroamericano (MCCA) es la piedra angular de las relaciones comerciales regionales de El Salvador, y El Salvador atribuye especial importancia a la revitalización del MCCA. En este contexto, se ha iniciado un proceso de convergencia hacia el arancel externo común del MCCA, negociado en 1993, y existen disposiciones legislativas comunes en varios sectores, entre ellos los de la valoración en aduana, la propiedad intelectual y las medidas antidumping y compensatorias.

    El Salvador, junto con Guatemala y Honduras, está negociando un acuerdo de libre comercio con México; asimismo participa en las negociaciones encaminadas a establecer el Área de Libre Comercio de las Américas y también ha firmado acuerdos bilaterales sobre inversiones con varios países.

Marco institucional

    La responsabilidad primordial de la política comercial incumbe al Ministerio de Economía, que absorbió el anterior Ministerio de Comercio Exterior en 1989. Dentro del Ministerio, la Dirección de Política Comercial, creada en 1994, está encargada de formular, aplicar y revisar la política comercial, así como de negociar acuerdos comerciales. Cualquier ministerio competente puede proponer medidas en sectores específicos que afecten al comercio, pero esas medidas han de ser aprobadas por el Comité Económico, formado por el Presidente, el Vicepresidente, varios ministros y el Presidente del Banco Central de Reserva.

    No hay ningún órgano independiente que asesore oficialmente al Gobierno sobre las políticas comerciales. No obstante, el sector privado, por conducto de grupos de productores y de instituciones de investigación, asesora al Gobierno extraoficialmente.

Evolución de las políticas e instrumentos comerciales

    Desde 1989, El Salvador ha racionalizado y reducido progresivamente sus aranceles. Los tipos n.m.f., que antes de 1989 iban del 5 al 290 por ciento, varían actualmente entre el 1 y el 30 por ciento, con un promedio no ponderado del 10,1 por ciento en 1995. Pocos derechos son superiores al 25 por ciento. Se proyecta reducir la gama de los derechos aplicados a entre el 0 y el 15 por ciento para 1999; esto parece factible porque, como se ha indicado más arriba, El Salvador no utiliza los impuestos sobre el comercio para financiar su déficit fiscal. De hecho, pese a la reducción de los aranceles, los derechos recaudados han aumentado a causa de todo el proceso de liberalización y de la disminución del contrabando. A pesar de la reducción de los aranceles, subsiste la progresividad, que da a ciertas ramas de actividad salvadoreñas una protección efectiva mayor que la que parecerían indicar los tipos nominales, que son moderados.

    El Salvador consolidó la mayoría de sus aranceles al adherirse al GATT en 1990 y amplió la cobertura de sus consolidaciones al 100 por ciento en la Ronda Uruguay, aunque a tipos "máximos", generalmente del 40 por ciento, que son considerablemente mayores que los que se aplican actualmente.

    Se han suprimido la mayoría de los obstáculos no arancelarios. Se requiere autorización para importar azúcar, se continúan necesitando licencias de importación sólo en el caso de los sacos de yute y la sal, y se siguen aplicando controles de la importación para la entrada en franquicia de algunos productos sensibles procedentes de otros miembros del MCCA. Estos procedimientos no se han notificado a la Secretaría de la OMC y parecen carecer de transparencia. Todavía no se han establecido unos procedimientos de concesión de licencias para aplicar los contingentes arancelarios incluidos en los compromisos de arancelización contraídos por El Salvador en la OMC en el sector de la agricultura.

    Los procedimientos en materia de medidas antidumping, de medidas compensatorias y de salvaguardias se basan en la legislación centroamericana, que las autoridades juzgan compatible con la OMC. Sólo se ha notificado una medida en materia de derechos compensatorios en los últimos cinco años.

    Actualmente se están modernizando los procedimientos aduaneros, pero, aunque el plazo necesario normalmente para la tramitación parece moderado, se informa de que las demoras en las aduanas son motivo de preocupación para los importadores.

    El Salvador aplica actualmente las normas internacionales, pero se están preparando normas nacionales basadas en las normas internacionales.

    Para fomentar la producción de exportaciones no tradicionales destinadas a los mercados de fuera de Centroamérica, se ha establecido un sistema de desgravación fiscal a la exportación y se han modificado los regímenes aplicables a las zonas francas y a los recintos fiscales. El sistema de desgravación fiscal a la exportación se basa en un reembolso fijo equivalente al 6 por ciento del valor f.o.b. No hay subvenciones explícitas a la exportación.

    Los procedimientos para la exportación se han simplificado considerablemente al abrirse una ventanilla única en la que se tramitan todos los documentos. Se han suprimido los impuestos a la exportación. Sólo se mantienen los controles de la exportación en el caso del combustible diesel y del gas subvencionados que se destinan al consumo interno. Para la exportación se requiere un documento especial en el que se indica el cupo asignado dentro del contingente para las exportaciones preferenciales de azúcar a los Estados Unidos y para las exportaciones de textiles y de vestido sometidas a contingentes en los países importadores. Se requieren permisos de exportación en el caso de ciertos productos, entre ellos el cemento Portland, el cemento clinker y la caña de azúcar, para asegurar la disponibilidad interna. Las exportaciones de café están incluidas en el plan de no comercialización de la Asociación de Países Productores de Café.

    La mayoría de los controles de los precios internos fueron suprimidos en 1989, y en la práctica sólo ciertos productos del petróleo están actualmente sometidos a controles de los precios.

    Excepto la prohibición constitucional de los monopolios y las disposiciones que reglamentan ciertos sectores de servicios, no hay ninguna legislación que regule específicamente las condiciones de la competencia en el mercado salvadoreño y no hay ninguna autoridad en materia de competencia.

    En 1993 entró en vigor una ley relativa a los derechos de propiedad intelectual. La aplicación coercitiva de esa ley viene siendo difícil, porque los recursos son insuficientes y porque no se tiene conciencia de que se esté infringiendo la ley. No obstante, los poderes públicos vienen tratando de aplicar coercitivamente esa ley y, cuando se han puesto en su conocimiento casos de infracción, las autoridades han tomado las medidas pertinentes.

Evolución sectorial

    Los sectores agrícola, industrial y de los servicios han estado sometidos a un proceso de ajuste en El Salvador, a medida que se ha ido desmantelando el antiguo régimen proteccionista controlado por el Estado y que han ido cobrando importancia las fuerzas del mercado. El sector agrícola, tradicionalmente importante, tuvo grandes dificultades en el decenio de 1980 a causa del conflicto armado, de una reforma agraria mal orientada y de la creación de entidades de comercialización. Ciertas cosechas tales como las de algodón, que anteriormente era un importante producto de exportación, parecen haber desaparecido totalmente. Con todo, actualmente se está reactivando la producción agrícola como resultado de las reformas emprendidas desde 1992, tales como la garantía de los derechos de propiedad sobre la tierra, la privatización de las entidades de comercialización y la supresión de los impuestos a la exportación. El Salvador también ha promovido la producción de cultivos de exportación no tradicionales para mercados situados fuera de Centroamérica.

    La industria salvadoreña, desarrollada con arreglo a una estrategia de sustitución de las importaciones para servir al mercado centroamericano, ha tropezado con dificultades para adaptarse al nuevo entorno comercial. Las industrias, entre ellas las de los textiles y el vestido, que han podido desarrollarse y competir en mercados situados fuera de la región centroamericana continúan recibiendo una gran protección arancelaria efectiva en el mercado interno. Las industrias que han aprovechado las ventajas proporcionadas por los regímenes de zonas francas y de recintos fiscales han tenido buenos resultados, y el número de las industrias que operan con arreglo a esos dos regímenes viene aumentando. Las exportaciones procedentes de las zonas francas y de los recintos fiscales se han elevado hasta alcanzar alrededor del 40 por ciento del total en 1995, y continúan incrementándose.

    El sector de los servicios es el sector más grande de El Salvador, y su importancia ha aumentado desde principios del decenio de 1990 a causa del crecimiento de la construcción. Actualmente, las autoridades tienen en marcha un proceso de reconstrucción y renovación de la infraestructura, como carreteras, puertos y aeropuertos, que son esenciales para el comercio. La función del Estado en otros sectores de servicios ha pasado a ser secundaria a causa del programa de privatización.

Conclusión

    Desde 1989, el objetivo de las autoridades salvadoreñas ha sido crear una economía eficiente y diversificada, impulsada por el crecimiento de las exportaciones. El sólido crecimiento logrado desde la reforma demuestra el éxito de la estabilización macroeconómica, de la amplia liberalización del comercio y de las políticas de desregulación adoptadas. No obstante, la apreciación real del tipo de cambio a causa de las considerables entradas financieras (principalmente remesas) crea dificultades para el desarrollo y la diversificación de las exportaciones.

    El logro de un entorno macroeconómico estable es requisito sine qua non para sostener o incluso acelerar el crecimiento y el desarrollo, como desearían las autoridades, pero para ello hay que continuar liberalizando la economía. A este respecto, se está tratando de actualizar el marco jurídico, acelerar las operaciones de aduanas, facilitar el comercio y las inversiones y aplicar coercitivamente la ley de propiedad intelectual. También se debe considerar una promoción más activa de la competencia en el mercado interno. Es necesario seguir esforzándose para reconstruir y desarrollar aún más la infraestructura física y de servicios de la economía, así como para ampliar la base de capital humano, con objeto de acabar con las limitaciones que las deficiencias existentes en esos sectores imponen a las actividades encaminadas al desarrollo.

Informe del Gobierno

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
EL SALVADOR
Informe del Gobierno

Resumen ejecutivo

    El Salvador ha logrado dramáticos avances desde finales de la década de los ochenta. En 1989, el país se encontraba sumergido en un conflicto armado, el ingreso per-cápita era 15 por ciento menor que los niveles reportados en 1978, y la economía se encontraba deprimida, afrontando serios desequilibrios y distorsiones macroeconómicas.

    Como resultado de profundas reformas económicas para liberalizar la economía iniciadas desde junio de 1989, y una política orientada a la consecución de la paz y democratización del país, el Gobierno puso punto final al conflicto armado, logró recuperar la estabilidad de la economía, reactivar el crecimiento económico y lanzar un sistemático ataque a la pobreza extrema. Todos estos esfuerzos han llevado a El Salvador de una grave crisis económica en los ochenta, a un crecimiento económico sólido con estabilidad macroeconómica.

    Para sostener altas tasas de crecimiento económico, la apertura de la economía ha continuado profundizándose, como parte de una nueva visión estratégica del desarrollo basada en la productividad y la competitividad internacional. El Salvador aspira a lograr tasas de crecimiento similares a las de las economías más dinámicas del mundo lo antes posible, y consolidar rápidamente un ambiente de estabilidad política, económica y social que le permita al país integrarse a las cadenas de producción a escala mundial y convertirse en un espacio geográfico atractivo para la inversiones.

Principales reformas económicas y sociales (1989-1994)

    El programa de estabilización y ajuste estructural implementado en el período 1989-1994, impulsó una reforma comercial que permitió reducir los aranceles de un rango de 5-290 por ciento a 5-20 por ciento y disminuir los tramos arancelarios de 25 a solamente cuatro. La gran mayoría de exenciones arancelarias, barreras no arancelarias y controles de precios fueron eliminados. Adicionalmente, se eliminaron todos los impuestos a la exportación, controles cambiarios y depósitos previos a la importación. Asimismo, se abolieron los monopolios estatales que manejaban el comercio exterior y empresas estatales que controlaban la comercialización de productos agrícolas.

    En el ámbito fiscal, se introdujeron medidas encaminadas a la conformación de una estructura tributaria basada en pocos impuestos, de tasas bajas y de base amplia. Así, se sustituyó el impuesto de timbres por un Impuesto al Valor Agregado; se eliminaron varios impuestos, incluyendo el del patrimonio y el de donaciones y sucesiones; se simplificaron los tramos de ingreso para efectos del cálculo del impuesto sobre la renta y se disminuyó la renta marginal máxima a 25 por ciento, elevándose el piso exento. Además, se creó un registro de grandes contribuyentes, se aprobó la Ley del Delito Fiscal y se tomaron otras medidas para reducir las distorsiones y racionalizar los escudos fiscales.

    Durante este período, El Salvador concretó su adhesión al GATT y participó activamente en la Ronda Uruguay, lo que permitió imprimir certidumbre y transparencia a su régimen comercial, contribuyendo así a garantizar la irreversibilidad de las reformas económicas emprendidas.

    En el área monetario-financiera, el Banco Central de Reserva (BCR) liberalizó completamente las tasas de interés activas y pasivas y eliminó todas las ventanas de redescuento. Se liberalizó y unificó el tipo de cambio y el portafolio de préstamos del BCR fue trasferido a un banco de segundo piso, Banco Multisectorial de Inversiones (BMI). El Banco Central de Reserva completó exitosamente la reestructuración, recapitalización y privatización de los cinco bancos comerciales nacionalizados a principios de la década anterior y de cuatro asociaciones de ahorro y préstamo.

    El Gobierno ejecutó un agresivo programa de privatizaciones, habiendo logrado vender el Hotel Presidente, los activos del clausurado Instituto Regulador de Abastecimiento, más del 70 por ciento de la Zona Franca San Bartolo y la venta al sector privado de los bancos y asociaciones financieras mencionadas anteriormente.

    La atención a los sectores sociales mas vulnerables y el alivio de la pobreza, se atendieron a través de diversos programas de atención social ejecutados fundamentalmente por el Fondo de Inversión Social y otros programas contenidos en el Plan de Acción de Alivio de la Pobreza.

    Después de más de una década de postración económica, las medidas de ajuste estructural hicieron posible que el crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), pasara del 1.0 por ciento en 1989 al 3.5 por ciento en 1991, y del 5.2  por ciento en 1993 al 5.8 por ciento en 1994. La tasa de crecimiento del PIB per-cápita creció del -1.0 por ciento en 1989 al 3.5 por ciento en 1994. La inflación cayó al 10 por ciento en 1994, después de haber alcanzado un nivel del 33 por ciento en 1986. El déficit de la cuenta corriente registró una disminución del 7.0 por ciento del PIB en 1990 al 3.5  por ciento en 1994.

La nueva estrategia de desarrollo y perspectivas futuras

    A partir de 1994, el actual Gobierno ha tenido como objetivo fundamental profundizar las grandes reformas económicas impulsadas desde 1989, manteniendo condiciones que aseguran altas tasas de crecimiento, conservando el equilibrio macroeconómico y transformando el mayor ritmo de la actividad económica en desarrollo económico con equidad.

    La visión del Gobierno consiste en acelerar el crecimiento económico, volverlo sostenible y equitativo, y al mismo tiempo elevar el nivel global de competitividad de la economía. Ello parte del reconocimiento que el retorno de la paz y la nueva realidad económica internacional proveen grandes oportunidades para el desarrollo futuro del país.

    La meta de El Salvador es hacer posible la consolidación de un verdadero Estado de Derecho, priorizar la inversión en capital humano y la construcción con un sentido futurista de la infraestructura económica y social, garantizar una total apertura a la inversión y tecnología extranjera, y ejecutar una modernización integral del sector público en el marco de la plena vigencia de un modelo de economía de mercado. Todo ello será acompañado de la preservación del medio ambiente, la cual se busca convertir en una actividad económica rentable, para garantizar la existencia de un balance permanente entre la satisfacción de las necesidades materiales presentes y un mejor nivel de vida para las generaciones futuras.

    El Salvador se encuentra trabajando actualmente en la edificación de una economía dotada de un aparato productivo diversificado, eficiente y flexible para adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado local e internacional. A fin de poder competir adecuadamente en una economía mundial más dinámica e interdependiente, se realizan esfuerzos para construir una economía especializada en procesos productivos y en el comercio de servicios de alto valor agregado que, incorporando tecnología avanzada y apoyados por aumentos continuos de la productividad, sirven de sustento a actividades económicas capaces de generar un crecimiento económico robusto, dinámico y sostenible en el largo plazo.

    El Plan de Desarrollo Social enmarca sus objetivos a partir de la gran premisa de convertir el crecimiento económico en mayores oportunidades para todos, con equidad, movilidad social y libertad para progresar, como condición ineludible para alcanzar el bienestar social y construir una paz permanente.

    En este marco conceptual, las políticas sociales incluyen dos tipos de programas: los de impacto inmediato que contribuyen directamente al bienestar social y apoyan la superación humana; y los de inversión en capital humano, para lograr el desarrollo integral de la persona y mejorar su productividad, que rinden frutos en el mediano y largo plazo. El primer tipo de programas los realiza la Corporación de Desarrollo Local, que tiene como objetivo potenciar el reto del desarrollo local agregando el concepto innovador de desarrollo productivo. A través de la Corporación, se están canalizando recursos para crear condiciones que faciliten las inversiones productivas en las comunidades, generando empleos, ingresos y mejorando las condiciones de vida de la población. El segundo tipo de programas se están implementando fundamentalmente a través de la descentralización de la administración de los servicios, mediante la creación de proyectos en los cuales los ciudadanos o fundaciones privadas son los responsables de la ejecución de los mismos y del manejo de los presupuestos.

    El programa económico por su parte, contiene políticas tendientes al aumento continuo de la productividad, lo que deberá traducirse en ganancias de competitividad, que contribuyan a crear un círculo virtuoso que provoque un alto crecimiento económico libre de distorsiones, con baja inflación y aumentos permanentes en las remuneraciones de los factores productivos. Esto a su vez contribuirá a mejorar la equidad y la calidad de vida de todos los salvadoreños.

    Para concretar esta visión, El Salvador ha diseñado una estrategia de desarrollo basada en la productividad, y se encuentra implementando una política económica orientada a la consecución de un crecimiento sostenido, con tasas superiores al 6 por ciento en términos reales, manteniendo un ambiente macroeconómico estable y convirtiendo al país en un lugar atractivo para la inversión nacional y extranjera, mediante la profundización de las reformas estructurales y la reducción de los costos para operar en el país.

    La atracción de inversiones y los intentos de colocar al país en las cadenas de producción a escala mundial, se fundamentan en políticas que vuelvan al país más competitivo, sin basar esa competitividad en el mantenimiento de salarios bajos, pues ello va en contra de los objetivos del desarrollo social.

    El aumento de la productividad se está promoviendo por medio del fomento de la inversión en capital humano; el incremento de la inversión en infraestructura física; la promoción de una sana y libre competencia; la reducción de todos aquellos costos de producción que no representan valor agregado a precios internacionales; y el desarrollo de la infraestructura física e institucional de ciencia y tecnología.

    Actualmente, se está implementando un agresivo programa de mejoramiento de la inversión en capital humano. La meta del presente Gobierno es aumentar el gasto en formación de capital humano de aproximadamente 31 por ciento del Presupuesto General de la Nación en 1996 a 50 por ciento en 1999. Hay conciencia que el sistema educativo tiene que jugar un papel protagónico para mejorar la distribución del ingreso y la equidad social y para generar crecimiento económico, especialmente hoy que la globalización económica requiere de mano de obra más educada, con muchas más habilidades y competencias para que un país pueda ser competitivo a escala mundial.

    El sistema educativo en El Salvador está experimentando una profunda reforma destinada a mejorar la calidad de la educación, ampliar su cobertura y modernizar la entidad responsable de su administración. Se está ejecutando un programa de Modernización de la Educación Básica financiado con préstamos del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto superior a los US$75.0 millones, el que tiene como principal objetivo aumentar la matrícula de la educación preescolar y primaria así como disminuir la repitencia y deserción. Además, dentro del programa se ejecuta una reforma curricular para el aumento de la calidad de la educación media y secundaria y contiene un componente de capacitación de maestros.

    La capacitación y entrenamiento de trabajadores (educación no formal), así como la mejoría de la capacidad científica y tecnológica del país, están siendo atendidas por medio del Programa Nacional de Competitividad. Este programa financiado por un préstamo del Banco Mundial por un monto superior a los US$16.0 millones, tiene como objetivo apoyar el Programa Económico del Gobierno para acelerar el proceso de desarrollo impulsado por el sector privado y aumentar la productividad.

    También se encuentra en ejecución el Programa de Modernización del Estado, cuyo objetivo es crear un mercado competitivo en el país, garantizar una eficiente provisión de bienes y servicios públicos esenciales, reorientar los recursos públicos para apoyar el crecimiento económico y atender las necesidades más urgentes de los pobres.

    Las áreas claves del Programa son la privatización de servicios públicos, el otorgamiento de concesiones y la descentralización. Se espera que la privatización de la compañía estatal de comunicaciones (ANTEL) y de cuatro distribuidoras eléctricas, esté concluida a más tardar en los próximos seis meses. Además, como parte de una reforma integral del sistema de pensiones actualmente en curso, los fondos de pensiones se darán en administración a empresas privadas de gestión. Se concesionará a empresas privadas la administración de los puertos, aeropuertos y algunas carreteras del país. Se abrirá a la participación del sector privado la provisión de servicios de agua, salud y educación que actualmente presta el Estado.

    Dentro de la reforma del Estado actualmente en marcha, la desburocratización contempla la modernización y reducción del tamaño del sector público para aumentar su capacidad y eficacia.

    El Programa de Reforma del Estado y el Programa Nacional de Competitividad, están dando vida a la nueva visión de desarrollo "El Salvador 2021", la cual se espera se convierta en un Programa de Nación apoyado por todos los sectores, que permita a El Salvador convertirse en el año 2021, es decir 300 años después de su Independencia, en un país con niveles de desarrollo económico, social, político, tecnológico y cultural lo más cercano posible a los mostrados por los países desarrollados.

    A estas reformas, que se podrían denominar de "segunda generación", se unen otras medidas para mejorar el clima de negocios y reducir los costos de hacer negocios en el país; para incrementar la capacidad tecnológica de las empresas del sector privado y de la mano de obra a fin de aumentar la productividad y la competitividad a nivel internacional; y para construir consensos en la implementación de la nueva estrategia de desarrollo, facilitando el flujo de información pública y fomentando el diálogo entre el sector privado, sector público y los trabajadores.

    Consciente de la necesidad de expandir la estabilidad macroeconómica, el país continúa desarrollando una agenda de política económica para mejorar el desempeño fiscal, internacionalizar su sector financiero, obtener una mejor capacidad de manejo macroeconómico ante los problemas que puede generar el creciente y sostenido flujo de remesas familiares y aliviar las presiones sobre el tipo de interés y los precios.

    El Salvador ha logrado grandes avances en esta materia. En agosto de este año, la firma clasificadora de riesgos Standard and Poors, incluyó a El Salvador dentro de las economías mundiales que gozan de perspectivas positivas para mantener estabilidad económica de largo plazo y que ofrecen un buen clima de inversión. Las deudas del país en moneda extranjera obtuvieron una calificación de BB y en moneda nacional de BBB. Hoy en día la carga de la deuda es modesta y está muy por debajo del promedio de deudas soberanas que gozan de calificaciones crediticias similares (similarly-rated sovereign debt). Históricamente, El Salvador siempre ha cumplido cabalmente y a tiempo con sus obligaciones financieras internacionales.

    La política comercial en esta nueva estrategia, se fundamenta en un programa de desgravación arancelaria, que tiene como propósito reducir los costos domésticos de producción, contribuir a la modernización del aparato productivo y convertir al país en un lugar competitivo para producir. Los aranceles aplicables a los bienes de capital y materias primas, han sido reducidos del 5 por ciento al 1 por ciento y del 5 por ciento al 3 por ciento, respectivamente, y llegarán al 0 por ciento en diciembre de este año. Ello implica que más del 55 por ciento del universo arancelario será reducido a 0 por ciento de manera unilateral. El programa de desgravación arancelaria puesto en marcha prevé una reducción unilateral de un punto porcentual del techo semestralmente, iniciándose en junio de 1997, de tal forma que para junio de 1999, la estructura arancelaria cuente con un piso de 0 por ciento y un techo de 15 por ciento, disminuyéndose así la dispersión y los promedios arancelarios.

    Por otra parte, se está realizando una revisión exhaustiva de los procedimientos y trámites administrativos que afectan las exportaciones e importaciones, con el objetivo de imprimir mayor transparencia, agilidad y desburocratización de los mismos. Para finales de 1997, se espera contar con un Punto Focal de Comercio o "Trade Point" que será administrado por el sector privado e igualmente, haber finalizado el programa de modernización de Aduanas, el cual incluye la privatización de algunos servicios.

    Otras acciones importantes dentro de la política comercial, incluyen la presentación a la Asamblea Legislativa el próximo mes de octubre, de un Proyecto de Ley de Libre Competencia y la elaboración de una nueva Ley de Inversiones. Esta adecuará los beneficios y garantías legales que se ofrecen a los inversionistas, a la nueva realidad económica del país.

    El Salvador ha sido clasificado en 1996 por el Heritage Foundation como el segundo país con economía más libre en América Latina junto con Chile, como resultado de la continuidad y profundización del proceso de apertura de la economía salvadoreña.

Vínculos comerciales multilaterales, regionales, subregionales y bilaterales

    Para enfrentar los desafíos de la globalización, se están destinando grandes esfuerzos y recursos al perfeccionamiento y ampliación del Proceso de Integración Económica Centroamericana. La región constituye no sólo un mercado natural para las exportaciones no-tradicionales de El Salvador, sino también el más importante (excluyendo la maquila). Las exportaciones totales de El Salvador hacia la región Centroamericana, han aumentado de 257 millones de dólares en 1990 a más de 430 millones de dólares en 1995.

    La Integración Centroamericana, se concibe como un instrumento irremplazable para la completa inserción del país en la economía internacional, como un medio que contribuye a la búsqueda de relaciones económicas balanceadas con otras regiones del mundo y como un elemento multiplicador de las reformas económicas y sociales que se impulsan. Por ello, El Salvador ha participado y patrocinado activamente la actualización del marco institucional de la integración centroamericana, la modernización del régimen jurídico sustantivo que la regula y la aprobación de reglamentos comerciales plenamente compatibles con las disposiciones, normas y disciplinas de la OMC.

    El Salvador también participa en otros procesos de integración regional tal como el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El ALCA convertirá el hemisferio occidental en el espacio económico integrado más grande y poderoso del mundo, con un PIB combinado de más de 7.7 trillones de dólares y un mercado de más de 745 millones de consumidores. Una prueba del compromiso de El Salvador y de los países centroamericanos para alcanzar el libre comercio hemisférico en el año 2005, lo constituye el hecho que la Presidencia de tres importantes grupos de trabajo, el de inversiones, propiedad intelectual y el de acceso a mercados, están a cargo de Costa Rica, Honduras y El Salvador respectivamente.

    A nivel subregional, El Salvador junto con Guatemala y Honduras han reiniciado el proceso de negociaciones para la suscripción de un acuerdo de libre comercio con México, que abarcará el comercio de bienes y de servicios, así como la negociación de temas nuevos (propiedad intelectual, compras gubernamentales e inversiones).

    Acuerdos bilaterales de promoción y protección recíproca de inversiones han suscrito recientemente con Argentina, Ecuador, España, Perú, República de China, Suiza. Acuerdos similares se encuentran actualmente en negociación con Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Corea y Estados Unidos.

    La orientación de la política comercial en lo que respecta a negociaciones comerciales, se concentra en el fortalecimiento y diversificación de las relaciones económicas con socios comerciales y bloques económicos de todo el mundo, entendiendo que los procesos de integración ya no forman parte de una estrategia de desarrollo hacia adentro, sino por el contrario, son la plataforma para lograr una incorporación más efectiva al proceso de globalización, vitalizando las corrientes de comercio e inversión con una visión de desarrollo hacia afuera.

    En el plano multilateral, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el 9 de marzo de 1995, el Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay y de Negociaciones Comerciales Multilaterales, así como el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC) y sus Anexos. Después de haber concluido los trámites respectivos, El Salvador pasó a formar parte de la OMC como miembro de pleno derecho el 7 de mayo de 1995. Este significativo acontecimiento, junto con la adhesión del país al GATT en 1991, ha tenido un rol importante en el desarrollo del régimen comercial, ya que permitió a la política comercial salvadoreña promover una mayor apertura y asegurar su permanencia, teniendo como uno de sus principales fundamentos legales los principios multilaterales.

    Los acuerdos de la OMC son considerados críticos para garantizar condiciones adecuadas de acceso a los mercados de nuestros socios comerciales, para obtener condiciones de reciprocidad ante el proceso unilateral de liberalización comercial y, en general, para salvaguardar los intereses comerciales del país ante cualquier medida restrictiva que socave los derechos del país inherentes a su condición de Miembro de la OMC.

    El Salvador tiene especial interés en que todos los Miembros de la OMC apliquen estrictamente todos los Acuerdos resultantes de la Ronda Uruguay especialmente el Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. El cumplimiento de los Acuerdos es indispensable para que la Organización gane mayor credibilidad y para que los sectores privados tengan confianza en la misma como foro de consulta, de negociaciones, y de solución de diferencias.

    A pesar de las evidentes limitaciones presupuestarias debido al pequeño tamaño relativo de nuestra economía y al financiamiento de los Acuerdos de Paz -que han significado erogaciones del Gobierno superiores a los US$2,000 millones en los últimos tres años- El Salvador se está esforzando en destinar recursos para mejorar y construir toda la infraestructura institucional y el marco legal necesario para administrar y cumplir cabalmente todos los acuerdos de la OMC. Internamente, se ha avanzado notablemente en la aprobación de leyes y revisión de disposiciones en relación a la protección y fomento de la propiedad intelectual; normas sanitarias y fitosanitarias; reglamentos regionales sobre normas de origen, prácticas de comercio desleal y cláusulas de salvaguardia; procedimientos aduaneros, y política agrícola, entre otros.

    Dada la naturaleza crítica de los Acuerdos de la OMC referida anteriormente, es motivo de profunda preocupación la aplicación cada vez más frecuente de restricciones comerciales unilaterales y extraterritoriales. Estas medidas obstaculizan y muchas veces imposibilitan, el acceso de nuestros principales productos de exportación a los mercados de los países que las imponen.

    Igualmente, causa preocupación el uso desmedido de mecanismos de salvaguardia previstos en los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías de la Ronda Uruguay, especialmente los continuos llamados a consulta para la limitación de las exportaciones de productos textiles y de confección que se han recibido desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. Los límites cuantitativos a las exportaciones están causando un daño tremendo a las posibilidades de desarrollo de una de las ramas industriales en la que el país es competitivo a nivel internacional, y que ofrece las mejores perspectivas para la generación de empleo y de crecimiento económico, economías de escala, integración vertical y producción de alto valor agregado.

    No obstante lo anterior, una primera evaluación global de lo que han significado los primeros dos años de vigencia de la OMC, permite concluir que es positivo el saldo que deja el funcionamiento de un sistema de comercio mundial revigorizado. Hoy se cuenta con reglas más claras y transparentes y con un mecanismo sobre la solución de diferencias reforzado, que son básicos para la apertura de mercados y, lo que es más importante, se ha construido una organización dotada de mayor capacidad para hacer cumplir los Acuerdos. Definitivamente, todo esto ha traído como resultado un incremento en los niveles de certidumbre y previsibilidad del comercio en relación a los que existían previamente.

    La creación de la OMC indiscutiblemente ha representado un aporte importante para que los países miembros enfrenten de mejor manera las oportunidades y desafíos de la globalización económica y estén mejor posicionados para cumplir sus metas económicas y sociales. Sin embargo, aún queda mucho por hacer y por cumplir de cara a la implementación total y a tiempo de los Acuerdos de Marrakech, y al grado de avance que ha tenido la agenda de trabajo de la OMC con respecto al cumplimiento de los mandatos que emanan de la Ronda Uruguay, incluyendo las negociaciones aún inconclusas.

    El Salvador considera que la Reunión Ministerial de Singapur a celebrarse en diciembre próximo debe ante todo, focalizar su atención en la revisión integral de los informes que presentaron los diferentes Consejos, Comités y Grupos de Trabajo, sobre el avance en la implementación de los Acuerdos y en decidir las formas en que se apoyará a los países que tienen dificultades en cumplirlos. También debería prestarse atención a la búsqueda de mayores oportunidades comerciales para los países en desarrollo.

    A nuestro país le inquieta particularmente que se incluyan nuevos temas en la Agenda de Singapur sin que antes se haya recolectado suficiente información sobre los beneficios del sistema, y sin que se hayan realizado los estudios analíticos que provean la más amplia y clara visión sobre los problemas y limitaciones que los países miembros tienen para cumplir las concesiones otorgadas y los compromisos adquiridos. Por lo tanto, nos parece improcedente ampliar la cobertura de la OMC a temas como el de los derechos laborales, el cual debe ser atendido en otros foros multilaterales especializados cuyo mandato es el tema laboral como es el caso de la Oficina Internacional del Trabajo. Observamos con profunda preocupación que en muchos planteamientos sobre esta temática, existe una instrumentalización de los objetivos legítimos de promoción de los derechos laborales para alcanzar otros fines. En la práctica, hemos constatado que bajo el pretexto de hacer valer los genuinos derechos de los trabajadores -que el Gobierno de El Salvador protege, respeta y promueve- se esconden intereses que sólo buscan fines proteccionistas, cerrando oportunidades de acceso a los mercados.

    El Salvador ciertamente participará en la Reunión Ministerial de Singapur con una actitud positiva y propositiva, comprometido totalmente en que el programa de trabajo de la OMC se cumpla y en cooperar para que la fortaleza y credibilidad de la Organización se consolide. Este es un punto crucial para complementar las profundas reformas económicas y sociales emprendidas por nuestro país que tienen como objetivo mejorar nuestra capacidad para aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece la globalización económica y la liberalización.

Footnote: 1Integran el MCCA los siguientes miembros: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.