Malí: noviembre de 1998

Un nuevo informe de la Organización Mundial del Comercio, el primero sobre las políticas y prácticas comerciales de Malí, subraya la importante labor de liberalización realizada unilateralmente por este país, en especial en los sectores agrícola y minero. No obstante, el informe indica que los impuestos, las autorizaciones especiales y las prohibiciones que afectan a algunos productos no contribuyen a favorecer las exportaciones.

El informe de la Secretaría de la OMC y una exposición de políticas preparada por el Gobierno de Malí servirán de base para el examen de las políticas comerciales de Malí, que se llevará a cabo al mismo tiempo que el de Burkina Faso los días 18 y 20 de noviembre de 1998.

El informe de la OMC indica que el Gobierno de Malí comenzó en 1988, con el apoyo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, una serie de reformas que tienen por finalidad abrir la economía de Malí y reforzar la función del sector privado. En el marco de esas reformas, el Gobierno de Malí ha privatizado empresas públicas, ha reducido la presión fiscal, ha desmantelado los obstáculos no arancelarios al comercio y ha simplificado considerablemente la estructura de los derechos e impuestos de importación. Para fomentar las exportaciones Malí ha abolido derechos e impuestos aplicables a un gran número de productos, ha introducido el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y ha creado zonas francas.

Las exportaciones están constituidas principalmente por algodón (50 por ciento de los ingresos de exportación de mercancías) del que Malí es el primer productor del África Subsahariana, oro (17 por ciento) y productos de la ganadería. El informe indica que la balanza comercial de Malí está en déficit permanente, ya que las exportaciones no representan más que alrededor la mitad de las importaciones. Esto contribuye al déficit estructural de la cuenta corriente provocado por el déficit de la balanza de servicios, resultante a su vez de los grandes pagos que hay que hacer por concepto de servicios de flete y de seguro, así como por concepto de intereses de la deuda, que han aumentado con la devaluación del franco CFA (Comunidad Financiera Africana).

Por lo que se refiere a la importación, Malí percibe varios derechos e impuestos: un derecho de aduana de 0 ó 5 por ciento, un derecho fiscal de importación de 0, 10 ó 25 por ciento, una contribución por prestación de servicios de 3 por ciento sobre los productos del petróleo y de 5 por ciento sobre los demás productos y un impuesto coyuntural de importación del 55 por ciento sobre el azúcar. La media aritmética simple de esos derechos es del 22,1 por ciento, con un mínimo del 3 por ciento y un máximo del 35 por ciento, que llega al 75 por ciento en el caso del azúcar. Con una dispersión mediana, los derechos de entrada representan una progresividad, en general negativa, de los productos brutos a los semielaborados. Además de los derechos e impuestos de entrada, desde 1991 está en vigor un impuesto sobre el valor añadido, que tiene 2 tipos (10 por ciento y 15 por ciento).

Los principales interlocutores comerciales de Malí son Côte d'Ivoire, la Unión Europea y el Senegal. Malí obtiene más de la mitad de sus ingresos de exportación del comercio con los países en desarrollo, sobre todo de la subregión del África Occidental. Suiza constituye una salida importante para el algodón de Malí.

Malí es miembro fundador de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO). El objetivo de esa organización es crear una unión económica mediante la convergencia de las políticas económicas y la armonización de las legislaciones fiscales. Ya se ha realizado la integración monetaria, con un banco central común y una moneda común. La próxima etapa consiste en la creación de una unión aduanera con un arancel exterior común de 4 tipos arancelarios (1 por ciento, 6 por ciento, 11 por ciento y 21 por ciento). El programa de aplicación del arancel exterior común que debería reducir el número de impuestos percibidos por Malí, se inició en julio de 1998 y debería terminar en enero del año 2000. Malí es también miembro de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), cuyo Tratado prevé igualmente la creación de una unión aduanera.

En el marco del Convenio de Lomé y del Sistema Generalizado de Preferencias, Malí goza de los tratos preferenciales que se conceden a los países en desarrollo. No obstante el informe señala que el alcance de esos diferentes tratos preferenciales no recíprocos está limitado sobre todo por la naturaleza del pequeño número de productos que exporta Malí, consistentes en materias primas que generalmente están sometidas a derechos de importación NMF nulos o muy pequeños en los países importadores.

El sector agropecuario proporciona alrededor del 48 por ciento del PIB real de Malí y ocupa al 80 por ciento de la población activa. Aunque Malí ha realizado importantes reformas de liberalización en este sector, el Estado aún participa en la producción del algodón y las empresas públicas intervienen también en la producción y comercialización de los productos de la ganadería y del arroz. Existen varias prohibiciones y autorizaciones especiales de exportación, en particular para algunos animales de la especie bovina y para las pieles y cueros.

El sector manufacturero todavía está poco desarrollado en Malí. No proporciona más que aproximadamente un 13 por ciento del PIB. Malí tiene posibilidades en el sector agroalimentario y en el de los textiles, pero la progresividad negativa de los derechos de entrada no es favorable al desarrollo del sector. El establecimiento del arancel exterior común debería reducir los derechos de entrada aplicables a las materias primas.

El sector de los servicios, dominado por el comercio no estructurado, representa alrededor del 40 por ciento del PIB. No obstante, dados los pocos compromisos que ha contraído en el plano multilateral, Malí no se beneficia plenamente de la liberalización que ya ha realizado unilateralmente. Por el momento, las consolidaciones limitadas de Malí no garantizan a los inversionistas, sobre todo extranjeros, la irreversibilidad de las reformas de liberalización.

El informe indica que se ha dado nuevo impulso a las actividades del sector minero de Malí mediante la explotación de los yacimientos auríferos. Asimismo, las garantías y las diferentes ventajas, en particular fiscales y aduaneras, que ofrece el Código Minero de 1991 han contribuido a dar nuevo impulso a las actividades mineras en Malí. No obstante, el Estado se reserva el derecho a participar en hasta un 20 por ciento en el capital de las empresas mineras; está prohibida la exportación de materias preciosas en bruto, y las ventas de esas materias transformadas están sometidas a un impuesto por prestación de servicios del 3 por ciento. El informe sugiere que se revisen las disposiciones relativas a la participación del Estado y la prohibición que afecta a las materias preciosas en bruto, ya que podrían desalentar a los inversionistas y agravar la proliferación de actividades no estructuradas.

Los derechos de propiedad intelectual están protegidos en Malí por el Acuerdo de Bangui sobre la propiedad industrial, firmado por una quincena de países africanos y por el que se creó la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), y por una ley de 1984 sobre el derecho de autor. En la OAPI se está trabajando para armonizar las disposiciones del Acuerdo de Bangui con las obligaciones que impone a los países Miembros de la OMC el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. En Malí, las falsificaciones afectan principalmente a los medicamentos, las casetes de audio, los artículos de deportes y las grandes marcas. Los actos de piratería y de falsificación dan lugar a pocas condenas. Ante el aumento del consumo de medicamentos falsificados, como consecuencia del encarecimiento de las importaciones debido a la devaluación del franco CFA, las autoridades de Malí han renunciado a percibir derechos e impuestos de importación sobre los medicamentos esenciales.

Como conclusión el informe dice que el establecimiento del arancel exterior común podría hacer que se elevasen la protección arancelaria nominal y las tasas efectivas de protección en Malí. Dado que las preocupaciones fiscales prevalecen generalmente sobre el carácter proteccionista de los derechos de entrada en Malí, es de esperar que se supriman completamente los impuestos a la exportación si el arancel exterior común permite obtener unos ingresos públicos más sustanciales. Aparte de las preocupaciones fiscales, la falta de información sobre el ámbito de aplicación y el alcance de los Acuerdos de la OMC, así como sobre las obligaciones impuestas a los países Miembros, explica que se hayan tomado medidas como la contribución por prestación de servicios, que no figura en la lista de los demás derechos e impuestos consolidados por Malí. Por consiguiente, la asistencia en materia de divulgación de las disposiciones de los Acuerdos de la OMC podría garantizar el respeto de éstos por Malí.

Nota para las redacciones

El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC) de la OMC examinará los informes de la Secretaría de la OMC y del Gobierno de Malí los días 18 y 20 de noviembre de 1998. El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la OMC realiza una evaluación colectiva de la gama completa de las políticas y prácticas comerciales de cada Miembro de la OMC a intervalos regulares y sigue de cerca las tendencias y acontecimientos importantes que puedan tener consecuencias para el sistema mundial de comercio. El informe de la Secretaría abarca todos los aspectos de la política comercial de Malí, como las leyes y reglamentos nacionales, el marco institucional, las prácticas comerciales por clase de medida y las políticas comerciales por sectores. Desde la entrada en vigor de los Acuerdos de la OMC los informes abarcan también las "nuevas esferas" del comercio de servicios y los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

Se adjuntan en este documento las observaciones recapitulativas que figuran en el informe de la Secretaría y algunos extractos del informe del Gobierno. Los periodistas que deseen disponer del texto íntegro de los informes de la Secretaría y del Gobierno pueden solicitarlo a la Secretaría (llamando al número 41 22 739 5019). Los periodistas pueden encontrar asimismo estos informes en la sala de prensa del sitio Web de la OMC (www.wto.org). Los dos informes citados, junto con un acta del debate del OEPC y el resumen del Presidente, constituirán el examen completo de las políticas comerciales de Malí, se publicarán oportunamente y podrán obtenerse en la Secretaría de la OMC, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

Desde diciembre de 1989 se han llevado a cabo los siguientes exámenes: Argentina (1992), Australia (1989, 1994 y 1998), Austria (1992), Bangladesh (1992), Benin (1997), Bolivia (1993), Botswana (1998), Brasil (1992 y 1996), Camerún (1995), Canadá (1990, 1992, 1994 y 1996), Chile (1991 y 1997), Chipre (1997), Colombia (1990 y 1996), Comunidades Europeas (1991, 1993, 1995 y 1997), Corea, Rep. de (1992 y 1996), Costa Rica (1995), Côte d'Ivoire (1995), Egipto (1992), El Salvador (1996), Estados Unidos (1989, 1992, 1994 y 1996), Fiji (1997), Filipinas (1993), Finlandia (1992), Ghana (1992), Hong Kong (1990 y 1994), Hungría (1991 y 1998), India (1993 y 1998), Indonesia (1991 y 1994), Islandia (1994), las Islas Salomón (1998), Israel (1994), Jamaica (1998), Japón (1990, 1992, 1995 y 1998), Kenya (1993), Lesotho (1998), Macao (1994), Malasia (1993 y 1997), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995), México (1993 y 1997), Namibia (1998), Nigeria (1991 y 1998), Noruega (1991 y 1996), Nueva Zelandia (1990 y 1996), Pakistán (1995), Paraguay (1997), Perú (1994), Polonia (1993), República Checa (1996), República Dominicana (1996), República Eslovaca (1995), Rumania (1992), Senegal (1994), Singapur (1992 y 1996), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993 y 1998), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991 y 1996), Swazilandia (1998), Tailandia (1991 y 1995), Túnez (1994), Turquía (1994 y 1998), Uganda (1995), Uruguay (1992), Venezuela (1996), Zambia (1996) y Zimbabwe (1994).

Informe de la Secretaría

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
MALI
Informe de la Secretaría - Observaciones recapitulativas

El entorno económico

Malí forma parte de los países menos adelantados (PMA) del África Occidental y alcanzó la independencia el 22 de septiembre de 1960. Al independizarse, Malí optó por una economía planificada mediante planes quinquenales preparados por el Estado. En apoyo de esa opción, se crearon empresas estatales en todos los sectores. Malí salió de la zona del franco y creó el franco de Malí en 1962.

Los límites inherentes a esa estrategia de desarrollo (en particular, la mala gestión de las empresas públicas que tenían un personal pletórico y a las que se apoyaba con subvenciones estatales), unidos a las dificultades económicas "naturales" de Malí como PMA sin litoral, obligaron a introducir las primeras reformas ya en 1982, en un momento en que en el país se acumulaban atrasos en los pagos interiores y exteriores. Malí volvió a ingresar en la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO) y por consiguiente en la zona del franco en 1984. Pese a un notable saneamiento de la situación financiera, las medidas de reajuste se interrumpieron en 1987.

Los primeros programas de ajuste estructural apoyados por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial se establecieron en 1988. Esos programas, que tenían por finalidad abrir la economía y reforzar la función del sector privado, comprendían, entre otras cosas, un Programa de Ajuste del Sector de las Empresas Públicas (PASEP) y un Programa de Ajuste del Sector Agrícola (PASA). Se negociaron dos servicios reforzados de ajuste estructural, el primero para 1992-96 y el segundo para 1996-99. La ejecución de los programas se interrumpió en enero de 1991 a causa de los disturbios sociopolíticos que condujeron a la instauración de un régimen democrático en Malí, así como, entre agosto de 1993 y abril de 1994, a causa de nuevas tensiones sociopolíticas.

Las diferentes reformas han permitido acabar con la política de intervención del Estado. Se han liquidado, reestructurado y/o privatizado empresas públicas; se ha reducido la presión fiscal, y se han reestructurado las administraciones fiscal y aduanera. Las reformas han permitido también desmantelar los obstáculos no arancelarios al comercio de la mayoría de los productos, suprimir los derechos e impuestos de exportación aplicados a gran número de productos y simplificar considerablemente la estructura de los derechos e impuestos de importación. La devaluación del franco de la Comunidad Financiera Africana (franco CFA), que tuvo lugar en 1994 y que hizo que la paridad pasase de 50 a 100 francos CFA por 1 franco francés, contribuyó al aumento de la producción nacional de algodón (cuyas exportaciones se incrementaron fuertemente), de cereales y de frutas y legumbres. La tasa de crecimiento del PIB real (cuya tendencia es al alza desde 1994) ha sido generalmente superior a la de crecimiento de la población, que es de aproximadamente un 2 por ciento. La inflación, después de llegar al 23,2 por ciento en 1994 (a causa de la devaluación), se redujo al 7 por ciento. No obstante, las reformas han tenido generalmente pocos efectos sobre el déficit público (salvo en 1996-97) y sobre la balanza de pagos (salvo en 1997).

El sector agropecuario proporciona alrededor del 48 por ciento del PIB real de Malí y ocupa al 80 por ciento de la población activa. Alrededor del 50 por ciento de los ingresos de exportación (de mercancías) de Malí proceden del algodón, del que Malí es el primer productor del África Subsahariana. Se ha dado nuevo impulso a las actividades del sector minero mediante la explotación de los yacimientos auríferos: el oro contribuyó con un 17 por ciento a los ingresos de exportación de mercancías en 1996. El sector manufacturero industrial, todavía poco desarrollado, no proporciona más que aproximadamente un 13 por ciento del PIB. Ese sector está en gran parte orientado hacia el mercado interior y fabrica esencialmente productos agroalimentarios y textiles. El sector de los servicios representa alrededor del 40 por ciento del PIB real. Ese sector está dominado por los servicios comerciales, que atraen la mayor parte de las actividades no estructuradas. Éstas representaban aproximadamente el 29 por ciento del PIB de Malí en 1994.

Las exportaciones de Malí, constituidas principalmente por algodón, por productos de la ganadería y por oro, están sometidas a las fluctuaciones de los tipos de cambio mundiales y a las variaciones climáticas. Las exportaciones no representan más que alrededor de la mitad de las importaciones, lo que ocasiona un déficit permanente de la balanza comercial. Con un déficit permanente de la balanza de servicios debido a los grandes pagos que hay que hacer por concepto de servicios de flete y de seguro, así como por concepto de los intereses de la deuda, que se han visto agravados por la devaluación del franco CFA, la cuenta corriente también continúa siendo estructuralmente deficitaria.

Los principales países con los que comercia Malí son Côte d'Ivoire, la Unión Europea y el Senegal. Malí obtiene más de la mitad de sus ingresos de exportación de países en desarrollo, sobre todo de la subregión del África Occidental. La adopción de medidas encaminadas a la creación de una unión aduanera entre los países del África Occidental en los que circula el franco CFA (los países de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO)) y el efecto de sustitución de las importaciones procedentes de fuera de la UEMAO debido a la devaluación de esa moneda han contribuido al aumento del comercio con los demás países de la Unión, en particular Côte d'Ivoire y el Senegal. Suiza constituye igualmente una salida importante para los productos de Malí y más exactamente para el algodón. De la Unión Europea, Malí importa bienes de equipo, materiales de construcción y productos químicos y farmacéuticos. El arroz se importa de los países asiáticos, y los demás productos alimentarios proceden de los demás países de la subregión del África Occidental. Estos últimos reciben animales vivos y pescado de Malí.

Marco institucional

Malí es, en virtud de la Constitución de 1992, una democracia pluralista. El Presidente de la República (Jefe del Estado) es elegido por sufragio universal con un mandato de cinco años renovable una sola vez. El Presidente nombra al Primer Ministro (Jefe del Gobierno) y, a propuesta de éste, a los demás miembros del Gobierno. El Parlamento, que consta de una sola cámara (Asamblea Nacional), aprueba las leyes. El Consejo Superior de las Colectividades estudia las políticas de desarrollo local y regional y formula un dictamen motivado al respecto. Del mismo modo, el Consejo Económico, Social y Cultural propone reformas, y es obligatorio consultar con él sobre todo proyecto o disposición.

Desde 1988, Malí ha procedido a una importante refundición de sus textos legislativos y reglamentarios a fin de acompañar a la liberalización de su economía. El Código de Inversiones de Malí, que entró en vigor en marzo de 1991, concede numerosas ventajas fiscales y aduaneras a los inversionistas y garantiza a los inversionistas extranjeros la libertad comercial y la libertad de repatriación de los capitales. No obstante, el Estado se reserva, por razones de utilidad pública, el derecho a limitar las inversiones extranjeras en determinados sectores (defensa y seguridad). La legislación minera de Malí ofrece, además de ventajas fiscales y aduaneras, garantías administrativas, mineras e inmobiliarias y garantías de no expropiación y de transferencia de los fondos relacionados con las actividades y las economías del personal. Por otra parte, en el marco de la UEMAO, se proyecta adoptar en 1998 un código comunitario de inversiones. Éste debería llevar, en principio, a la supresión de las exoneraciones de los derechos e impuestos aplicables a las importaciones de bienes de equipo, poco gravadas en el marco del Arancel Exterior Común de la UEMAO.

Malí pasó a ser Miembro de la OMC el 31 de mayo de 1995, tras haber aplicado de facto el GATT a partir de 1967. Malí concede por lo menos el trato de la nación más favorecida (NMF) a todos los países, excepto Israel. Al igual que los demás Miembros de la OMC, Malí ha adoptado, en su conjunto, los resultados de la Ronda Uruguay. Malí se ha beneficiado, entre otras cosas, del trato preferencial y diferenciado concedido a los PMA, particularmente en forma de exención de la aplicación de ciertas disposiciones o demora en esa aplicación, y debería beneficiarse sobre todo del refuerzo de las normas y de la disciplina llevado a cabo en el sistema multilateral de comercio y en los sectores, tales como la agricultura y la ganadería, que son importantes para él. La principal preocupación de Malí es aumentar y diversificar su producción, a fin de aprovechar mejor las posibilidades actuales y las posibilidades a que dará lugar la continuación de la liberalización en el plano multilateral. Aun reconociendo la necesidad de seguir mejorando la calidad de sus productos, Malí subraya que los obstáculos técnicos al comercio son una de las esferas que merecen una vigilancia particular en el sistema multilateral de comercio.

Malí es miembro fundador de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO). El objetivo de esa organización es crear una unión económica mediante la convergencia de las políticas macroeconómicas y sectoriales y la armonización de las legislaciones fiscales de los países miembros; ya se ha realizado la integración monetaria, con un banco central común, el Banco Central de los Estados del África Occidental (BCEAO), y una moneda común, el franco de la Comunidad Financiera Africana. Se ha precisado la estructura del Arancel Exterior Común, que tiene cuatro tipos arancelarios (1 por ciento, 6 por ciento, 11 por ciento y 21 por ciento, más unos impuestos comunitarios del 1 por ciento del total), y su aplicación debería haberse iniciado en julio de 1998 y terminar en enero del año 2000, fecha en la que se debería consagrar la unión aduanera. Malí es también miembro de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO), cuyo Tratado prevé igualmente la creación de una unión aduanera, pero no se ha respetado el calendario para la puesta en práctica de esa unión.

Signatario del Cuarto Convenio de Lomé, Malí recibe ayuda de la Unión Europea y se beneficia del Sistema de Estabilización de los Ingresos de Exportación (STABEX). Sin embargo, desde 1992 no ha recibido ninguna compensación en el marco del STABEX porque no ha sufrido ninguna pérdida de ingresos relacionados con las exportaciones (de algodón más exactamente). Por otra parte, conforme a lo dispuesto en el Convenio, gran número de productos de Malí que se exportan a la Unión Europea gozan de trato preferencial no recíproco en forma de exoneración de derechos de importación. Del mismo modo, en virtud del Sistema Generalizado de Preferencias, los productos de Malí tienen acceso preferencial no recíproco a los mercados de los países desarrollados que no son miembros de la Unión Europea. El alcance de esos diferentes tratos preferenciales no recíprocos está limitado sobre todo por la naturaleza del pequeño número de productos que exporta Malí, consistentes en materias primas que generalmente están sometidas a derechos de importación NMF nulos o muy pequeños en los países importadores.

Malí ha firmado igualmente varios acuerdos bilaterales en la esfera del comercio internacional. En el acuerdo firmado con Argelia en julio de 1996 se conceden facilidades de pago y de crédito, se incluyen disposiciones relativas a la organización de ferias o de exposiciones comerciales y a la participación en ellas y se garantiza el respeto de los derechos de propiedad intelectual. Hasta julio de 1998, Malí no ha estado involucrado en ningún procedimiento de solución de diferencias en el marco del GATT, de la OMC o de ningún otro acuerdo comercial del que sea signatario.

Características de la política comercial

Los instrumentos de política comercial y sus efectos

En la actualidad, la política comercial de Malí se basa esencialmente en los derechos y en los impuestos. En lo que se refiere a la exportación, los únicos gravámenes vigentes son la contribución por prestación de servicios, del 3 por ciento del valor f.o.b. del oro, y el impuesto de 7,5 francos CFA por kg de pescado, que se aplican igualmente a las ventas en el interior del país. Malí adoptó la nomenclatura del Sistema Armonizado en 1994. Las importaciones están gravadas con varios derechos e impuestos (derechos de entrada). Esos derechos de entrada, cuyo número se reducirá con el establecimiento del Arancel Exterior Común, consisten en lo siguiente: un derecho de aduana de 0 ó 5 por ciento; un derecho fiscal de importación de 0, 10 ó 25 por ciento; una contribución por prestación de servicios de 3 por ciento sobre los productos del petróleo y de 5 por ciento sobre los demás productos; un impuesto comunitario de solidaridad y un impuesto comunitario, de 0,5 por ciento cada uno, percibidos respectivamente sobre las importaciones procedentes de fuera de la UEMAO y de fuera de la CEDEAO, y un impuesto coyuntural de importación que se aplica al azúcar al tipo del 55 por ciento (éste se reduce durante el mes de cuaresma y vuelve a su nivel anterior después de ese período "sensible"). La media aritmética simple de esos derechos (con exclusión del impuesto comunitario y del impuesto comunitario de solidaridad) es del 22,1 por ciento, con un mínimo del 3 por ciento y un máximo del 35 por ciento. Ese máximo llega especialmente al 75 por ciento en el caso del azúcar a causa del impuesto coyuntural de importación. Con una dispersión mediana, los derechos de entrada presentan progresividad, en general negativa, de los productos brutos a los bienes semielaborados. Los productos menos gravados son los de la industria química, los de la industria farmacéutica, la maquinaria no eléctrica y el petróleo. Los bienes más gravados son los productos de la pesca, el tabaco, las prendas de vestir, los productos de cuero, el calzado, los muebles (excepto los de metal), la cerámica y la porcelana.

Además de los derechos e impuestos de entrada, desde 1991 está en vigor un impuesto sobre el valor añadido, que tiene dos tipos (10 por ciento y 15 por ciento). Las exportaciones están sometidas al IVA a un tipo nulo a los efectos del reembolso del IVA percibido sobre los insumos y los factores de producción que entran en su fabricación. Se aplica igualmente un impuesto por prestación de servicios a todas las personas que efectúan prestaciones de servicios y que tienen un volumen de negocios superior a 1 millón de francos CFA. Ese impuesto tiene un tipo reducido del 7 por ciento, que se aplica a las actividades de transporte, de espectáculos, de suministro y evacuación de aguas y de telefonía, y un tipo normal del 15 por ciento que se aplica a los demás servicios. También se recauda sobre diversos bienes un impuesto especial sobre ciertos productos. La base imponible de los derechos e impuestos de entrada es el valor c.i.f., y la base imponible de los impuestos interiores es ese mismo valor incrementado con los derechos e impuestos de entrada. No obstante, el importe del impuesto especial sobre ciertos productos está incluido en la base imponible del IVA.

En el marco de la Ronda Uruguay, Malí ha consolidado los tipos de los derechos aplicables a los productos agrícolas (al igual que los demás Miembros de la OMC) y los tipos de los derechos aplicables a los productos de los capítulos 44 (madera y productos de madera), 81 (los demás metales comunes) y 92 (instrumentos de música) del Sistema Armonizado. A ese efecto, Malí ha fijado un nivel máximo del 60 por ciento para todos esos productos. Los demás derechos e impuestos sobre las importaciones de esos productos se han consolidado en un 50 por ciento. Así pues, las consolidaciones abarcan un número relativamente limitado de productos, y por otra parte dejan un gran margen de maniobra a Malí a causa de la gran diferencia existente entre los tipos de los derechos consolidados y los tipos de los derechos aplicados. Por otra parte, actualmente se aplica la contribución por prestación de servicio, aunque ésta no figura en la lista de los demás derechos e impuestos consolidados por Malí. Con el establecimiento del Arancel Exterior Común, la Comisión de la UEMAO proyecta renegociar las concesiones arancelarias de todos los Estados miembros, incluidas las que figuran en antiguas listas de productos para los que se hicieron consolidaciones en el momento en que los países en cuestión eran colonias.

Las únicas prohibiciones que siguen en vigor obedecen a razones de seguridad o de salud o al cumplimiento de convenios internacionales de los que es signatario Malí. No obstante, está prohibido el comercio con Israel. Para efectuar importaciones cuyo valor c.i.f. sea superior a 250.000 francos CFA se requiere un certificado de intención de importar expedido por la Dirección Nacional de Asuntos Económicos (Ministerio de Comercio), en cumplimiento del programa de verificación de las importaciones establecido en 1989. La Dirección General de Tributos percibe a este respecto unos derechos de timbre y de registro que ascienden a 3.000 francos CFA por cada tramo de 500.000 francos CFA de valor c.i.f. de importación; en el primer tramo, esos derechos son de 6.000 francos CFA, es decir, 600 francos CFA por cada subtramo de 50.000 francos CFA de importación. Además, las importaciones de valor f.o.b. superior a 3 millones de francos CFA son obligatoriamente sometidas a inspección previa a la expedición, inspección que se confía a la Société générale de surveillance (SGS); los valores certificados por la SGS no vinculan a la administración de aduanas, que no obstante los habría utilizado en la mayoría de los casos. En Malí no hay disposiciones legislativas en materia de normas de origen, excepto las disposiciones de los acuerdos comerciales de los que es signatario. Malí no cuenta tampoco con una legislación nacional en materia de medidas antidumping, compensatorias y de salvaguardia.

Entre las medidas tomadas por Malí para aumentar sus exportaciones figuran la introducción del IVA, la supresión de los derechos e impuestos aplicables a la mayoría de las exportaciones y la creación de zonas francas. Conforme a lo dispuesto en el Código de Inversiones de 1991, las empresas francas (que deben exportar al menos el 80 por ciento de su producción) gozan de la exención de todos los derechos e impuestos de carácter fiscal, parafiscal y aduanero. El Código Minero de Malí establece igualmente la exoneración de derechos, impuestos y gravámenes sobre las exportaciones de productos mineros, así como sobre el volumen de negocios y el producto de las ventas correspondientes. Sin embargo, está prohibida la exportación de bovinos jóvenes machos, de cinco años y menos, y de hembras reproductoras no estériles de la especie bovina, salvo por derogación en el marco de acuerdos especiales entre Malí y terceros países que quieran constituir núcleos de ganadería. La prohibición de exportar se aplica también a las materias preciosas (por ejemplo, oro y diamantes) en bruto. Las exportaciones de cueros y pieles están sometidas a autorización especial. Para todos los demás productos se requiere un certificado de intención de exportar. Los certificados de intención de exportar oro o algodón están gravados con derechos de timbre según el baremo que se aplica a los certificados de intención de importar.

En 1992 se instituyó en Malí la libertad de precios y de competencia. No obstante, en situaciones particulares, como las de crisis, el Consejo de Ministros puede reglamentar los precios por decreto. En cambio, se ha observado cierta lentitud en la ejecución del Programa de Ajuste del Sector de las Empresas Públicas (PASEP), iniciado en 1988. A fines de 1997, en total se habían disuelto o liquidado 20 empresas públicas y se habían privatizado total o parcialmente 40 empresas; otras empresas fueron simplemente reestructuradas.

Los derechos de propiedad intelectual están protegidos en Malí por el Acuerdo de Bangui sobre la propiedad industrial, firmado por una quincena de países africanos y por el que se creó la Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI), y por una ley de 1984 sobre los derechos de autor. En la OAPI se está trabajando para armonizar las disposiciones del Acuerdo de Bangui con las obligaciones que impone a los países Miembros de la OMC el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio. En Malí, las falsificaciones afectan principalmente a los medicamentos, las casetes de audio, los artículos de deportes y las grandes marcas. Los actos de piratería y de falsificación dan lugar a pocas condenas, y las que se pronuncian son simbólicas. Ante el aumento del consumo de medicamentos falsificados, como consecuencia del encarecimiento de las importaciones debido a la devaluación del franco CFA, las autoridades de Malí han renunciado a percibir derechos e impuestos de importación sobre los medicamentos esenciales.

Políticas por sectores

Las reformas introducidas en Malí desde 1988 han permitido liberalizar considerablemente su economía y reducir la participación del Estado en las actividades de producción. En el sector agrícola, la mayor parte de las actividades, incluyendo la producción y la comercialización, se han liberalizado para todos los productos, excepto el algodón y el tabaco. No obstante, aparte de esos dos productos, hay empresas públicas que intervienen directamente en la producción y/o la comercialización de los productos de la ganadería y del arroz. El sector agrícola goza de la mayor protección arancelaria, delante de las industrias mineras y, luego, de las industrias manufactureras. El impuesto coyuntural de importación del 55 por ciento hace que el azúcar sea el producto más protegido desde el punto de vista de los derechos de entrada (75 por ciento).

Las diferentes ventajas, en particular fiscales y aduaneras, que ofrece el Código Minero de 1991 han contribuido a dar nuevo impulso a las actividades mineras en Malí. Las explotaciones mineras son actualmente tanto artesanales como industriales; sólo el oro, los fosfatos y ciertos materiales de construcción se explotan de manera sobre todo industrial. El Estado se reserva, conforme a ciertas disposiciones del Código, el derecho a participar en hasta un 20 por ciento (incluida una participación gratuita de al menos un 10 por ciento) en el capital de las empresas mineras. Los recursos mineros están sometidos a un impuesto ad valorem del 3 por ciento del valor en bocamina. Está prohibida la exportación de materias preciosas (por ejemplo, el oro) en bruto; las ventas de esas materias (transformadas) están sometidas a un impuesto por prestación de servicios del 3 por ciento. Esas medidas, particularmente la prohibición, han favorecido la proliferación de actividades no estructuradas, incluidas la transformación artesanal y la venta de oro y de productos de este metal. La multiplicidad de las categorías de títulos (actualmente siete), todas las cuales han de ir acompañadas de convenios de establecimiento, figura entre las disposiciones más limitativas del Código Minero de Malí. Esa multiplicidad reduce el campo de las actividades a las que da derecho cada categoría de títulos y hace que aumenten los costos, aunque no sea más que los relacionados con los procedimientos administrativos. Está previsto revisar el Código Minero para que el sector resulte más atractivo para los inversionistas y para promover la exportación de productos elaborados.

En el sector de los textiles y en el sector agroalimentario, Malí tiene posibilidades que han contribuido a los indicios de recuperación registrados en el sector manufacturero tras la devaluación del franco CFA. No obstante, a reserva de las exoneraciones, la progresividad negativa de los derechos de entrada no es favorable al desarrollo del sector manufacturero; el establecimiento del Arancel Exterior Común deberá reducir los derechos de entrada aplicables a las materias primas. Además, entre los factores que frenan el desarrollo del sector industrial en Malí figuran el elevado costo de la energía, de los transportes y de las telecomunicaciones, las variaciones climáticas, que comprometen el suministro regular de insumos agrícolas, el encarecimiento de los insumos (en gran parte importados) tras la devaluación, las dificultades para tener acceso a la financiación, las dificultades para obtener terrenos para las industrias y la falta de poder adquisitivo.

El sector de los servicios, dominado por el comercio no estructurado, ha sido liberalizado considerablemente. En sectores como el del turismo, hay empresas (entre ellas empresas hoteleras) que esperan hallar comprador. Los servicios de telecomunicaciones continúan siendo, en ese sector, la principal actividad en la que el Estado sigue estando fuertemente presente, a través de la empresa pública, la Société des télécommunications du Mali (SOTELMA): esto explica la carestía de esos servicios en Malí (las tarifas figuran entre las más altas de la subregión). Dados los pocos compromisos que ha contraído en el plano multilateral, Malí no se beneficia plenamente de la labor de liberalización que ya ha realizado unilateralmente. En efecto, las consolidaciones hechas por Malí continúan limitándose a modos de suministro de servicios de enseñanza para adultos en la esfera de la artesanía y de servicios de restauración y de hostelería, lo que no garantiza a los inversionistas, sobre todo extranjeros, la irreversibilidad de la situación actual.

Políticas comerciales e interlocutores comerciales

Malí ha hecho unilateralmente una gran labor de liberalización en el marco de los programas de ajuste estructural que se ejecutan desde 1988. Los efectos de esas reformas se dejan sentir en los sectores agrícola y minero, pero continúan siendo limitados. En el sector minero, aparte de la multiplicidad de las categorías de títulos, lo que más tendría que cambiar es la disposición relativa a la participación del Estado en el capital de las sociedades, porque difícilmente podría promover las inversiones. Las medidas que hay que adoptar en Malí para promover la exportación de productos mineros elaborados (uno de los objetivos actuales de la política comercial) deberían desprenderse claramente del código que se está preparando, porque la prohibición que afecta actualmente a las materias preciosas en bruto podría hacer que aumentase el contrabando si no se crea un entorno adecuado para favorecer la valorización local de esas materias. Tampoco contribuyen a favorecer las exportaciones los impuestos con que se gravan directa o indirectamente las exportaciones de los principales productos, así como la autorización especial a que están sometidas las exportaciones de cueros y pieles.

El establecimiento del Arancel Exterior Común podría hacer que se elevasen la protección arancelaria nominal y las tasas efectivas de protección al reforzarse la progresividad (positiva) de los derechos de entrada. Dado que las preocupaciones fiscales prevalecen generalmente sobre el carácter proteccionista de los derechos de entrada en Malí, es de esperar que se supriman completamente los impuestos a la exportación si el Arancel Exterior Común permite obtener unos ingresos públicos más sustanciales. Aparte de las preocupaciones fiscales, la falta de información sobre el ámbito de aplicación y el alcance de los Acuerdos de la OMC, así como sobre las obligaciones impuestas a los países Miembros, explica que se hayan tomado medidas como la contribución por prestación de servicios, que no figura en la lista de los demás derechos e impuestos consolidados por Malí. Por consiguiente, la asistencia en materia de divulgación de las disposiciones de los Acuerdos de la OMC podría garantizar el respeto de éstos por Malí. Esa asistencia, que comprendería también las disposiciones del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, podría contribuir a incrementar la participación de Malí en el sistema multilateral de comercio y favorecer la consolidación de algunos de los modos de suministro de los servicios unilateralmente liberalizados por ese país. Tales compromisos harán que las reformas resulten más creíbles y favorecerán las corrientes de inversión, sobre todo extranjeras, que Malí tanto necesita actualmente.

En el marco del Programa Integrado de Asistencia Técnica a determinados PMA establecido por la OMC y otras organizaciones, Malí ha solicitado también asistencia en varias esferas, entre ellas las siguientes: el establecimiento de estructuras de financiación de los intercambios y de promoción de las exportaciones; la búsqueda de socios extranjeros en materia de comercio y de inversiones; el control de la calidad; la reunión y la gestión de información comercial, y la racionalización de los procedimientos aduaneros. Tal asistencia contribuirá a acrecentar la participación de Malí en el comercio internacional, a elevar el nivel de vida de su población y a disipar los temores de marginalización que actualmente se expresan en ese país.

órgano de examen de las políticas comerciales

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Informe del Gobierno - Resumen

La República de Malí es un país continental de África Occidental sin litoral, con una superficie de 1.241.328 km². El país alcanzó la independencia el 22 de septiembre de 1960 y se encuentra clasificado entre los países menos adelantados.

La economía de Malí se caracteriza por un acentuado predominio del sector primario, al que correspondió el 44,39 por ciento del PIB en 1996.

A raíz de su independencia, el Gobierno optó por una economía de intervención, lo que provocó cierto número de desequilibrios económicos y financieros.

Como consecuencia de ello, el Gobierno se embarcó a partir de los años 80 en una serie de programas de reformas económicas en colaboración con sus asociados en el desarrollo.

Estos diferentes programas de ajuste tienen como objetivo la liberalización de la economía y la promoción del sector privado a través de la inhibición del Estado juntamente con la mejora del entorno económico y del marco jurídico y reglamentario.

La ejecución del programa 92/95 permitió registrar progresos económicos y sociales significativos a pesar de las tensiones sociopolíticas (reivindicaciones corporativistas, problemas en el norte del país, etc.).

Globalmente se lograron los objetivos macroeconómicos: el crecimiento del PIB fue de alrededor del 3 por ciento anual en 1992/94 y del 6 por ciento en 1995; la inflación, medida en función del deflactor del PIB, se limitó al 2 por ciento anual en 1992/93 y se contuvo, después de la devaluación, en el 33,2 por ciento de 1994, en el 12,7 por ciento en 1995 y en el 6,5 por ciento en 1996. El déficit presupuestario total bajó del 13,7 por ciento del PIB al 10,5 por ciento durante el mismo período y se mantuvo una política crediticia prudente. La devaluación de enero de 1994 contribuyó al desarrollo de las exportaciones, que pasaron de 98.900 millones de francos CFA en 1993 a 157,200 millones en 1994, o sea, un aumento del 82 por ciento.

La consolidación de estos logros económicos prosiguió en el contexto del nuevo programa económico y financiero, que abarca los años 1996 a 1998. Dicho programa recibió el apoyo del FMI, mediante un acuerdo en el marco del Servicio Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE), y del Banco Mundial, en forma de un Préstamo de Apoyo a la Gestión Económica (PAGE), así como el de los demás proveedores de fondos bilaterales y multilaterales.

Por lo que respecta a la estrategia de reforma para el período 1997-99, además de procurar el equilibrio presupuestario, ésta consagra lo esencial de los esfuerzos de desarrollo del Gobierno a aprovechar los recursos humanos y controlar el crecimiento demográfico. El Gobierno concede una importancia muy particular a las reformas estructurales indispensables para flexibilizar más la economía y diversificar la producción y las exportaciones.

Los diferentes programas asignan al comercio y al sector privado la función de motor del crecimiento económico, dados los efectos de motivación e incitación que pueden traer consigo en la producción y la productividad.

La política comercial de Malí tiene como objetivos sanear el mercado interior, garantizar el correcto y regular aprovisionamiento del país en bienes de consumo y de equipo, asegurar la colocación permanente de productos nacionales tanto en el mercado interior como en el exterior, diversificar la producción y la exportación, aumentar las exportaciones a un ritmo medio del 15 por ciento anual durante los próximos cinco años y mejorar el funcionamiento de los tribunales de comercio.

Las reformas llevadas a cabo en Malí han llevado a la liberalización progresiva de la economía y a la reducción de la participación del Estado en las actividades de producción. En este marco, las empresas públicas se han reestructurado, privatizado o liquidado según el programa de reforma de las empresas públicas, y se ha sometido al sector agropecuario a un ajuste sectorial.

Se han reestructurado otros sectores con vistas a su adaptación al contexto económico mediante la mejora de los instrumentos legislativos y reglamentarios, como el Código de Inversiones, el Código Minero, el Código Profesional, el Código del Trabajo, etc.

El Gobierno ha adoptado medidas para promover los sectores de la energía, el turismo, el transporte y la artesanía.

El Gobierno tiene el propósito de aumentar la eficacia del sistema bancario con el fin de mejorar la intermediación financiera.

El Gobierno ha adoptado asimismo medidas liberales y medidas arancelarias comercialmente estimulantes. Los procedimientos del comercio exterior se han simplificado y aligerado mediante un sistema de registro automático de las operaciones de importación y de exportación.

La política comercial se elabora en un marco de concertación entre la administración y el sector privado.

Malí mantiene asimismo intercambios basados en acuerdos comerciales bilaterales, regionales y multilaterales.

Los intercambios bilaterales no son discriminatorios, pero existen intercambios preferenciales en el marco de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMAO) y de la Comunidad Económica de los Estados del África Occidental (CEDEAO).

Malí es signatario del Convenio de Lomé y Miembro inicial de la OMC.

Las medidas de política comercial aplicadas en Malí consisten sobre todo en derechos de aduana, único instrumento de protección de la producción. A esto hay que añadir la institución de una inspección previa a la expedición con vistas a garantizar los ingresos fiscales y a asentar una competencia leal entre los actores económicos.

Malí se enfrenta asimismo a problemas en su mercado interior a causa de la insuficiencia de la oferta y en su mercado exterior debido a restricciones cuantitativas, normas u otras reglamentaciones rigurosas que practican algunos de los países con los que comercia.

El Gobierno de Malí se propone consolidar el proceso de liberalización de la economía nacional a través de la adaptación de los textos legislativos y reglamentarios y de las estructuras de promoción, en consonancia con los contextos económicos nacional, subregional e internacional, con el apoyo de la comunidad internacional.

Informe del Gobierno

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
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Informe del Gobierno