El Órgano de Examen de las Políticas Comerciales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) llevó a cabo su segundo Examen de las Políticas Comerciales de Chile los días 23 y 24 de septiembre de 1997. Adjunto figura el texto de las observaciones formuladas por el Presidente a modo de conclusión, en las que se reseñan los puntos más destacados que se plantearon durante el debate.

    Este tipo de exámenes permite al OEPC hacer a intervalos periódicos una evaluación colectiva de todas las políticas y prácticas comerciales de cada uno de los países Miembros de la OMC, a fin de seguir de cerca las tendencias y acontecimientos importantes que puedan tener repercusiones en el sistema mundial de comercio.

    El examen se basa en dos informes, uno de la Secretaría de la OMC y otro del Gobierno objeto de examen, en los que se abordan todos los aspectos de las políticas comerciales del país de que se trate, inclusive sus leyes y reglamentos nacionales, el marco institucional, los acuerdos bilaterales y regionales y otros acuerdos preferenciales, las necesidades económicas más generales y el entorno exterior.

    Más adelante se publicará la documentación completa del Examen de las Políticas Comerciales de Chile, que comprenderá, además de esos dos informes, un acta de los debates y el resumen del Presidente. Esa documentación podrá solicitarse a la Secretaría de la OMC, Centro William Rappard, 154 rue de Lausanne, 1211 Ginebra 21.

    Desde diciembre de 1989 se han llevado a cabo los siguientes exámenes: Argentina (1992), Australia (1989 y 1994), Austria (1992), Bangladesh (1992), Benin (1997), Bolivia (1993), Brasil (1992 y 1996), Camerún (1995), Canadá (1990, 1992, 1994 y 1996), Chile (1991 y 1997), Chipre (1997), Colombia (1990 y 1996), Comunidades Europeas (1991, 1993 y 1995), Corea, Rep. de (1992 y 1996), Costa Rica (1995), Côte d'Ivoire (1995), Egipto (1992), El Salvador (1996), Estados Unidos (1989, 1992, 1994 y 1996), Fiji (1997), Filipinas (1993), Finlandia (1992), Ghana (1992), Hong Kong (1990 y 1994), Hungría (1991), India (1993), Indonesia (1991 y 1994), Islandia (1994), Israel (1994), Japón (1990, 1992 y 1995), Kenya (1993), Macao (1994), Malasia (1993), Marruecos (1989 y 1996), Mauricio (1995), México (1993), Nigeria (1991), Noruega (1991 y 1996), Nueva Zelandia (1990 y 1996), Pakistán (1995), Paraguay (1997), Perú (1994), Polonia (1993), República Checa (1996), República Dominicana (1996), República Eslovaca (1995), Rumania (1992), Senegal (1994), Singapur (1992 y 1996), Sri Lanka (1995), Sudáfrica (1993), Suecia (1990 y 1994), Suiza (1991 y 1996), Tailandia (1991 y 1995), Túnez (1994), Turquía (1994), Uganda (1995), Uruguay (1992), Venezuela (1996), Zambia (1996) y Zimbabwe (1994).

ÓRGANO DE EXAMEN DE LAS POLÍTICAS COMERCIALES: CHILE
OBSERVACIONES FORMULADAS POR EL PRESIDENTE A MODO DE CONCLUSIÓN

    El segundo Examen de las Políticas Comerciales de Chile se llevó a cabo los días 23 y 24 de septiembre de 1997. Estas observaciones, que formulo bajo mi sola responsabilidad, pretenden resumir el debate y no ofrecer un informe exhaustivo: éste se recogerá en el acta de la reunión.

    En el debate se han tratado cuatro temas principales, a saber: las cuestiones macroeconómicas; el equilibrio en las políticas comerciales de Chile entre los enfoques multilateral, regional y bilateral; un examen de las medidas y políticas relacionadas concretamente con el comercio, y los elementos sectoriales de las políticas comerciales.

    Algunos Miembros han señalado que la principal orientación de las políticas comerciales de Chile se había desplazado en los últimos seis años hacia el regionalismo, al tiempo que se mantenía un decidido compromiso en favor del sistema multilateral. Se ha felicitado a Chile por su sistema generalmente abierto y liberal, y por la liberalización que ha tenido lugar en el comercio de servicios; sin embargo, algunos Miembros han indicado que hay algunas áreas del comercio de mercancías en las que se han registrado pocos cambios desde el examen anterior.

Cuestiones macroeconómicas

    Los Miembros han elogiado los notables resultados macroeconómicos logrados por Chile desde 1990, a los cuales han contribuido varios factores, a saber: el gradual proceso de liberalización; una alta tasa de crecimiento unida a una creciente equidad social, y la reducción del desempleo y la inflación. Un Miembro ha solicitado aclaraciones acerca de la utilización de los mecanismos de indización en la economía y la relación de éstos con la inflación.

    Los Miembros han observado que, desde el último examen, se ha registrado alguna diversificación de los productos y los mercados de exportación, pero que Chile sigue dependiendo de un pequeño número de productos de exportación, especialmente el cobre. A ese respecto, se ha puesto de relieve la eficacia del Fondo de Estabilización del Cobre como mecanismo para mitigar las perturbaciones; un Miembro ha preguntado acerca de la posibilidad de crear un fondo extraterritorial para reducir los posibles efectos negativos de una revalorización del tipo de cambio real sobre las exportaciones. Se ha observado que la intervención del Estado ha disminuido considerablemente en toda la economía; sin embargo, no hay ningún plan para privatizar la Corporación Nacional del Cobre (CODELCO).

    Los Miembros han acogido con satisfacción el régimen aplicable a las inversiones extranjeras directas que, en general, tiene carácter liberal y no discriminatorio. Se han formulado preguntas acerca de la utilización de un sistema de depósito obligatorio o "encaje" para los fondos de inversión; mientras que algunos Miembros han considerado que esta medida puede haber contribuido a la estabilidad monetaria, otros han expresado preocupación por sus posibles efectos restrictivos.

    En respuesta a esas preguntas, el representante de Chile ha señalado que las autoridades han hecho hincapié en el crecimiento con equidad, como lo demuestra el aumento de los ingresos per cápita y la notable reducción del número de personas que viven por debajo del umbral de pobreza. Sin embargo, la distribución de los ingresos se mantiene relativamente inalterada; ésta es una preocupación prioritaria. Las altas tasas de ahorro e inversión han contribuido en gran parte al crecimiento económico, y ha disminuido la importancia de los factores externos. Aun cuando la liberalización del comercio ha contribuido al crecimiento no ha producido los mismos efectos en toda la economía, y a ello se debe la importancia de los programas sociales para difundir los beneficios de la liberalización. La inflación se ha controlado básicamente por medio de la política monetaria, y la estricta observancia de los objetivos en materia de inflación, unida a los superávit fiscales, ha generado una confianza general; el grado de indización -basada en la inflación anterior- se ha reducido. El representante de Chile ha confirmado que el papel del Fondo de Estabilización del Cobre es, tal como se indica en la documentación, actuar como mecanismo estabilizador frente a las fluctuaciones de los precios mundiales. Ha explicado también que el régimen de "encaje", un elemento fundamental de la política monetaria, es un requisito de reserva limitado a las entradas de inversiones de cartera en Chile y destinado a reducir al mínimo las corrientes de carácter especulativo; ese régimen beneficia directamente a los inversores al reducir el riesgo de fluctuaciones financieras.

Multilateralismo, regionalismo y bilateralismo

    Se han formulado preguntas acerca del equilibrio en las políticas comerciales de Chile entre los enfoques multilateral, regional y bilateral, y el hincapié que se hace actualmente en la conclusión de acuerdos con entidades regionales. A este respecto, se han hecho preguntas concretas acerca de las relaciones de Chile con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el Acuerdo de Libre Comercio con el Canadá, recientemente concluido, el estado de las negociaciones sobre un acuerdo marco con la Unión Europea, el conjunto de acuerdos con los interlocutores latinoamericanos en el comercio, inclusive la compatibilidad de los acuerdos sobre complementariedad concertados con algunos Miembros con las disposiciones de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y el nuevo acuerdo con el MERCOSUR. Los Miembros han cuestionado las repercusiones de la amplia gama de acuerdos en la transparencia y previsibilidad de las políticas comerciales de Chile. Se ha encomiado en general la participación de Chile como miembro en el APEC; a este respecto, se han pedido aclaraciones sobre la definición por Chile del principio del "regionalismo abierto".

    Se ha formulado una pregunta acerca de la medida en que Chile facilita las importaciones de los países menos adelantados.

    En respuesta, el representante de Chile ha dicho que el multilateralismo es la máxima prioridad de Chile. Sin embargo, el país considera que los acuerdos bilaterales y regionales son indispensables para avanzar en el proceso de apertura de la propia economía chilena y para abrir nuevos mercados de exportación. También es importante señalar la dimensión política de esos acuerdos en América Latina, en particular en Sudamérica, y la relación entre las economías abiertas y el desarrollo de la democracia.

    El representante de Chile ha subrayado que la mayor parte del comercio estará liberalizado en el plazo de 10 años, aunque se permite un período más largo en relación con algunos productos sensibles. Ha señalado también que los acuerdos en Sudamérica, y el concluido con México, caen en el ámbito de la ALADI, al amparo de la Cláusula de Habilitación. Los contingentes arancelarios abarcan las importaciones objeto de tipos preferenciales; no hay restricciones a las importaciones sujetas a derechos NMF. El representante ha indicado que no hay normas de origen no preferenciales y ha facilitado detalles acerca del funcionamiento de las normas preferenciales.

Medidas y políticas concretas relacionadas con el comercio

    En general, los Miembros han encomiado el régimen de comercio abierto de Chile, en particular, el arancel parejo. Algunos Miembros han pedido aclaraciones acerca de la propuesta de reducir el arancel de 3 a 4 puntos porcentuales. Tras señalar las diferencias existentes entre los tipos consolidados de la OMC y el tipo arancelario NMF aplicado, varios Miembros han preguntado si hay algún plan para introducir una consolidación que se aproxime en mayor medida al tipo aplicado.

    Algunos Miembros han pedido aclaraciones acerca de la aparente diferencia entre el régimen tributario aplicado a las bebidas alcohólicas nacionales y a las importadas. Se ha solicitado información acerca de la aplicación por Chile del Acuerdo de la OMC sobre Valoración en Aduana. Algunos Miembros también han preguntado por qué Chile no ha firmado el Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública y han exhortado a las autoridades a que lo hagan. Los Miembros han reconocido que las prescripciones nacionales de Chile en materia de normas se basan en general en las disposiciones internacionales; sin embargo se han expresado algunas preocupaciones acerca de los posibles efectos de las prescripciones sanitarias y fitosanitarias como un obstáculo al comercio.

    También se han pedido aclaraciones en lo tocante a la condición del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del GATT de 1994 en el ordenamiento jurídico chileno, los progresos en relación con la nueva legislación antidumping, y la utilización de medidas antidumping a la luz de las estipulaciones convenidas en el Acuerdo de Libre Comercio con el Canadá. Varios participantes han puesto de relieve la ausencia de legislación en materia de salvaguardias.

    Los Miembros han señalado la existencia de ciertas subvenciones a la exportación y han solicitado aclaraciones en cuanto a si Chile ha adoptado alguna medida para suprimirlas. Además, también las han pedido en lo que respecta a las actividades de fomento de las exportaciones desarrolladas por la Dirección de Promoción de las Exportaciones y Ayuda a la Comercialización (PROCHILE) y por el Fondo Agrícola establecido en 1995 para impulsar las exportaciones de productos agrícolas.

    En cuanto a la propiedad intelectual, algunos Miembros han recabado información acerca de los progresos logrados en el proceso de enmienda de la legislación de Chile para que se ajuste a las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Los Miembros han acogido con satisfacción la iniciativa tomada por las autoridades de elaborar una nueva legislación sobre la competencia.

    En respuesta, el representante de Chile ha señalado que el promedio de los aranceles consolidados del 25 por ciento aplicable a los productos industriales representa el equilibrio logrado en la Ronda Uruguay. Se ha preparado un proyecto de Ley para reducir el tipo arancelario uniforme aplicado del 11 al 8 por ciento; el Poder Ejecutivo considera que esta reducción tendrá que compensarse a fin de garantizar la continuidad de los programas sociales. En cuanto a la tributación de las bebidas alcohólicas, se ha presentado al Congreso un proyecto de Ley que garantizará una igualdad de trato impositivo, que sólo varía según el contenido alcohólico. La valoración en aduana de Chile se ajusta a las disposiciones del Acuerdo pertinente de la OMC. Las variaciones en cuanto al valor de transacción están en consonancia con las disposiciones del Acuerdo. El representante explica la aplicación de valores en aduana mínimos; éstos desaparecerán cuando se aplique plenamente el Acuerdo de la OMC. Las disposiciones de la OMC se aplican en los acuerdos de Chile con el Canadá y el MERCOSUR.

    El representante ha confirmado que los Acuerdos de la OMC sobre Medidas Antidumping y Compensatorias tienen fuerza de ley en Chile y son la base de los procedimientos que se aplican. Se ha presentado al Congreso un proyecto de Ley para dar efecto operativo a ciertas normas. Se pueden aplicar sobretasas arancelarias durante un año como máximo en el marco de las consolidaciones del GATT: no se aplican a los interlocutores en el comercio internacional que son partes en el ALC y no son "salvaguardias" en el sentido del artículo XIX del GATT. No se han utilizado desde 1993.

    El representante ha dado detalles de los procedimientos de contratación pública de Chile, que se basan en la transparencia, la no discriminación, la flexibilidad y la descentralización. Los mismos procedimientos se aplican en todo el sector público. Las empresas del Estado tienen que autofinanciarse y operar con arreglo a los criterios de las empresas privadas. Chile considera que la aplicación del Acuerdo sobre Contratación Pública es compleja, burocrática y costosa; además no garantiza el trato NMF a ningún nivel inferior al federal. Así pues, Chile confía en que cualquier acuerdo más amplio incluirá no sólo los principios de transparencia y no discriminación, sino también los de flexibilidad y descentralización.

    El representante de Chile ha facilitado detalles acerca del funcionamiento de las normas y las medidas sanitarias y fitosanitarias de su país en relación con el vino, la carne de bovino, cordero, y pollo, y el trigo; ha dado seguridades de que se aplica el trato nacional. El único régimen sectorial preferencial es el relativo al programa en el sector automotriz, que se está eliminando gradualmente. Los programas en favor de las regiones distantes del país abarcan la tributación, la facilitación aduanera y los incentivos a la inversión y no discriminan contra los extranjeros. Las exportaciones se benefician de un sistema de reintegro de los derechos que se paguen por los insumos importados y un sistema simplificado de reintegro de derechos que se aplica a las exportaciones menores no tradicionales. El sistema simplificado no se refiere a sectores específicos; se está eliminando gradualmente todo elemento de subvención. El pago diferido de los derechos de importación sobre los bienes de capital sólo comporta una subvención en los casos en que se concede una exención arancelaria a condición de que el bien de capital de que se trate se utilice en la fabricación de productos de exportación; el proceso de liberalización reducirá este régimen. También ha explicado el papel de PROCHILE en la prestación de servicios gubernamentales en relación con las exportaciones.

    El representante de Chile ha facilitado asimismo información sobre la legislación y las prácticas de su país, así como los recientes avances en el sector de la protección de la propiedad intelectual. Las modificaciones necesarias para que la legislación chilena esté en consonancia con las disposiciones del Acuerdo de la OMC sobre los ADPIC se están estudiando y se finalizarán para el 1. de enero del año 2000, como está prescrito en el caso de los países en desarrollo. Los casos relacionados con los ADPIC son vistos por los tribunales ordinarios, y no tramitados en el marco de procesos administrativos. En el sector de la política de competencia, Chile tiene una amplia jurisprudencia, pero está elaborando una nueva ley para modernizar el marco institucional y jurídico a la luz del entorno internacional.

Elementos sectoriales

    Algunos Miembros han cuestionado el mecanismo de bandas de precios en relación con algunos productos agrícolas que compiten con las importaciones; han señalado que este sistema podría traer consigo un alto grado de protección y afectar la asignación de los recursos. Esta política contrasta con el activo apoyo prestado en general por Chile a la liberalización del comercio de productos agrícolas a nivel internacional, a través del Grupo de Cairns. Los Miembros han preguntado si se está considerando la posibilidad de prestar ayudas directas en materia de ingresos a los agricultores pobres.

    Algunas delegaciones han preguntado acerca de las políticas para promover la industria automotriz, es decir, las prescripciones en materia de contenido nacional y de exportación, las subvenciones a la exportación y la prohibición de las importaciones de automóviles usados. Un Miembro ha pedido detalles acerca de la propuesta para aplicar un impuesto de explotación en la minería. Otro ha expresado preocupación acerca del permiso para el transbordo de pescado en los puertos chilenos.

    Varios Miembros han señalado que los esfuerzos de liberalización desplegados por Chile en el sector de los servicios iban más allá de sus compromisos en el marco de la OMC y han preguntado si ello dará lugar a una mejora de las consolidaciones de Chile en el marco del AGCS. Se han solicitado detalles en relación con varios aspectos concretos, como, por ejemplo, la eliminación de las restricciones horizontales relativas a la presencia comercial, el acuerdo marítimo entre Chile y el Brasil, la liberalización adicional del sector de las telecomunicaciones, la participación de Chile en las negociaciones en curso sobre los servicios financieros, la eliminación del impuesto adicional aplicado a las primas de seguros cuando los servicios en este sector se contratan en el extranjero, y las prescripciones cautelares aplicadas a los reaseguradores extranjeros y nacionales.

    En respuesta a las preguntas formuladas acerca del mecanismo de bandas de precios, el representante ha señalado que el mecanismo (que se aplica al trigo, la harina de trigo, los aceites comestibles y el azúcar) se estableció para estabilizar los precios internos ante las fluctuaciones de los precios internacionales. El representante ha indicado que las importaciones de los productos abarcados por este mecanismo representan un volumen considerable, llegando en el caso de los aceites comestibles al 92 por ciento del consumo nacional. No es probable que el tipo consolidado del 31,5 por ciento pueda ser vulnerado por el mecanismo. En cuanto a los productos lácteos, el representante ha contestado que Chile considera apropiado el nivel consolidado del 31,5 por ciento (frente a un tipo aplicado del 11 por ciento), dada la sensibilidad de ese sector para la agricultura del país. También ha aclarado la política relativa a los programas de riego y el plan para el restablecimiento de la productividad del suelo. El precio de compra de la remolacha azucarera lo fija la IANSA, una empresa privada, en negociaciones con los productores y sin intervención de los poderes públicos.

    El representante aclaró el funcionamiento del programa de la industria automotriz, que data del decenio de 1980. En la actualidad, sólo se benefician de él tres empresas. Ha agregado que el programa se eliminará de aquí al año 2000, de conformidad con los compromisos de Chile en el marco del Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio. La prohibición de las importaciones de vehículos usados se debe a motivos ambientales y no hay planes para derogarla.

    En cuanto al sector de los servicios, el representante de Chile ha dicho que, en los últimos siete años, las telecomunicaciones, la infraestructura, el transporte y los servicios financieros han sido objeto de un importante proceso de reforma jurídica. En el área de las telecomunicaciones, en 1985 se inició la privatización de las empresas telefónicas nacionales e internacionales y hay libre competencia en el sector. Como consecuencia de la reforma, las tarifas han disminuido en un 50 por ciento y ha aumentado considerablemente el número de líneas. El sector financiero también ha sido objeto de importantes reformas, inclusive la reciente aprobación de una nueva ley bancaria, que abarca tres áreas principales, a saber: la internacionalización del sistema bancario chileno, la ampliación del alcance de las actividades bancarias y la adopción de las normas de Basilea. En cuanto al transporte marítimo, el representante ha aclarado que la legislación chilena se basa en el principio de la reciprocidad. Chile lamenta que no hayan podido avanzar las negociaciones sobre el transporte marítimo.

    El representante ha agregado que Chile ha participado activamente en las negociaciones sobre los servicios en el marco de la OMC. En la negociación de 1995 sobre los servicios financieros, el país presentó una oferta mejorada, y en el contexto de la actual negociación, está elaborando una oferta condicional, que confía presentar en octubre. Chile ha asumido compromisos NMF en la esfera de la telefonía internacional y ha reflejado su política abierta en la Lista de compromisos en esta esfera. El representante ha subrayado que su país está dispuesto a participar en cualquier negociación sobre los servicios encaminada a lograr la liberalización progresiva de este sector en forma multilateral, plurilateral y bilateral.

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    Por último, deseo poner de relieve algunos elementos importantes. En primer lugar, la especial importancia atribuida por Chile, desde 1990, al crecimiento con equidad pone de manifiesto una combinación ejemplar de políticas económicas y sociales, que ahora van mucho más allá del llamado "consenso de Wáshington". Estoy seguro de que los Miembros también acogerán con satisfacción el constante hincapié por parte de Chile en la estabilidad económica y el éxito que ha logrado. Acojo asimismo con beneplácito las claras explicaciones que ha dado Chile acerca de la relación entre los aspectos multilaterales y regionales de sus políticas, y las respuestas detalladas que ha formulado sobre cuestiones concretas, inclusive las relativas a la contratación pública, las normas sanitarias, el apoyo a nivel regional y el respaldo de las exportaciones, la propiedad intelectual y las políticas sectoriales. Finalmente, estoy seguro de que el debate que hemos celebrado estos dos últimos días ha contribuido a la importante obligación en materia de transparencia que he subrayado en mi declaración de apertura.