Guatemala: Enero de 2002

La estrategia de liberalización de Guatemala ha contribuido a promover et crecimiento y debe mantenerse

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La estrategia multifacética de Guatemala encaminada a lograr un crecimiento económico sostenible mediante la liberalización económica y la modernización del sector público ha contribuido a promover el crecimiento, aunque éste deberá acelerarse para mejorar los niveles de vida, según se afirma en el informe de la Secretaría de la OMC sobre las políticas y prácticas comerciales de Guatemala.

El informe dice que en los últimos años, el comercio ha desempeñado una función importante en la promoción del crecimiento y del desarrollo de Guatemala. Desde 1996, el aumento de las exportaciones ha superado al del PIB año tras año. Se han realizado considerables progresos en la reducción de los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio, aunque la protección sigue siendo importante en varias esferas.

El informe añade que el crecimiento económico de Guatemala ha sido sostenido, pero tendrá que acelerarse para permitir el logro de una mejora significativa del nivel de vida, para lo cual será necesario en particular que se consoliden e intensifiquen los esfuerzos de liberalización que realiza Guatemala. En las esferas relacionadas con el comercio tal vez se requieran nuevas iniciativas para lograr una mayor eficiencia en el mercado interno, entre otras cosas, mediante la continuación del programa de privatización y el fortalecimiento de políticas y reglamentaciones favorables a la competencia.

Guatemala, que tiene una población de 11,4 millones de habitantes y un PIB per cápita de cerca de 1.700 dólares EE.UU., es la mayor economía de América Central. Entre 1995 y 1998, el PIB real aumentó a un ritmo anual medio del 4,4 por ciento aproximadamente; a continuación, el estancamiento del consumo privado y la disminución de los gastos de inversión dieron lugar a una desaceleración, en 1999 y 2000, registrándose un crecimiento del PIB del 3,6 y el 3,3 por ciento, respectivamente. A pesar de haber experimentado un crecimiento relativamente elevado, el PIB per cápita ha aumentado con demasiada lentitud para mejorar de forma significativa el nivel de vida, debido al fuerte crecimiento demográfico de Guatemala, motivo por el cual la pobreza sigue siendo un serio problema.

Los Estados Unidos son el principal interlocutor comercial de Guatemala, ya que absorben el 36 por ciento de las exportaciones de Guatemala y suministran el 40 por ciento de sus importaciones. Otros interlocutores comerciales importantes son los demás miembros del Mercado Común Centroamericano, la Unión Europea y México. Entre 1995 y 2000, el valor en dólares EE.UU. de las importaciones de Guatemala registró un aumento anual medio del 8,2 por ciento, porcentaje muy superior al registrado por las exportaciones, que fue del 6,9 por ciento, lo que refleja en gran medida una relación de intercambio desfavorable.

Los productos agropecuarios (definición de la OMC) representan el 60 por ciento aproximadamente de las exportaciones de Guatemala y generan alrededor del 23 por ciento del PIB del país. A pesar de que la parte que les corresponde en las exportaciones totales ha disminuido, el café, el azúcar y los bananos siguen siendo los productos de exportación más importantes de Guatemala. No obstante, en el informe se señala que las estadísticas oficiales de Guatemala relativas al comercio de productos básicos no incluyen a las corrientes procedentes de las zonas francas y las maquiladoras.

El informe señala asimismo que Guatemala concede como mínimo el trato NMF a todos sus interlocutores comerciales. Los aranceles son el principal instrumento de protección en frontera utilizado por Guatemala; el tipo NMF promedio aplicado es del 7,0 por ciento. Los productos agropecuarios (definición de la OMC) adeudan un arancel medio del 10,2 por ciento, mientras que el promedio arancelario aplicado a los productos no agropecuarios, con exclusión del petróleo, es del 6,4 por ciento. Las bebidas y líquidos alcohólicos están gravados con los aranceles más elevados, del 24,8 por ciento en promedio. Guatemala mantiene contingentes arancelarios para la importación de varios productos agropecuarios en el marco de los compromisos de acceso mínimo que contrajo en la Ronda Uruguay.

En la Ronda Uruguay, Guatemala consolidó la totalidad de sus aranceles. Los aranceles aplicables a los productos no agropecuarios fueron consolidados a un tipo máximo del 45 por ciento, mientras que los tipos finales consolidados aplicables a los productos agropecuarios están comprendidos entre el 10 y 257 por ciento. La reducción del amplio margen que existe entre los tipos aplicados y los tipos consolidados permitiría mejorar más la previsibilidad de las condiciones de acceso al mercado.

Las reducciones arancelarias realizadas en el marco de acuerdos preferenciales han contribuido a mejorar el acceso al mercado de Guatemala de sus interlocutores comerciales. Se ofrece acceso libre de derechos a casi todas las importaciones procedentes de los países miembros del Mercado Común Centroamericano. También se ofrecen aranceles preferenciales a México, en el marco de un tratado bilateral de libre comercio, y a Colombia, Cuba, Panamá y Venezuela. Sin embargo, el número y el alcance de las iniciativas preferenciales de Guatemala, junto con sus flaquezas institucionales, es motivo de preocupación.

Independientemente de su origen, y de conformidad con el principio de trato nacional, las importaciones están sujetas al pago de impuestos internos, en particular, un impuesto al valor agregado del 12 por ciento, aplicable al valor c.i.f. de las mercancías importadas. Además, varios productos, como las bebidas alcohólicas, el cemento y los vehículos, están sujetos a impuestos específicos al consumo.

Con el fin de reforzar los procedimientos aduaneros, Guatemala obtuvo una moratoria, hasta noviembre de 2001, para la aplicación del Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana. Se aplican precios mínimos de importación a efectos de valoración en aduana en el caso del arroz, la ropa usada y los vehículos de segunda mano. Para el 2002 está prevista la promulgación de una nueva ley de aduanas.

Al parecer, la utilización de obstáculos no arancelarios al comercio es limitada. Guatemala mantiene diversas restricciones y prohibiciones a la importación, aplicables por igual a todos los interlocutores comerciales, por motivos de seguridad, salud y protección del medio ambiente. Guatemala no ha recurrido a medidas comerciales especiales, salvo en un caso, en el que adoptó una medida antidumping que fue retirada por las autoridades tras el establecimiento de un grupo especial encargado de examinar su compatibilidad con las normas de la OMC.

El sector industrial, que incluye manufacturas, construcción, minería, electricidad y agua, representa el 20 por ciento del PIB. Las manufacturas, cuya participación en el PIB es del 13 por ciento aproximadamente, se concentran en gran medida en la transformación de productos agropecuarios, destinados al mercado interno y a los mercados de América Central y Estados Unidos. Otros subsectores manufactureros importantes son los del calzado, los textiles, los metales y los productos químicos.

La contribución del sector de los servicios al PIB se eleva al 57 por ciento aproximadamente, y el subsector dominante es el comercio. De conformidad con la Ley de Inversión Extranjera, se garantiza a los inversores extranjeros el acceso al mercado en la mayoría de los sectores de servicios, sobre una base no discriminatoria. A pesar de haber mejorado significativamente, la infraestructura de Guatemala sigue teniendo problemas en algunos sectores, como los servicios financieros y las instalaciones portuarias.

El acceso de los servicios financieros a los mercados está regulado por una legislación sectorial específica. Con sujeción a la aprobación de los organismos de reglamentación, las compañías de seguros y los bancos pueden constituirse como sociedades en Guatemala. Las empresas de propiedad estatal siguen realizando actividades en la esfera de los servicios financieros, el transporte marítimo y las telecomunicaciones, sin embargo representan únicamente una parte mínima de la producción de esos sectores. Sólo se aplican prescripciones en materia de participación mínima de capital local en el sector del transporte. La promulgación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones, en 1996, junto con la privatización de la empresa de telecomunicaciones de propiedad estatal, preparó el terreno para el rápido crecimiento observado en este sector en los últimos años. El turismo ha pasado a ser una importante fuente de divisas, que genera más de 500 millones de dólares EE.UU. al año.

 
Nota para las redacciones

En los exámenes de las políticas comerciales, ejercicio prescrito en los Acuerdos de la OMC, se examinan y se evalúan a intervalos regulares las políticas comerciales y relacionadas con el comercio de los países Miembros. También se siguen de cerca los acontecimientos importantes que pueden tener consecuencias para el sistema mundial de comercio. Para cada examen se elaboran dos documentos: una exposición de políticas que presenta el gobierno del Miembro objeto de examen, y un informe detallado que redacta de manera independiente la Secretaría de la OMC. Estos dos documentos son luego examinados por el conjunto de Miembros de la OMC en el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC). Esos documentos y las actas de las reuniones del OEPC se publican poco después. Desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en 1995, los informes abarcan también las esferas de los servicios y de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

En lo que respecta al presente examen, el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales examinará el informe de la Secretaría de la OMC y la exposición de políticas elaborada por el Gobierno de Guatemala los días 16 y 18 de enero de 2002. El informe de la Secretaría abarca la evolución de todos los aspectos de las políticas comerciales de Guatemala inclusive sus leyes y reglamentos internos, el marco institucional y las políticas comerciales por medida y por sector.

Se adjuntan al presente comunicado de prensa las observaciones recapitulativas que figuran en el informe de la Secretaría y algunos extractos de la exposición de políticas del Gobierno. Los informes de la Secretaría y del Gobierno figuran por el nombre del país en la lista completa de los exámenes de las políticas comerciales. Estos dos documentos, el acta de los debates del OEPC y el resumen del Presidente se publicarán oportunamente en una versión encuadernada y podrán obtenerse en la Secretaría, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

Desde diciembre de 1989 se han finalizado los siguientes exámenes: la Argentina (1992 y 1999), Australia (1989, 1994 y 1998), Austria (1992), Bahrein (2000), Bangladesh (1992 y 2000), Benin (1997), Bolivia (1993 y 1999), Botswana (1998), el Brasil (1992, 1996 y 2000), Brunei Darussalam (2001), Burkina Faso (1998), Camerún (1995 y 2001), el Canadá (1990, 1992, 1994, 1996, 1998 y 2000), Chile (1991 y 1997), Chipre (1997), Colombia (1990 y 1996), las Comunidades Europeas (1991, 1993, 1995, 1997 y 2000), Corea, República de (1992, 1996 y 2000), Costa Rica (1995 y 2001), Côte d'Ivoire (1995), Egipto (1992 y 1999), El Salvador (1996), los Estados Unidos (1989, 1992, 1994, 1996 y 1999), Fiji (1997), Filipinas (1993 y 1999), Finlandia (1992), Gabón (2001), Ghana (1992 y 2001), Guinea (1999), Hong Kong (1990, 1994 y 1998), Hungría (1991 y 1998), la India (1993 y 1998), Indonesia (1991, 1994 y 1998), Islandia (1994 y 2000), Islas Salomón (1998), Israel (1994 y 1999), Jamaica (1998), el Japón (1990, 1992, 1995, 1998 y 2000), Kenya (1993 y 2000), Lesotho (1998), Macao (1994 y 2001), Madagascar (2001), Malasia (1993, 1997 y 2001), Malí (1998), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995 y 2001), México (1993 y 1997), Mozambique (2001), Namibia (1998), Nicaragua (1999), Nigeria (1991 y 1998), Noruega (1991, 1996 y 2000), Nueva Zelandia (1990 y 1996), OECO (2001), el Pakistán (1995), Papua Nueva Guinea (1999), el Paraguay (1997), el Perú (1994 y 2000), Polonia (1993 y 2000), la República Checa (1996 y 2001), la República Dominicana (1996), la República Eslovaca (1995 y 2001), Rumania (1992 y 1999), Senegal (1994), Singapur (1992, 1996 y 2000), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993 y 1998), Suecia (1990 y 1994), Suiza (y conjuntamente con Liechtenstein) (1991, 1996 y 2000), Swazilandia (1998), Tailandia (1991, 1995 y 1999), Tanzanía (2000), Togo (1999), Trinidad y Tabago (1998), Túnez (1994), Turquía (1994 y 1998), Uganda (1995 y 2001), el Uruguay (1992 y 1998), Venezuela (1996), Zambia (1996) y Zimbabwe (1994).

 

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Informe de la Secretaría  

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
GUATEMALA
Informe de la Secretaría — Observaciones recapitulativas

En los últimos años, el comercio ha desempeñado una función importante en la promoción del crecimiento y del desarrollo de Guatemala. El aumento de las exportaciones ha superado al del PIB todos los años, desde 1996. Se han realizado considerables progresos en la reducción de los obstáculos arancelarios y no arancelarios al comercio, aunque la protección sigue siendo notable en varias esferas. Asimismo, se ha eliminado la mayoría de las restricciones a la inversión extranjera, y se ha emprendido un programa de privatización de amplio alcance, que ha llevado a la reducción de la participación del Estado en las actividades de producción y ha incrementado la eficiencia en sectores clave de actividad. Además, se ha adoptado legislación destinada a mejorar la reglamentación en materia de contratación pública y la protección de los derechos de propiedad intelectual. Estos esfuerzos forman parte de una estrategia multifacética que comprende iniciativas unilaterales, regionales y multilaterales destinadas a lograr un crecimiento económico sostenible mediante la liberalización económica y la modernización del sector público.

El crecimiento económico de Guatemala ha sido sostenido, pero tendrá que acelerarse para permitir el logro de una mejora significativa del nivel de vida, para lo cual será necesario en particular que se consoliden e intensifiquen los esfuerzos de liberalización que realiza Guatemala. En las esferas relacionadas con el comercio tal vez se requieran nuevas iniciativas para lograr una mayor eficiencia en el mercado interno, entre otras cosas, mediante la continuación del programa de privatización y el fortalecimiento de políticas y reglamentaciones favorables a la competencia. Será preciso propiciar la adopción de políticas sectoriales que no tengan efectos de distorsión, habida cuenta de que los programas de promoción de las exportaciones tienen a menudo como resultado una discriminación contra las actividades orientadas al mercado interno. También se contribuiría a la consolidación de los esfuerzos de liberalización desplegados por Guatemala mediante programas específicos de creación de capacidad. El éxito de estos esfuerzos depende finalmente del logro de una estabilidad institucional duradera. En todas estas esferas, la comunidad internacional puede seguir desempeñando una función importante.

Guatemala, que tiene una población de 11,4 millones de habitantes y un PIB per cápita de cerca de 1.700 dólares EE.UU., es la mayor economía de América Central. Desde la firma en diciembre de 1996 de los Acuerdos de Paz, que pusieron fin a 36 años de conflicto armado interno, uno de los objetivos principales de las autoridades ha sido lograr un crecimiento económico estable y sostenible. Entre 1995 y 1998, el PIB real aumentó a un ritmo anual medio del 4,4 por ciento aproximadamente; a continuación, el estancamiento del consumo privado y la disminución de los gastos de inversión dieron lugar a una desaceleración, en 1999 y 2000, registrándose un crecimiento del PIB del 3,6 y el 3,3 por ciento, respectivamente. A pesar de haber experimentado un crecimiento relativamente elevado, el PIB per cápita ha aumentado con demasiada lentitud para mejorar de forma significativa el nivel de vida, debido al fuerte crecimiento demográfico de Guatemala, motivo por el cual la pobreza sigue siendo un serio problema.

A fin de alcanzar uno de los objetivos convenidos de los Acuerdos de Paz, que es la financiación de programas sociales, se están realizando esfuerzos por incrementar los ingresos fiscales; con este fin, a mediados de 2001 se incrementó al 12 por ciento el impuesto al valor agregado. El Gobierno también ha desplegado esfuerzos para fortalecer la administración fiscal y ampliar la base impositiva, aunque los aranceles y el impuesto al valor agregado aplicables a las importaciones siguen representando una gran parte de los ingresos del Estado. El déficit fiscal ha oscilado entre el 0,1 y el 2,8 por ciento desde 1995.

Guatemala mantiene un sistema cambiario flexible; el Banco Central sólo interviene en el mercado para moderar las fluctuaciones del tipo de cambio. Una ley promulgada a finales de 2000 permite la libre circulación de divisas, con objeto de mejorar la confianza en el sistema bancario. La aplicación de una política financiera sujeta a disciplinas ha contribuido a reducir la inflación, de tasas de dos dígitos a comienzos del decenio de 1990 al 5 por ciento en 2000, y ha contribuido también a mantener el tipo de cambio con respecto al dólar de los Estados Unidos relativamente estable desde 1999. Los tipos de interés real han experimentado una tendencia al alza en los últimos años, situándose en cerca del 15 por ciento en 2000.

La balanza por cuenta corriente de Guatemala ha registrado déficit importantes en los últimos años, debido sobre todo a que los déficit comerciales son persistentes y cada vez mayores. El déficit ha sido financiado en gran parte mediante remesas y mediante los ingresos generados por la privatización. La repatriación de capital y los ingresos procedentes de las privatizaciones han incrementado las reservas internacionales, que alcanzaron cerca de 1.900 millones de dólares EE.UU. en 2000, lo que equivale a un total de cinco meses de importaciones.

Los Estados Unidos son el principal interlocutor comercial de Guatemala, ya que absorben el 36 por ciento de las exportaciones de Guatemala y suministran el 40 por ciento de sus importaciones. Otros interlocutores comerciales importantes son los demás miembros del Mercado Común Centroamericano, la Unión Europea y México. Entre 1995 y 2000, el valor en dólares de los Estados Unidos de las importaciones de Guatemala registró un aumento anual medio del 8,2 por ciento, porcentaje muy superior al registrado por las exportaciones, que fue del 6,9 por ciento, lo que refleja en gran medida una relación de intercambio desfavorable.

Los productos agropecuarios (definición de la OMC) representan el 60 por ciento aproximadamente de las exportaciones de Guatemala. A pesar de que la parte que les corresponde en las exportaciones totales ha disminuido, el café, el azúcar y los bananos siguen siendo los productos de exportación más importantes de Guatemala. En los últimos años han adquirido importancia el turismo y las exportaciones de prendas de vestir y productos agropecuarios no tradicionales. Los bienes intermedios y de capital ocupan un lugar predominante en las importaciones de Guatemala.

Guatemala está consolidando su marco jurídico e institucional; la instauración de una buena administración es cuestión prioritaria y condición indispensable para que Guatemala logre sus ambiciosos objetivos de desarrollo. El Ministerio de Economía es el organismo principal en lo que respecta a todas las cuestiones relacionadas con el comercio exterior. Guatemala se adhirió al GATT en 1991 y pasó a ser Miembro de la OMC en julio de 1995. En tanto que tratados internacionales, los Acuerdos de la OMC prevalecen sobre la legislación nacional. Guatemala ha sido un participante activo en el sistema multilateral de comercio, habiendo tomado parte en las negociaciones sobre los servicios de telecomunicaciones y habiendo recurrido al mecanismo de solución de diferencias en varias ocasiones. Guatemala también ha participado en las negociaciones objeto de mandato sobre los servicios y sobre la agricultura, en este último sector como miembro del Grupo de Cairns.

La participación de Guatemala en acuerdos comerciales preferenciales ha ido aumentando; el Mercado Común Centroamericano ocupa un lugar central en sus relaciones comerciales regionales. Guatemala tiene un Tratado de Libre Comercio con México, apoyado ahora por nuevas iniciativas destinadas a lograr una mayor integración física entre estos dos países y con los demás países de la región. Se han iniciado o han concluido negociaciones sobre tratados de libre comercio con el Canadá, Chile, la República Dominicana y Panamá; está previsto que el Tratado de libre comercio con la República Dominicana entre en vigor a finales de 2001. Prosiguen las negociaciones con El Salvador, Honduras y Nicaragua relativas al establecimiento de una unión aduanera, así como a un acuerdo sobre el comercio de servicios y las inversiones. Asimismo, Guatemala ha concluido Acuerdos de Alcance Parcial con Colombia, Cuba y Venezuela, y participa en los grupos de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas.

El número y alcance de estas iniciativas preferenciales, cada una con sus propias exigencias de negociación y aplicación, junto con las debilidades institucionales de Guatemala, plantean dudas acerca de su capacidad para participar efectivamente en todas esas iniciativas. Los nuevos tratados de libre comercio están complicando las dificultades que plantea la aplicación de la política comercial debido, entre otras cosas, a que requieren la administración de programas de reducción arancelaria y normas de origen que son diferentes. También puede haber incompatibilidades entre los tratados, por ejemplo, con respecto a la valoración en aduana o las medidas de salvaguardia; las disposiciones de algunos tratados de libre comercio concertados por Guatemala prevalecen sobre las normas multilaterales.

Entre 1996 y 1998, Guatemala emprendió un ambicioso programa de privatización, pero éste se lleva a cabo a un ritmo considerablemente más lento desde entonces, y varias empresas, sobre todo del sector de los servicios, siguen siendo de propiedad estatal. Paralelamente a la realización del programa de privatización, se promulgaron nuevas leyes sobre telecomunicaciones y electricidad, que pusieron fin a los monopolios estatales en estos sectores y los abrieron a la participación del sector privado. La Ley de Inversión Extranjera, de 1998, concede trato nacional a todos los extranjeros, con unas pocas excepciones sectoriales, en particular, el transporte.

Guatemala concede como mínimo el trato NMF a todos sus interlocutores comerciales. Los aranceles son el principal instrumento de protección en frontera utilizado por Guatemala; el tipo NMF promedio aplicado es del 7,0 por ciento. Los productos agropecuarios (definición de la OMC) adeudan un arancel medio del 10,2 por ciento, mientras que el promedio arancelario aplicable a los productos no agropecuarios, con exclusión del petróleo, es del 6,4 por ciento. Las bebidas y líquidos alcohólicos están gravados con los aranceles más elevados, del 24,8 por ciento en promedio. Guatemala mantiene contingentes arancelarios para la importación de varios productos agropecuarios en el marco de los compromisos de acceso mínimo que contrajo en la Ronda Uruguay.

En la Ronda Uruguay, Guatemala consolidó la totalidad de sus aranceles. Los aranceles aplicables a los productos no agropecuarios fueron consolidados a un tipo máximo del 45 por ciento, mientras que los tipos finales consolidados aplicables a los productos agropecuarios están comprendidos entre el 10 y 257 por ciento. La reducción del amplio margen que existe entre los tipos aplicados y los tipos consolidados permitiría mejorar más la previsibilidad de las condiciones de acceso al mercado.

Las reducciones arancelarias realizadas en el marco de acuerdos preferenciales han contribuido a mejorar el acceso al mercado de Guatemala de sus interlocutores comerciales. Se ofrece acceso libre de derechos a casi todas las importaciones procedentes de los países miembros del Mercado Común Centroamericano. También se ofrecen aranceles preferenciales a México, en el marco de un tratado bilateral de libre comercio, y a Colombia, Cuba, Panamá y Venezuela.

Independientemente de su origen, y de conformidad con el principio de trato nacional, las importaciones están sujetas al pago de impuestos internos, en particular, un impuesto al valor agregado del 12 por ciento, aplicable al valor c.i.f. de las mercancías importadas. Además, varios productos, como las bebidas alcohólicas, el cemento y los vehículos, están sujetos a impuestos específicos al consumo.

Con el fin de reforzar los procedimientos aduaneros, Guatemala obtuvo una moratoria, hasta noviembre de 2001, para la aplicación del Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana. Se aplican precios mínimos de importación a efectos de valoración en aduana en el caso del arroz, la ropa usada y los vehículos usados. Para el 2002 está prevista la promulgación de una nueva ley de aduanas.

Al parecer, la utilización de obstáculos no arancelarios al comercio es limitada. Guatemala mantiene diversas restricciones y prohibiciones a la importación, aplicables por igual a todos los interlocutores comerciales, por motivos de seguridad, salud y protección del medio ambiente. Guatemala no ha recurrido a medidas comerciales especiales, salvo en un caso, en el que adoptó una medida antidumping que fue retirada por las autoridades tras el establecimiento de un grupo especial encargado de examinar su compatibilidad con las normas de la OMC.

Las leyes relativas a las zonas francas y las maquiladoras son los principales instrumentos de promoción de las exportaciones de Guatemala. De conformidad con estas leyes, las empresas exportadoras pueden beneficiarse, en determinadas condiciones, de exenciones de los derechos de importación y de diversos impuestos internos. Guatemala no aplica programas oficiales de créditos a la exportación ni de seguro de exportación para promover las exportaciones.

Guatemala se beneficia de diversos esquemas SGP y de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, adoptada con carácter unilateral por los Estados Unidos. Las exportaciones guatemaltecas de azúcar de caña en bruto a los Estados Unidos se benefician de contingentes arancelarios preferenciales. También las exportaciones de textiles y prendas de vestir de Guatemala a los Estados Unidos están sujetas a contingentes. Existen contingentes de exportación para los productos abarcados por el Acuerdo de la OMC sobre los Textiles y el Vestido. Guatemala mantiene impuestos a la exportación únicamente para el sector del café.

La contratación pública está regulada por la Ley de Contrataciones del Estado, de 1992, por la que se concede trato nacional a los proveedores extranjeros de bienes y servicios. Guatemala no tiene un marco jurídico global para la política de competencia, pero las autoridades están preparando ese marco. Si bien existen reglamentaciones específicas por sectores para velar por que los mercados internos sigan siendo competitivos, la información disponible indica que la competencia es restringida en algunos sectores clave, como los servicios financieros.

El Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) pasó a formar parte de la legislación de Guatemala como resultado de la ratificación del Acuerdo de Marrakech. Posteriormente, Guatemala ha emprendido reformas jurídicas y administrativas para facilitar la protección de los derechos de propiedad intelectual, por ejemplo, mediante la promulgación de nuevas leyes relativas al derecho de autor y a la propiedad industrial. Ha aumentado considerablemente desde 1995 el número de derechos de propiedad intelectual registrados anualmente.

La agricultura genera el 23 por ciento aproximadamente del PIB de Guatemala. A pesar de la disminución de la parte que le corresponde en el PIB, la agricultura sigue siendo un sector primordial de la economía de Guatemala, debido a su contribución al empleo y a los ingresos de exportación. Sin embargo, los dos principales productos agrícolas de exportación, el café y el azúcar, han sufrido presiones considerables en los últimos años a causa a la existencia de condiciones desfavorables en el mercado internacional.

El sector industrial, que incluye manufacturas, construcción, minería, electricidad y agua, representa el 20 por ciento del PIB. Las manufacturas, cuya participación en el PIB es del 13 por ciento aproximadamente, se concentran en gran medida en la transformación de productos agropecuarios, destinados al mercado interno y a los mercados de América Central y Estados Unidos. Otros subsectores manufactureros importantes son los del calzado, los textiles, los metales y los productos químicos.

Al parecer, las disposiciones tributarias especiales para las zonas francas y las maquiladoras de Guatemala han propiciado particularmente la producción de diversos productos no tradicionales, aunque no se dispone de estimaciones precisas. Entre estos productos figuran productos agropecuarios tales como flores cortadas y legumbres y hortalizas especiales, productos pesqueros tales como los camarones, y manufacturas, en particular textiles y prendas de vestir. Dado que el comercio exterior en el marco de estas disposiciones especiales no está incluido en las estadísticas comerciales oficiales, éstas tal vez subestimen las exportaciones efectivamente realizadas en estos sectores, así como las importaciones de los insumos necesarios.

La contribución del sector de los servicios al PIB se eleva al 57 por ciento aproximadamente, y el subsector dominante es el comercio. De conformidad con la Ley de Inversión Extranjera, se garantiza a los inversores extranjeros el acceso al mercado en la mayoría de los sectores de servicios, sobre una base no discriminatoria. El acceso al mercado de los servicios financieros está regulado por una legislación sectorial específica. Con sujeción a la aprobación de las autoridades competentes, las compañías de seguros y los bancos pueden constituirse como sociedades en Guatemala; los bancos extranjeros también pueden establecer agencias o sucursales.

Los compromisos contraídos por Guatemala en el marco del AGCS son relativamente limitados y sólo abarcan cinco categorías de servicios, ya que con esos compromisos se consolidó el marco de política en vigor antes del inicio del programa de privatización y de la promulgación de la Ley de Inversión Extranjera de Guatemala.

Las empresas de propiedad estatal siguen realizando actividades en la esfera de los servicios financieros, el transporte marítimo y las telecomunicaciones; sin embargo, representan únicamente una parte mínima de la producción de esos sectores. Sólo se aplican prescripciones en materia de participación mínima de capital local en el sector del transporte. La promulgación de una nueva Ley General de Telecomunicaciones, en 1996, junto con la privatización de la empresa de telecomunicaciones de propiedad estatal, preparó el terreno para el rápido crecimiento observado en este sector en los últimos años. El turismo ha pasado a ser una importante fuente de divisas, que genera más de 500 millones de dólares EE. UU. al año. A pesar de haber mejorado significativamente la infraestructura de Guatemala, sigue habiendo problemas en algunos sectores, como los servicios financieros y las instalaciones portuarias.

 

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Informe del Gobierno  

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
GUATEMALA
Informe del Gobierno — Parte II

Evolución del entorno económico

En Guatemala se puso en marcha a partir de 1991, una serie de medidas de estabilización y ajuste estructural, con el propósito de alcanzar una mayor eficiencia económica mediante la implementación de acciones tendentes a controlar la inflación, fortalecer la balanza de pagos y buscar la creación de las condiciones que permitan alcanzar una tasa de crecimiento económico sostenible. Para ello se plantearon una serie de reformas estructurales en el área comercial, financiera, de administración pública, de política monetaria y de política fiscal, entre otras. En ese contexto, el comportamiento económico en el período 1991-2000 se caracterizó por los efectos de la aplicación de esas medidas, así como por los esfuerzos de adaptación de la economía nacional a las exigencias del proceso de globalización económica y enfrentar fenómenos de naturaleza extraeconómica.

En el período en referencia destaca la estabilidad del nivel general de precios, como resultado de los esfuerzos de la autoridad monetaria en adecuar los niveles de liquidez a los requerimientos de la economía y así propiciar una reducción gradual de la inflación. De esa cuenta la variación de precios internos muestra una tendencia hacia la baja, alcanzando durante el período una tasa promedio de 9 por ciento. Cabe agregar que en los últimos cuatro años la inflación se ubicó en un promedio de 6,1 por ciento.

En los últimos años, el objetivo fundamental de la política monetaria, cambiaria y crediticia ha sido el de propiciar la estabilidad del nivel general de precios, con la convicción de que es la mejor contribución que dicha política puede hacer al logro de un crecimiento sostenible de la producción y el empleo y, por ende, al desarrollo ordenado de la economía nacional. En este sentido, en el 2000 la estrategia en la conducción de la política monetaria, cambiaria y crediticia se centró en el objetivo de recuperar la confianza en la moneda y fortalecer el sistema financiero nacional. Para el logro de dicho objetivo estratégico se planteó la necesidad de la aplicación disciplinada de medidas de política en tres áreas de acción: a) una política monetaria disciplinada; b) el fortalecimiento del sistema financiero nacional mediante la modernización del marco regulatorio; y c) la disciplina fiscal.

En congruencia con los retos que impone el proceso de globalización mundial, a finales de 1989 la autoridad monetaria decidió flexibilizar el mercado bancario de divisas. En tal sentido, a partir de 1994 se permitió la libre determinación de la tasa de cambio y de la asignación de divisas en dicho mercado. Por otra parte, en 1996 principió a funcionar el Sistema Electrónico de Negociación de Divisas (SINEDI), bajo la premisa de brindar certeza y transparencia a las operaciones que se efectúan en el mercado, garantizando la libertad cambiaria a los agentes económicos.

El nivel del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos respecto al PIB registró en algunos años de la última década porcentajes superiores al 5 por ciento. Conviene indicar que en dichos años el déficit en cuenta corriente fue financiado, entre otros, por un ingreso neto de capitales del exterior que permitió un aumento de las Reservas Monetarias Internacionales –RIN-.

En 2000, el saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos como porcentaje del PIB registró una disminución en relación con el año anterior, al pasar de 5,5 por ciento en 1999 a 4,8 por ciento en 2000. En este resultado influyó el comportamiento registrado en la cuenta de servicios y en la cuenta de transferencias, las que registraron superávits superiores a los del año anterior. Por otra parte, los flujos de inversión extranjera directa alcanzaron en 1998 los 673 millones de dólares EE.UU., derivado de una fuerte actividad privatizadora.

Durante la última década se han puesto en marcha, además, medidas de política económica encaminadas a la modernización económica del país, favoreciendo así una mayor apertura de la economía nacional y una mejor asignación de recursos. Como resultado, el comportamiento del Producto Interno Bruto –PIB- en el período 1991-2000 ha mostrado en promedio una tasa de crecimiento de 4,1 por ciento, lo que ha permitido una relativa mejora en el ingreso per capita de la población. Cabe agregar que en los últimos años el crecimiento económico del país se ha visto afectado por diversos factores, entre los cuales destacan los shocks externos que han deteriorado los términos de intercambio, los daños causados por la tormenta tropical Mitch, así como la desaceleración económica mundial.

Al inicio de la década el gobierno central se encontraba en una situación crítica con un déficit fiscal de alrededor de 2 por ciento. Dicha situación implicaba contratar financiamiento para sufragas gastos corrientes, lo que no permitía un incremento de la inversión. Lo anterior hizo impostergable la revisión de la política tributaria con el fin de eliminar el mencionado déficit, evitando profundizar en endeudamiento externo. Al finalizar 2000, el déficit fiscal en relación con el PIB se situó en 1,8 por ciento y la carga tributaria se ubicó en 10,1 por ciento.

El comercio total de mercancías, es decir exportaciones más importaciones, registró entre 1991 y 2000 una tasa acumulativa anual de crecimiento de 10,5 por ciento. En el caso de las exportaciones éstas crecieron a una tasa acumulativa anual de 9,2 por ciento, alcanzando en 2000 un valor FOB de 2.708,5 millones de dólares EE.UU., en tanto que las importaciones se han incrementado a una tasa acumulativa anual de 11,4 por ciento, situándose en 2000 en un valor CIF de 4.885,3 millones de dólares EE.UU.

En el crecimiento del valor de las exportaciones es importante destacar el incremento registrado en las exportaciones de café y banano, así como de otros productos al resto del mundo y a Centroamérica. Respecto a las importaciones, son importante los incrementos registrados en los rubros de bienes de consumo, bienes de capital, materias primas y combustibles y lubricantes.

Un objetivo fundamental de la política económica del país en los últimos años ha sido el de reducir el papel del Estado en la economía y promover una mayor participación por parte de los agentes económicos privados. En este sentido, a partir de 1996 y dentro de las medidas de política económica encaminadas a la modernización económica del país el gobierno inició el proceso de desincorporación de activos del Estado, mediante la venta del 80 por ciento de las acciones de la Empresa Eléctrica de Guatemala –EEGSA-, el 95 por ciento de las acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala, S.A., -TELGUA- y de la concesión de operaciones de bandas de telefonía, la venta de dos empresas de distribución del Instituto Nacional de Electrificación –INDE-, el usufructo de la compañía de ferrocarriles de Guatemala –FEGUA- y la administración y operación de los servicios de correo.

Otro aspecto de primordial importancia lo constituye el avance observado en el proceso de modernización del sistema financiero, enmarcado dentro del "Programa de Modernización del Sistema Financiero Nacional". A este respecto, se ha propiciado el fortalecimiento de la legislación financiera del país, de manera que permita, por una parte, mejorar la competitividad de las instituciones y, por otra, salvaguardar los intereses de los depositantes, así como la liquidez, solvencia y estabilidad del sistema financiero nacional en su conjunto.

En el contexto del Programa de Fortalecimiento del Sistema Financiero Nacional, se encuentra en discusión y pendiente de aprobación en las instancias correspondientes, los proyectos de la Ley de Bancos y Grupos Financieros, de la Ley de Supervisión Financiera, de la Ley Orgánica del Banco de Guatemala y de la Ley Monetaria, así como de la Ley de la Actividad Aseguradora. Con las reformas legales propuestas se persigue fortalecer el sistema financiero nacional y su supervisión, al proporcionar un marco legal general que brinde mayor certeza jurídica y contribuya a la eficiencia, solidez, transparencia y competitividad de las instituciones financieras, bajo un enfoque preventivo, coadyuvando así al desarrollo de la economía nacional y al fortalecimiento de la confianza del público ahorrante e inversionista.