México se ha convertido en un ejemplo excelente del papel que el comercio y la inversión extranjera pueden desempeñar como catalizadores de la modernización económica y el crecimiento. Al servirse de los compromisos internacionales para apartarse de las políticas orientadas hacia la actividad nacional que se habían aplicado anteriormente, los encargados de la adopción de decisiones políticas han promovido un círculo virtuoso de desreglamentación, cambios estructurales, crecimiento de la productividad e ingresos per cápita más elevados que han convertido a México en un interlocutor comercial cada vez más atractivo y en un polo de atracción de la inversión extranjera. Sin embargo la estrategia de liberalización de México ha acentuado considerablemente las diferencias entre el trato concedido a sus interlocutores preferenciales y el dado a otros Miembros de la OMC, según un informe de la Secretaría de la OMC sobre las políticas y prácticas comerciales de México.

El informe dice que algunas actividades siguen siendo relativamente ineficientes, por estar a la vez protegidas de la competencia y entorpecidas por obstáculos al comercio o a la inversión. Durante años importantes reformas han estado pendientes, sobre todo en los sectores de los hidrocarburos y la electricidad. Por lo tanto los progresos realizados en el programa de reformas resultan esenciales para mantener el impulso de los esfuerzos de reestructuración de México y para reanudar el crecimiento, cuyo ritmo se ha reducido desde finales de 2000 como consecuencia del declive de la demanda estadounidense.

A pesar de la reciente disminución del ritmo del crecimiento, los resultados económicos generales de México durante los últimos cinco años han sido positivos. Entre 1997 y 2000, el PIB creció a un tipo medio anual del 5,2 por ciento; el comercio de mercancías de México aumentó a una tasa media anual del 17,1 por ciento, que es la más elevada entre los 20 Miembros de mayor tamaño de la OMC, con una ligera ventaja de las importaciones sobre las exportaciones. Este proceso ha llevado aparejado un fuerte incremento de la inversión que ha aumentado considerablemente: entre 1997 y 2000, las inversiones privadas crecieron a un tipo medio anual del 10,6 por ciento. Durante ese período, México atrajo aproximadamente 44.000 millones de dólares EE.UU. en inversiones extranjeras directas.

Sustentaron estos buenos resultados una serie de políticas macroeconómicas sólidas caracterizadas por un tipo de cambio estable y por sendos declives de la inflación y del desempleo. Los déficit fiscales fueron moderados, si bien, a la vista del satisfactorio comportamiento de la economía, habría cabido esperar un resultado aun mejor. Se prevé que el conjunto de medidas fiscales de transacción adoptadas para 2002 por el Congreso aumente los ingresos fiscales si bien en un importe inferior al que en un principio tratara de conseguir el Gobierno. Por tanto el saldo fiscal del sector público de México sigue estando expuesto a las fluctuaciones de los ingresos del petróleo y a importantes pasivos eventuales.

En la actualidad la mayoría del comercio de México se lleva a cabo mediante normas preferenciales y el TLCAN sigue registrando una importancia económica fundamental. Concretamente los Estados Unidos son, con mucha diferencia, el principal interlocutor comercial de México ya que en 2000 fueron los proveedores de aproximadamente el 73 por ciento de las importaciones del país y el lugar de destino de aproximadamente el 89 por ciento de sus exportaciones. En ese mismo año, el Canadá ocupó el segundo lugar entre los lugares de destino de los productos mexicanos, con el 2 por ciento aproximadamente de las exportaciones. Al margen del TLCAN, ningún país absorbió por separado más del 1 por ciento del total de las exportaciones mexicanas.

El informe añade que México considera que el sistema multilateral de comercio es el principal instrumento de la liberalización del comercio mundial. El apoyo prestado a este sistema ha sido muy visible recientemente, por ejemplo, en el fuerte respaldo de México al lanzamiento del Programa de Doha para el Desarrollo y en la oferta realizada para acoger la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC.

La política comercial de México permanece estrechamente asociada con la promoción de las inversiones extranjeras, y sus iniciativas tanto multilaterales como preferenciales han incluido normas para la regulación de éstas. Con la excepción del acuerdo con Israel, todos los acuerdos de libre comercio de México contienen disposiciones relativas a la inversión que conceden a los inversores protección adicional. Desde 1997, México también ha desplegado importantes medidas unilaterales para abrir a la inversión extranjera diversas actividades en materia de servicios, sobre todo los servicios financieros y las telecomunicaciones. No obstante, existen ciertos ámbitos en los que no se permite la entrada de capital privado de ningún tipo, bien porque están enteramente reservados para los capitales mexicanos, bien porque requieren una mayoría de capital mexicano o bien porque han de contar con la aprobación previa por tratarse de una inversión extranjera que excede del 49 por ciento del capital total.

Según el informe, desde el anterior examen realizado en 1997 México ha aplicado aumentos arancelarios NMF que incrementaron el promedio del tipo aplicado aproximadamente en 3 puntos porcentuales hasta el 16,5 por ciento en 2001. En consecuencia, y a diferencia de la situación que existía en 1997, la estructura arancelaria de México para 2001 mostraba una clara progresividad arancelaria.

El número de sistemas diferentes de contingente arancelario añade complejidad al régimen de importación de México. México aplica contingentes arancelarios a varios productos agropecuarios, y la mayoría de los contingentes se reservan para países determinados. La base de la valoración en aduana depende del origen de las importaciones: f.o.b. para las importaciones procedentes de interlocutores TLCAN y c.i.f. para otras importaciones. Además, México recurre activamente a las medidas excepcionales, esencialmente las de carácter antidumping.

El informe señala que, para compensar en parte el sesgo antiexportador derivado de los obstáculos al comercio impuestos a las importaciones, México promueve las exportaciones mediante diversas concesiones en materia de derechos y de impuestos, una de las cuales ha sido notificada a la OMC como subvención a la exportación. Con arreglo a estos procedimientos, y a menos que un acuerdo de libre comercio especifique otra cosa, los insumos importados incorporados a los bienes de exportación no se gravan mediante aranceles; además México promueve las exportaciones mediante diversos sistemas administrativos de facilitación de la imposición.

México también explota numerosos programas en apoyo de actividades selectas. En general la ayuda se aporta bien mediante servicios de financiación, que en su mayoría encauzan los bancos de desarrollo o los fondos fiduciarios públicos, o bien bajo la forma de concesiones fiscales. Determinadas concesiones fiscales están supeditadas a la satisfacción de las prescripciones en materia de contenido nacional o se otorgan únicamente si no se dispone de un producto de sustitución nacional. En 2001, México pidió y obtuvo una prórroga para la eliminación de las MIC en el sector del automóvil que no eran conformes con la OMC.

En relación con las políticas sectoriales, el informe señala que el sector manufacturero ha confirmado el papel esencial que desempeña como catalizador fundamental del crecimiento económico, en la medida en que su ampliación sea relacionada directamente con su capacidad para competir en los mercados extranjeros. En el sector agropecuario, si bien muchas actividades se han modernizado y beneficiado de un acceso creciente a los mercados extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos, otras siguen desenvolviéndose en una escala reducida y esencialmente orientada al consumo de subsistencia. El sector energético sigue en gran medida bajo control estatal, ya que las disposiciones constitucionales restringen la participación privada en sectores estratégicos como el de la explotación de los hidrocarburos y el suministro de electricidad al público. En el sector de los servicios, se han introducido cambios importantes en el marco jurídico institucional, preservado o vinculado en general a las iniciativas de liberalización multilateral y preferencial promovidas por México. Sin embargo, en los últimos años se han manifestado inquietudes en materia de política de competencia en el mercado de las telecomunicaciones y en el del transporte nacional, que permanece en gran medida cerrado a la participación extranjera.

Nota para las redacciones

En los exámenes de las políticas comerciales, ejercicio prescrito en los Acuerdos de la OMC, se examinan y se evalúan a intervalos regulares las políticas comerciales y relacionadas con el comercio de los países Miembros. También se siguen de cerca los acontecimientos importantes que pueden tener consecuencias para el sistema mundial de comercio. Para cada examen se elaboran dos documentos: una exposición de políticas que presenta el gobierno del Miembro objeto de examen, y un informe detallado que redacta de manera independiente la Secretaría de la OMC. Estos dos documentos son luego examinados por el conjunto de los Miembros de la OMC en el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC). Esos documentos y las actas de las reuniones del OEPC se publican poco después. Desde la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC en 1995, los informes abarcan también las esferas de los servicios y de los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio.

En lo que respecta al presente examen, el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales examinará el informe de la Secretaría de la OMC y la exposición de políticas elaborada por el Gobierno de México los días 15 y 16 de abril de 2002. El informe de la Secretaría abarca la evolución de todos los aspectos de las políticas comerciales de México desde el examen anterior, inclusive sus leyes y reglamentos internos, el marco institucional, las políticas comerciales por medidas y la forma en que han evolucionado determinados sectores.

Se adjuntan al presente comunicado de prensa las observaciones recapitulativas del informe de la Secretaría así como algunos extractos de la exposición de políticas del Gobierno. Puede disponerse de los textos de los informes de la Secretaría y del Gobierno con el nombre del país en la lista completa de exámenes de las políticas comerciales. Estos dos documentos así como el acta de los debates del OEPC y el resumen del Presidente se publicarán oportunamente en una versión encuadernada y podrán obtenerse en la Secretaría, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

Desde diciembre de 1989 se han llevado a cabo los siguientes exámenes: Argentina (1992 y 1999), Australia (1989, 1994 y 1998), Austria (1992), Bahrein (2000), Bangladesh (1992 y 2000), Benin (1997), Bolivia (1993 y 1999), Botswana (1998), Brasil (1992, 1996 y 2000), Brunei Darussalam (2001), Burkina Faso (1998), Camerún (1995 y 2001), Canadá (1990, 1992, 1994, 1996, 1998 y 2000), Chile (1991 y 1997), Chipre (1997), Colombia (1990 y 1996), Comunidades Europeas (1991, 1993, 1995, 1997 y 2000), Corea, Rep. de (1992, 1996 y 2001), Costa Rica (1995 y 2001), Côte d'Ivoire (1995), Egipto (1992 y 1999), El Salvador (1996), Estados Unidos (1989, 1992, 1994, 1996, 1999 y 2001), Fiji (1997), Filipinas (1993 y 1999), Finlandia (1992), Gabón (2001), Ghana (1992 y 2001), Guatemala (2002), Guinea (1999), Hong Kong (1990, 1994 y 1998), Hungría (1991 y 1998), India (1993 y 1998), Indonesia (1991, 1994 y 1998), Islandia (1994 y 2000), Israel (1994 y 1999), Islas Salomón (1998), Jamaica (1998), Japón (1990, 1992, 1995, 1998 y 2000), Kenya (1993 y 2000), Lesotho (1998), Macao (1994 y 2001), Madagascar (2001), Malasia (1993, 1997 y 2001), Malawi (2002), Malí (1998), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995 y 2001), México (1993, 1997 y 2002), Mozambique (2001), Namibia (1998), Nicaragua (1999), Nigeria (1991 y 1998), Noruega (1991, 1996 y 2000), Nueva Zelandia (1990 y 1996), OECO (2001), Pakistán (1995 y 2002), Papua Nueva Guinea (1999), Paraguay (1997), Perú (1994 y 2000), Polonia (1993 y 2000), República Checa (1996 y 2001), República Dominicana (1996), República Eslovaca (1995 y 2001), Rumania (1992 y 1999), Senegal (1994), Singapur (1992, 1996 y 2000), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993 y 1998), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991, 1996 y 2000 (junto con Liechtenstein)), Swazilandia (1998), Tailandia (1991, 1995 y 1999), Tanzanía (2000), Togo (1999), Trinidad y Tabago (1998), Túnez (1994), Turquía (1994 y 1998), Uganda (1995 y 2001), Uruguay (1992 y 1998), Venezuela (1996), Zambia (1996) y Zimbabwe (1994).

  
  
Informe de la Secretaría volver al principio

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES MÉXICO
Informe de la Secretaría — Observaciones recapitulativas

Desde el anterior examen de sus políticas comerciales, realizado en 1997, México se ha convertido en un excelente ejemplo del papel que el comercio y la inversión extranjera pueden desempeñar como catalizadores de la modernización económica y el crecimiento. Al servirse de los compromisos internacionales para consolidar el distanciamiento de las políticas orientadas hacia la actividad nacional que se habían aplicado anteriormente, los encargados de la adopción de decisiones políticas han promovido un círculo virtuoso de desreglamentación, cambios estructurales, crecimiento de la productividad e ingresos per cápita más elevados que han convertido a México en un interlocutor comercial cada vez más atractivo y en un polo de atracción de la inversión extranjera. Este proceso ha sido impulsado esencialmente por una agresiva política de liberalización recíproca, reforzada por iniciativas unilaterales y compromisos multilaterales. En consecuencia, la porción más importante del comercio mexicano se rige en la actualidad por las normas preferenciales de los acuerdos de libre comercio.

La estrategia de liberalización de México ha acentuado significativamente las diferencias entre el trato concedido a los interlocutores NMF y a los socios en el marco de los acuerdos de libre comercio, que desde 1997 se han ampliado en sectores como el de los aranceles, lo que suscita la posibilidad de una distorsión neta del comercio. Además, a pesar de la amplitud del campo de aplicación de los acuerdos de libre comercio de México, los obstáculos comerciales todavía dificultan el acceso de los consumidores mexicanos a algunos de los productos más competitivos del mundo. Algunas actividades siguen siendo relativamente ineficientes, por estar a la vez protegidas de la competencia y entorpecidas por obstáculos al comercio o a la inversión. El avance en la ejecución del programa de reformas resulta por tanto esencial para mantener el impulso de los esfuerzos de reestructuración de México. A su vez ello constituye un requisito previo para que México reanude y sostenga el ritmo acelerado del crecimiento económico necesario para que sus condiciones de vida se aproximen a las de sus interlocutores comerciales más cercanos.

Entre 1997 y 2000, período en que el PIB creció a un tipo medio anual del 5,2 por ciento, la economía de México tuvo un comportamiento muy bueno; el comercio de mercancías del país creció a un tipo medio anual del 17,1 por ciento, el más rápido entre los 20 mayores Miembros individuales de la OMC, y las importaciones aumentaron a un ritmo ligeramente más rápido que las exportaciones. Este proceso ha llevado aparejado un fuerte incremento de la inversión: entre 1997 y 2000, la inversión privada creció a un tipo medio anual del 10,6 por ciento. Durante ese período México atrajo aproximadamente 44.000 millones de dólares EE.UU. en inversiones extranjeras directas.

Sustentaron estos buenos resultados una serie de políticas macroeconómicas sólidas caracterizadas por un tipo de cambio estable y por un declive de la inflación y del desempleo. Los déficit fiscales fueron moderados, si bien, a la vista del satisfactorio comportamiento de la economía, habría cabido esperar un resultado aún mejor. Se prevé que el conjunto de medidas fiscales de transacción adoptado para 2002 por el Congreso aumente los ingresos fiscales si bien, en un importe inferior al que en un principio tratara de conseguir el Gobierno. Por tanto el saldo fiscal del sector público de México sigue estando expuesto a las fluctuaciones de los ingresos del petróleo y a importantes pasivos eventuales.

En la actualidad la mayoría del comercio de México se lleva a cabo mediante normas preferenciales y el TLCAN sigue revistiendo una importancia económica fundamental. Concretamente los Estados Unidos son, con mucha diferencia, el principal interlocutor comercial de México ya que en 2000 fueron los proveedores de aproximadamente el 73 por ciento de las importaciones del país y el lugar de destino de aproximadamente el 89 por ciento de sus exportaciones. En ese mismo año, el Canadá ocupó el segundo lugar entre los lugares de destino de los productos mexicanos, con el 2 por ciento aproximadamente de las exportaciones. Al margen del TLCAN, ningún país absorbió por separado más del 1 por ciento del total de las exportaciones mexicanas.

Desde finales de 2000, a raíz del declive de la demanda estadounidense, se ha frenado el crecimiento tanto del comercio como del PIB, lo que ha ido acompañado de una contracción del empleo. Las opciones de política de que disponen las autoridades para hacer frente a esas tendencias parecen limitadas con respecto a la vez a las políticas monetarias y fiscales. Por tanto la reanudación del sostenimiento del crecimiento depende de forma importante de un cambio radical de tendencia de la economía mundial, y particularmente de la de los Estados Unidos, así como de la realización de varias reformas importantes que han estado pendientes durante años, sobre todo en los sectores de los hidrocarburos y la electricidad.

Desde el examen anterior, México no ha introducido cambios fundamentales en el marco de su política comercial. La Secretaría de Economía (anteriormente SECOFI) conserva la responsabilidad principal de la formulación y la aplicación de la política comercial. La nueva administración está en buena medida persiguiendo los anteriores objetivos de política comercial, que reflejan los vínculos formales existentes entre la política industrial, la desreglamentación económica y la promoción de la actividad exportadora. A comienzos de 2002 estaba previsto publicar el programa en materia de comercio e inversiones para 2000-2006 que tomaría relevo del precedente. Desde 1997 se han realizado mejoras importantes en relación con la transparencia, sobre todo merced a varios órganos gubernamentales que divulgan información esencial, particularmente mediante Internet.

México considera que el sistema multilateral de comercio es el principal instrumento de la liberalización del comercio mundial. El apoyo prestado a este sistema ha sido muy visible recientemente, por ejemplo, en el fuerte respaldo de México al lanzamiento del Programa de Doha para el Desarrollo y en la oferta realizada para acoger la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC. México aceptó nuevos compromisos multilaterales en el contexto de los Cuarto y Quinto Protocolos del AGCS, sobre telecomunicaciones básicas y servicios financieros, que entraron en vigor en febrero de 1998 y en marzo de 1999, respectivamente.

A la espera del resultado de iniciativas de liberalización más amplias, el principal procedimiento de que ha dispuesto México para abrir sus regímenes de comercio e inversiones ha sido la negociación de acuerdos de libre comercio. México reconoce que las ventajas inherentes a los acuerdos de libre comercio son de carácter temporal, y que por tanto no pueden constituir una solución de sustitución para mejorar la competitividad de su economía. Como ocurre con otros Miembros que han adoptado estrategias similares, el amplio y creciente número de acuerdos preferenciales de México puede suscitar preocupaciones acerca de las dificultades derivadas de la aplicación de diferentes regímenes, y de sus efectos en las pautas del comercio.

Desde 1997, México ha celebrado nuevos acuerdos de libre comercio con Chile, la Asociación Europea de Libre Cambio, la Unión Europea, Israel, Nicaragua y el triángulo del Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras), con lo que el número de países con los que ha firmado acuerdos de libre comercio asciende a más de 30. A finales de 2001, México estaba considerando la negociación de acuerdos de libre comercio con el Japón y Singapur, entre otros países, o ya estaba negociando dichos acuerdos.

La política comercial de México sigue estando estrechamente asociada con la promoción de las inversiones extranjeras, cuyas normas han formado parte a la vez de sus iniciativas multilateral y preferencial. Con la excepción del acuerdo con Israel, todos los acuerdos de libre comercio de México contienen disposiciones relativas a la inversión que conceden a los inversores protección adicional. Desde 1997, México también ha desplegado importantes medidas unilaterales para abrir a la inversión extranjera diversas actividades en materia de servicios, sobre todo los servicios financieros y las telecomunicaciones. No obstante, existen ciertos ámbitos en los que no se permite la entrada de capital privado de ningún tipo, bien porque están enteramente reservados para los capitales mexicanos, bien porque requieren una mayoría de capital mexicano o bien porque han de contar con aprobación previa por tratarse de una inversión extranjera que excede del 49 por ciento del capital total.

México ha participado solamente en unas cuantas diferencias sometidas a la OMC. La mayoría de las reclamaciones contra México estaban relacionadas con sus prácticas antidumping; también se presentó una demanda contra las prácticas mexicanas en los servicios de telecomunicaciones. Cuando México ha sido el reclamante todos los asuntos menos uno se han referido a las medidas antidumping.

Desde el anterior examen de sus políticas comerciales, México ha aplicado aumentos arancelarios NMF que incrementaron el promedio del tipo aplicado aproximadamente en 3 puntos porcentuales, hasta el 16,5 por ciento en 2001. En consecuencia, y a diferencia de la situación que existía en 1997, la estructura arancelaria de México para 2001 mostraba una clara progresividad arancelaria. El aumento en los tipos NMF y las reducciones de los aranceles preferenciales, también han acentuado la diferencia entre el trato concedido a las importaciones procedentes de fuentes NMF y a las de fuentes preferenciales. La protección arancelaria de los productos agropecuarios es sustancialmente más elevada que la de otros productos de modo que los tipos NMF aplicados a un número reducido de productos son ligeramente superiores a los tipos consolidados. México otorga por lo menos trato NMF a todos sus interlocutores comerciales.

El número de sistemas diferentes de contingente arancelario añade complejidad al régimen de importación de México. México aplica contingentes arancelarios a varios productos agropecuarios, y la mayoría de los contingentes se reservan para países determinados. Además, otros productos pueden tener un arancel NMF reducido siempre que cuenten con un certificado del contingente; ello tiene la finalidad de garantizar el suministro cuando la producción nacional resulte insuficiente. México también mantiene contingentes arancelarios para determinadas importaciones procedentes de interlocutores preferenciales, y para algunos productos agropecuarios importados con arreglo a un régimen especial de arancel en frontera.

La base de la valoración en aduana depende del origen de las importaciones: f.o.b. para las importaciones procedentes de interlocutores TLCAN, y c.i.f. para otras importaciones. Todos los acuerdos de libre comercio de México contienen normas de origen específicas. Las normas de origen no preferenciales se aplican a los productos sujetos a derechos antidumping y compensatorios para evitar la elusión de tales derechos; los procedimientos necesarios para la aplicación de esas normas varían según los productos y el país de origen.

México mantiene permisos de importación para productos sensibles por razones de seguridad nacional, salud pública y protección de las industrias nacionales. En 2001, las importaciones procedentes de fuentes NMF sujetas a permisos incluían los productos petroquímicos; los vehículos; y los neumáticos, máquinas, vestidos y máquinas de oficina usados. En el caso de los vehículos y las máquinas, sólo se conceden permisos cuando ningún producto de producción nacional puede sustituir al producto extranjero. Desde 1998, México ha utilizado un sistema de concesión de licencias de importación para reunir estadísticas sobre el precio de ciertos bienes procedentes de determinados países antes de que lleve a cabo su importación.

México recurre activamente a las medidas excepcionales, esencialmente las de carácter antidumping. En el mes de marzo de 2001, se estaban aplicando 90 derechos antidumping a una amplia gama de productos, esencialmente de origen chino. En particular, desde 2001, el número de asuntos antidumping iniciados ha disminuido de forma significativa, lo que ha contribuido a atenuar las inquietudes anteriores en cuanto a que en México esas medidas podrían convertirse en obstáculos fundamentales para el comercio.

Para compensar en parte el sesgo antiexportador derivado de los obstáculos al comercio impuestos a las importaciones, México promueve las exportaciones mediante diversas concesiones en materia de derechos y de impuestos, una de las cuales ha sido notificada a la OMC como subvención a la exportación. Con arreglo a estos procedimientos, y a menos que un acuerdo de libre comercio especifique otra cosa, los insumos importados incorporados a los bienes de exportación no se gravan mediante aranceles; además, México promueve las exportaciones mediante diversos sistemas administrativos de facilitación de la imposición. Más del 90 por ciento de las exportaciones mexicanas son realizadas por empresas que se benefician de esos sistemas. Desde el anterior examen de México, se han introducido cambios sustanciales para restringir su utilización a las exportaciones abarcadas por el TLCAN. De conformidad con los acuerdos de libre comercio negociados con los países de la AELC y con la Unión Europea, México debería modificar en 2003 los programas de promoción que se refieren a exportaciones a esas regiones.

México también explota numerosos programas en apoyo de actividades selectas. En general la ayuda se aporta bien mediante servicios de financiación, que en su mayoría encauzan los bancos de desarrollo o los fondos fiduciarios públicos, o bien bajo la forma de concesiones fiscales. Determinadas concesiones fiscales están supeditadas a la satisfacción de las prescripciones en materia de contenido nacional o se otorgan únicamente si no se dispone de un producto de sustitución nacional. En 2001, México pidió y obtuvo una prórroga para la eliminación de las MIC relativas al sector del automóvil, que no eran conformes con la OMC.

México no ha firmado el Acuerdo Plurilateral sobre Contratación Pública y utiliza la contratación pública para apoyar las actividades nacionales, particularmente mediante márgenes de preferencia de precios y prescripciones en materia de contenido nacional.

Desde el 1º de enero de 2000, el Acuerdo sobre los ADPIC está plenamente vigente en México, que había tomado medidas anticipadas para aplicar la mayor parte de las disposiciones del Acuerdo. Los esfuerzos desplegados por México para mejorar la protección de los derechos de propiedad intelectual parecen haber fructificado bajo la forma de importantes transferencias de tecnología. México también cuenta con un comercio activo y creciente de bienes con aplicación intensiva de derechos de propiedad intelectual como los productos de la tecnología de la información, los productos farmacéuticos, las bebidas y los "bienes culturales".

En el sector agropecuario de México muchas actividades se han modernizado y beneficiado de un acceso creciente a los mercados extranjeros, sobre todo de los Estados Unidos, pero otras siguen desenvolviéndose en una escala reducida y esencialmente orientada al consumo de subsistencia. En general la productividad de la mano de obra del sector es muy inferior a la media nacional. México, en gran medida para aumentar la participación del sector privado en la comercialización de los productos agropecuarios, ha instaurado importantes cambios institucionales desde 1997, entre los que destaca la eliminación de la empresa estatal que anteriormente se ocupaba de las importaciones de leche. México mantiene diversos programas cuya finalidad es facilitar una ayuda directa a los ingresos de los agricultores y fomentar su productividad y competitividad. Los indicadores de ayuda a la agricultura han aumentado sustancialmente desde 1997, sobre todo como consecuencia de los bajos precios internacionales.

El sector energético sigue en gran medida bajo control estatal, ya que las disposiciones constitucionales restringen la participación privada en sectores estratégicos como el de la explotación de los hidrocarburos y el suministro de electricidad al público. La aplicación intensiva de capital que requieren los proyectos relacionados con el petróleo y la electricidad significa que esas dos ramas industriales por sí solas atraen cerca del 57 por ciento de la inversión del sector público. A la vista de las limitaciones fiscales de México y con objeto de obtener la inversión necesaria para satisfacer una demanda nacional en rápido crecimiento, el Gobierno está tratando de aumentar la participación privada en el sector de la energía al tiempo que retiene su control de las empresas propiedad del Estado que dominan el sector. La solución de los antiguos problemas estructurales de la industria eléctrica y de la industria de los hidrocarburos presenta una importancia económica vital pero ha tropezado con la fuerte resistencia de ciertos grupos de intereses encastillados en sus posiciones.

El sector manufacturero ha confirmado el papel esencial que desempeña como catalizador fundamental del crecimiento económico, en la medida en que su ampliación se ha relacionado directamente con su capacidad para competir en los mercados extranjeros. También se ha beneficiado del fuerte apoyo que le ha prestado el Gobierno mediante regímenes especiales de comercio e inversión. El estrecho engarce del sector manufacturero mexicano con las cadenas de producción de los Estados Unidos ha aportado ventajas considerables; pero también ha expuesto al sector a las depresiones cíclicas estadounidenses, como lo prueba la importante contracción de la actividad manufacturera que se registra desde finales de 2000.

En el sector de los servicios, se han introducido cambios importantes en el marco jurídico institucional, preservado o vinculado en general a las iniciativas de liberalización multilateral y preferencial promovidas por México. El grado de participación del Estado ha seguido disminuyendo en los últimos años. El aumento de la competencia y el crecimiento de la participación extranjera han discurrido paralelamente con ajustes esenciales en la estructura del mercado de actividades clave, sobre todo en los servicios financieros y de telecomunicaciones. Sin embargo, en los últimos años se han manifestado inquietudes en materia de política de competencia en el mercado de las telecomunicaciones y en el del transporte nacional, que permanece en gran medida cerrado a la participación extranjera.

Informe del Gobierno volver al principio

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES
MÉXICO
Informe del Gobierno de México — Partes II y III

Una política comercial abierta es uno de los elementos esenciales de la estrategia de desarrollo de México

Hace más de 15 años México emprendió el proceso de la liberalización económica con su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1986, y no ha dejado de aumentar en su presencia en los mercados internacionales desde entonces.

La estrategia de liberalización del comercio y las inversiones ha tenido una repercusión importante en el crecimiento económico del país, que se ha visto reforzado por un acceso permanente y fiable a los mercados externos y por una serie de mejoras en el marco regulatorio de la economía nacional.

Las negociaciones comerciales internacionales constituyen un elemento fundamental de esta estrategia, ya que ofrecen mayor seguridad de acceso a los más importantes mercados mundiales para los productos mexicanos, generan inversiones a largo plazo, fomentan la productividad nacional y la utilización de nuevas tecnologías y expanden el volumen de las exportaciones mediante una mayor diversificación de los mercados objetivo para los productores mexicanos.

La verdadera significación de la liberalización comercial de México reside en el hecho de que es un catalizador del desarrollo nacional, dado que contribuye a incluir a nuevas regiones y empresas en el ámbito del comercio internacional. Por tanto seguirá alentado la creación de más puestos de trabajo de mejor calidad y contribuyendo a un desarrollo regional equilibrado.

México se propone incorporar más empresas a las actividades de exportación, ya que la experiencia muestra que esa es una forma adecuada de multiplicar las ventas, crear un empleo mejor pagado y modernizar la industria nacional. También abre posibilidades de acceso a nuevos mercados e insumos de calidad y a la creación de alianzas estratégicas que promueven el acceso a nuevas tecnologías para el sector productivo industrial. Los 21.477 exportadores censados en México en 1993 han aumentado en un 70 por ciento hasta alcanzar la cifra de 36.422 en 2000. Con todo, si se trata de diversificar y ampliar la penetración del país en los mercados internacionales, esa cifra debe alcanzar 70.000 para el fin del presente mandato del Gobierno.

A principios del decenio de 1980, las exportaciones mexicanas dependían casi exclusivamente del petróleo. Los hidrocarburos, cuyas ventas exteriores representaban la principal fuente de ingresos para el Gobierno, fueron el principal producto de exportación de México y representaron hasta el 70 por ciento de las exportaciones totales del país en 1982. Sin embargo, la pauta de las exportaciones ha cambiado radicalmente. En 2001, el 89 por ciento de las exportaciones mexicanas eran productos manufacturados. A pesar de ello nuestras exportaciones deben seguir abarcando nuevos productos y sectores.

Es preciso añadir un mayor valor añadido por unidad exportada para elevar al máximo las ventajas de la penetración de los productos mexicanos en los mercados internacionales. El suministro de insumos a las empresas exportadoras constituye una forma de promover la integración internacional de las empresas nacionales.

México y el sistema multilateral de comercio

México considera la OMC como el principal mecanismo tanto para la liberalización comercial como para la creación de un marco basado en las normas comerciales internacionales. La liberalización comercial de México y su participación en el sistema multilateral de comercio han desempeñado un papel muy importante en la expansión de sus exportaciones, que a su vez han estimulado la economía y el empleo.

La adhesión de México al GATT estaba motivada por el deseo de crear un entorno que fomentase la actividad económica mediante el aprovechamiento, en primer lugar, de la apertura de los mercados mundiales y la reducción de los obstáculos al comercio; en segundo lugar, de la certeza que surge de las operaciones de comercio exterior que se rigen por unas normas y disciplinas claras y transparentes del sistema multilateral de comercio; en tercer lugar, del hecho de que las normas y disciplinas establecidas por la OMC eviten que se adopten medidas comerciales unilaterales; y por último, de la posibilidad de poder recurrir a un mecanismo de solución de diferencias comerciales. La conclusión de la Ronda Uruguay y la creación de la OMC convirtieron las ventajas de participar en el sistema multilateral de comercio en algo aun más evidente.

En este contexto, con objeto de contribuir a su apertura económica, crear mayores oportunidades para los países en desarrollo y reforzar el sistema multilateral de comercio, México apoyó nuevas liberalizaciones comerciales bajo la forma del lanzamiento de una ronda de negociaciones multilaterales en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC celebrada en Doha, Qatar, en noviembre de 2001. El programa de la presente Ronda es suficientemente amplio como para abarcar los intereses de todos los participantes, en particular de los países en desarrollo. Este es el contexto en el que México acogerá la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC en 2003.