El examen se basa en dos informes preparados, respectivamente, por la Secretaría de la OMC y el gobierno objeto de estudio, en los que se analizan todos los aspectos de las políticas comerciales del país, inclusive sus leyes y reglamentos internos, el marco institucional, los acuerdos bilaterales y regionales y otros acuerdos preferenciales, las necesidades económicas más generales y el entorno externo. Oportunamente se publicará la documentación completa del Examen de las Políticas Comerciales de Nigeria, que comprenderá, además de esos dos informes, un acta del debate y el resumen de la Presidencia. Esa documentación puede solicitarse a la Secretaría de la OMC, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

Desde diciembre de 1989 se han llevado a cabo los siguientes exámenes: Argentina (1992), Australia (1989, 1994 y 1998), Austria (1992), Bangladesh (1992), Benin (1997), Bolivia (1993), Botswana (1998), Brasil (1992 y 1996), Burkina Faso (1998), Camerún (1995), Canadá (1990, 1992, 1994 y 1996), Chile (1991 y 1997), Chipre (1997), Colombia (1990 y 1996), Comunidades Europeas (1991, 1993, 1995 y 1997), Corea, Rep. de (1992 y 1996), Costa Rica (1995), Côte d'Ivoire (1995), Egipto (1992), El Salvador (1996), Estados Unidos (1989, 1992, 1994 y 1996), Fiji (1997), Filipinas (1993), Finlandia (1992), Ghana (1992), Hong Kong (1990 y 1994), Hungría (1991), India (1993 y 1998), Indonesia (1991 y 1994), Islandia (1994), Islas Salomón (1998), Israel (1994), Jamaica (1998), Japón (1990, 1992, 1995 y 1998), Kenya (1993), Lesotho (1998), Macao (1994), Malasia (1993 y 1997), Malí (1998), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995), México (1993 y 1997), Namibia (1998), Nigeria (1991 y 1998), Noruega (1991 y 1996), Nueva Zelandia (1990 y 1996), Pakistán (1995), Paraguay (1997), Perú (1994), Polonia (1993), República Checa (1996), República Dominicana (1996), República Eslovaca (1995), Rumania (1992), Senegal (1994), Singapur (1992 y 1996), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993 y 1998), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991 y 1996), Swazilandia (1998), Tailandia (1991 y 1995), Trinidad y Tobago (1998), Túnez (1994), Turquía (1994), Uganda (1995), Uruguay (1992 y 1998), Venezuela (1996), Zambia (1996) y Zimbabwe (1994).

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES: URUGUAY
OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL PRESIDENTE A MODO DE CONCLUSIÓN

El OEPC ha efectuado el segundo examen de las políticas comerciales del Uruguay los días 23 y 25 de noviembre de 1998. Las presentes observaciones, que formulo a título personal, pretenden resumir los puntos más destacados del debate, y no constituir un informe exhaustivo. El debate se expondrá en detalle en el acta de la reunión.

En el debate se han tratado tres temas principales: i) entorno económico; ii) políticas y medidas comerciales; y iii) cuestiones sectoriales.

Entorno económico

Los Miembros han felicitado al Uruguay por las reformas económicas y estructurales emprendidas a partir de 1992, que han dado por resultado un crecimiento sostenido y un rápido descenso de la inflación. La apertura de la economía, llevada a cabo tanto de modo unilateral como a través de foros regionales y multilaterales, ha dado lugar a una mejor asignación de los recursos y un incremento de las corrientes comerciales. Sin embargo, el desempleo ha aumentado y el déficit en cuenta corriente se ha acrecentado, por ser el volumen de las importaciones mayor que el de las exportaciones. Algunos Miembros, al declararse preocupados por el déficit, han preguntado si la apreciación real del peso ha sido una de sus causas, y se han interesado por la dependencia de los recursos externos para financiar la cuenta corriente, especialmente en el contexto de la crisis financiera actual. Los Miembros han animado al Uruguay a diversificar tanto sus productos como sus mercados de exportación, y han preguntado qué función desempeñan los incentivos fiscales existentes en el logro de ese objetivo.

Los Miembros han elogiado al Uruguay por la reforma de su sector público y el desmantelamiento de varios monopolios, pero han observado que el nivel de intervención estatal sigue siendo importante y que no existe legislación en materia de competencia. Los Miembros han acogido favorablemente la nueva normativa sobre inversiones adoptada por el Uruguay, que establece condiciones de igualdad para las inversiones nacionales y extranjeras.

Los Miembros han reconocido la importancia del MERCOSUR en la orientación de la política comercial y económica del Uruguay. Se han formulado algunas objeciones acerca de la convergencia en el Arancel Externo Común (AEC), la posibilidad de desviación del comercio y la falta de un mecanismo regional para gestionar la recaudación de los derechos de importación. Asimismo, se han formulado preguntas sobre el estado de las negociaciones del MERCOSUR con la Comunidad Andina y con la Unión Europea.

En su respuesta, la representante del Uruguay ha afirmado que el efecto de los actuales problemas financieros mundiales en el Uruguay será, casi con seguridad, moderado. La capacidad del Uruguay para soportar las conmociones externas es resultado de su empeño por mejorar la competitividad mediante la reducción de impuestos y gravámenes públicos, el mantenimiento de políticas fiscales prudentes y la consolidación de su integración en el MERCOSUR. En los últimos tiempos, el ahorro y la inversión privados han aumentado, al tiempo que la inflación se ha reducido con rapidez. El déficit por cuenta corriente es sostenible, en particular a causa del reducido porcentaje del PIB representado por la deuda exterior. El desempleo ha aumentado, pero se han aplicado medidas para combatirlo y las mejoras son apreciables. Aunque se conceden incentivos tributarios en los sectores forestal, turístico y manufacturero, la reducción consiguiente de los ingresos fiscales directos se ve ampliamente compensada por el aumento de ingresos resultante de la mayor actividad económica.

La representante ha facilitado detalles sobre la liberalización emprendida en el MERCOSUR, que ha aprobado varios instrumentos comunes de política comercial, en particular medidas de salvaguardia y antidumping. Se hallan en curso de preparación un código aduanero común y procedimientos de aduanas, y se está negociando la adopción de normas sobre protección de los consumidores y contratación pública. También se mantienen negociaciones sobre compromisos para liberalizar el comercio de servicios. El Uruguay carece de organismos o leyes en materia de competencia, pero se están celebrando debates al respecto en el MERCOSUR. En cuanto a los incentivos previstos en la nueva ley de inversiones, el Uruguay ha introducido disposiciones que se facilitarán a la OMC.

La diversificación de las corrientes comerciales, sobre todo con la Argentina y el Brasil, ha reducido la dependencia de los mercados de exportación europeos. En consonancia con el regionalismo abierto y como complemento de la liberalización multilateral, el Uruguay y sus interlocutores del MERCOSUR han concluido acuerdos de libre comercio con Bolivia y Chile y prosiguen sus iniciativas con el Canadá, la Comunidad Andina, el Mercado Común Centroamericano y la Unión Europea, así como en el marco del ALCA.

Políticas y medidas comerciales

Los Miembros se han congratulado por la liberalización del comercio llevada a cabo por el Uruguay, en particular por la reducción de los aranceles aplicados en el marco del MERCOSUR. Sin embargo, el programa de convergencia en el AEC es complejo. Varios Miembros han expresado sus reservas respecto del reciente aumento temporal del AEC en tres puntos porcentuales, y han indicado que, a consecuencia de ese aumento, en algunos casos se han sobrepasado los niveles arancelarios consolidados. Asimismo, se han formulado preguntas acerca del aporte de información a la Base Integrada de Datos (BID), las cargas a la importación impuestas por concepto de servicios prestados y la compatibilidad de los impuestos especiales al consumo con las obligaciones de trato nacional.

Los Miembros han felicitado al Uruguay por la simplificación del régimen aduanero y se han formulado preguntas sobre los procedimientos de valoración en aduana, las normas de origen preferenciales, la utilización de normas internacionales y la preferencia otorgada a los productos nacionales en las compras del sector público, así como acerca de la posible adhesión del Uruguay al Acuerdo sobre Contratación Pública.

El Uruguay ha recibido palabras de elogio por haber eliminado los impuestos a la exportación en todos los sectores, menos en uno. Se han formulado varias preguntas sobre incentivos y subvenciones a la exportación y sobre los obstáculos existentes a las exportaciones del Uruguay. Asimismo, se han planteado preguntas acerca del estado de tramitación de la legislación sobre derechos de propiedad intelectual y en relación con los esfuerzos desplegados para consolidar la observancia de tales derechos e impartir formación al poder judicial en esa materia.

En su respuesta, la representante ha indicado que el Uruguay adoptó el Arancel Externo Común (AEC) del MERCOSUR el 1º de enero de 1995, con tipos situados entre el 0 y el 20 por ciento. El aumento temporal de los tipos del AEC en tres puntos porcentuales finalizará el 31 de diciembre del 2000. Los derechos arancelarios aplicados se encuentran dentro de los niveles consolidados en la OMC, excepto los relativos a unas pocas líneas, que el Uruguay tiene previsto corregir el 1º de enero de 1999. El Uruguay está de acuerdo en que su arancel de aduanas se incorpore a la Base Integrada de Datos de la OMC. Otras cargas a la importación se basan en el costo estimado de los servicios prestados. El Uruguay revisa actualmente su normativa para asegurar que los impuestos especiales se apliquen de forma no discriminatoria.

En cuanto a la valoración en aduana, la representante ha indicado que se utiliza el valor de transacción siempre que es posible. En la actualidad, se aplican normas de origen al comercio intrarregional del MERCOSUR, pero se eliminarán cuando finalice el plazo de convergencia en el AEC. El Uruguay no tiene previsto adherirse al Acuerdo sobre Contratación Pública. La utilización de normas internacionales es práctica común en el Uruguay.

La representante ha señalado que las exportaciones agrícolas del Uruguay se enfrentan a varios obstáculos, como las crestas arancelarias y los obstáculos no arancelarios; a su vez, las subvenciones distorsionan el acceso en varios países. En el Uruguay sólo un producto está sujeto a impuestos a la exportación; la eliminación de esos impuestos depende de las negociaciones que se celebran en el MERCOSUR. En cuanto a las subvenciones a la exportación, las concesiones otorgadas a la industria automotriz se han notificado a la OMC. El Uruguay aplica un régimen de admisión temporal y devolución de derechos de importación de forma compatible con sus obligaciones en la OMC. Recientemente, el Uruguay ha introducido nueva legislación sobre marcas de fábrica o de comercio, y el Parlamento examina actualmente proyectos de ley sobre derecho de autor y patentes. Por otra parte, el Uruguay busca solución al problema de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, particularmente en lo que se refiere a la infracción de las marcas de fábrica o de comercio y del derecho de autor.

Cuestiones sectoriales

Los Miembros han elogiado al Uruguay por el rendimiento de su sector agropecuario, pero han formulado preguntas sobre el mecanismo de fijación del precio de la leche y su efecto en las exportaciones. También se han pedido aclaraciones en relación con los criterios utilizados para conceder incentivos en virtud de la disposición sobre "interés nacional" de la Ley de Promoción Industrial. Asimismo, se han hecho preguntas acerca del sistema de precios mínimos "de exportación" aplicado a los textiles y prendas de vestir, y sobre el régimen del sector automotor. En relación con los servicios, los Miembros se han felicitado por la liberalización emprendida por el Uruguay y han alentado una mayor participación del sector privado. Se han formulado preguntas sobre cuestiones relativas a determinados servicios, como por ejemplo la contribución de los servicios financieros al PIB y la gran disparidad de los tipos de interés; el fomento de la competencia, particularmente en el sector de las telecomunicaciones básicas; la presencia comercial en los servicios portuarios; y los incentivos concedidos al sector del turismo.

La representante del Uruguay ha expuesto el mecanismo de fijación del precio de le leche y precisado con mayor claridad los objetivos y la naturaleza del sistema de contingentes y de las medidas de control de la calidad. El banco nacional de desarrollo (es decir, el BROU) concede créditos de forma transparente. La representante ha informado sobre los criterios utilizados para determinar el "interés nacional" con arreglo a la Ley de Promoción Industrial, y sobre el funcionamiento del sistema de precios mínimos "de exportación". Desde 1995, ese sistema se ha aplicado únicamente al azúcar y a los textiles y se sustituirá en el futuro por los mecanismos de defensa comercial y salvaguardia establecidos en la Ronda Uruguay. Por otra parte, el Uruguay ha notificado la aplicación de una MIC en el sector del automóvil; los interlocutores del MERCOSUR negocian un régimen común para el sector.

En lo que respecta a los servicios financieros, la representante ha destacado la importancia que continúa teniendo el sector en términos del PIB, el aumento de los depósitos bancarios efectuados por no residentes y la disponibilidad de crédito para las empresas a tipos de interés sumamente competitivos. La disposición según la cual las autorizaciones de establecimiento de bancos no pueden exceder del 10 por ciento del número de bancos existentes el año precedente se mantiene por motivos cautelares. El sector de seguros está abierto a las inversiones extranjeras, pero no existen planes para suprimir el monopolio estatal de los seguros relativos a accidentes laborales y contratación pública. Tampoco existen planes para eliminar el monopolio estatal de los servicios de telecomunicaciones básicas (ANTEL), aunque es posible realizar inversiones privadas en servicios con valor agregado. No existen restricciones a la participación privada en los servicios portuarios, y las empresas extranjeras establecidas en el país reciben trato nacional. Las restricciones a la actividad de los profesionales extranjeros son prácticamente inexistentes.

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Conclusiones

En conclusión, considero que este Órgano ha valorado positivamente el amplio programa de reformas estructurales del Uruguay, en particular las medidas significativas que ha adoptado para liberalizar el comercio y reorganizar el sector público. Las delegaciones han apreciado la participación del Uruguay en el sistema multilateral de comercio y su compromiso con él, y no dudan de que el Uruguay desempeñará, como ha hecho en el pasado, una función importante y constructiva en las negociaciones futuras. Los Miembros han animado al Uruguay a que siga adelante con la liberalización de su economía y afiance así la base para el crecimiento sostenido y la diversificación, tanto de mercados de exportación como de productos. Asimismo, mi impresión es que los Miembros han visto la importancia de la liberalización del comercio dentro del MERCOSUR como contribución al fortalecimiento del sistema multilateral de comercio.