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Con la reducción de los obstáculos gubernamentales al comercio y la
inversión, ha surgido una inquietud creciente frente a la posibilidad
de que las ganancias derivadas de esa liberalización se frustren por
prácticas anticompetitivas del sector privado. También se va
entendiendo con mayor claridad que las políticas comerciales y de
competencia que se apoyan mutuamente pueden contribuir a un desarrollo
económico firme y que las políticas de competencia eficaces ayudan a
velar por que los beneficios de la liberalización y las reformas
basadas en el mercado lleguen a todos los ciudadanos.
Aproximadamente
entre 80 y 100 países Miembros de la OMC, entre los que se cuentan
unos 50 ó 60 países en desarrollo y en transición, han adoptado
leyes en materia de competencia, denominadas también leyes “antitrust” o
“antimonopolio”. Lo habitual es que
en estas leyes se prevean medidas correctivas aplicables a una
variedad de prácticas anticompetitivas, por ejemplo, acuerdos de
fijación de precios y otros acuerdos de cartelización, abusos de una
posición dominante o monopolización, fusiones que limitan la
competencia y acuerdos entre proveedores y distribuidores (“acuerdos
verticales”) que cierran los mercados a nuevos competidores. El
concepto de “política” de competencia incluye leyes en la
materia, además de otras medidas destinadas a promover la competencia
en la economía nacional, como la reglamentación sectorial y las
políticas de privatización.
El
Grupo de Trabajo de la OMC sobre la Interacción entre Comercio y
Política de Competencia se estableció en la Conferencia Ministerial
de Singapur, celebrada en diciembre de 1996, con la finalidad de
estudiar las cuestiones que planteen los Miembros acerca de la
interacción entre estas dos esferas de política. Desde su reunión
inicial en julio de 1997, el Grupo ha examinado una gran variedad de
estas cuestiones. El Grupo de Trabajo ha recibido hasta el momento
alrededor de 180 comunicaciones de los Miembros, lo que constituye un
testimonio del profundo interés que los Miembros han mostrado en el
tema.
Desde
1999, en cumplimiento de una decisión del Consejo General de la OMC,
el Grupo de Trabajo ha venido examinando los tres temas siguientes,
además de la Lista recapitulativa de cuestiones:
-
la
pertinencia de los principios fundamentales de la OMC de trato
nacional, transparencia y trato de la nación más favorecida con
respecto a la política de competencia y viceversa;
-
posibles
enfoques para promover la cooperación y la comunicación entre
los Miembros, incluso en la esfera de la cooperación técnica; y
-
la
contribución de la política de competencia al logro de los
objetivos de la OMC, incluida la promoción del comercio
internacional.
En
2001, en el contexto de la mencionada decisión del Consejo General,
el Grupo de Trabajo también dedicó su atención a los puntos que se
relacionan seguidamente, a sugerencia de diversas delegaciones en
consulta con el Presidente:
-
abordar
las preocupaciones de algunos países en desarrollo acerca de, por
una parte, las consecuencias de carácter general que entraña la
aplicación de la política de competencia para sus economías
nacionales y, por otra, las consecuencias particulares que podría
tener para políticas y programas relacionados con el desarrollo
un marco multilateral de la política de competencia;
-
seguir
explorando las consecuencias, modalidades y posibles ventajas de
una intensificación de la cooperación internacional, en
particular dentro de la OMC, en el tema del comercio y la
política de competencia; y
-
seguir
centrándose en la cuestión de la creación de capacidad en la
esfera de la legislación y la política de competencia.
Mientras
que varios Miembros afirmaron la importancia de los principios de la
OMC para la política de competencia y la necesidad de una mayor
cooperación entre los Miembros con el objeto de hacer frente a las
prácticas anticompetitivas, hubo divergencia de opiniones con
respecto a la necesidad de que, en la OMC, se adoptaran medidas
encaminadas a potenciar la importancia de la política de competencia
para el sistema multilateral de comercio. En particular, aunque
algunos Miembros brindaron su apoyo a la elaboración en la OMC de un
marco multilateral sobre política de competencia, con la finalidad de
respaldar la aplicación, por los países Miembros, de políticas de
competencia eficaces y reducir las posibilidades de conflictos en esta
esfera, otros pusieron en duda la conveniencia de un marco de esta
naturaleza y se mostraron partidarios de una cooperación bilateral
y/o regional en la materia.
La
cuestión de la conveniencia de elaborar un marco multilateral sobre
política de competencia se va a abordar ahora en la Conferencia
Ministerial de Doha. En los preparativos para la Conferencia, un
cierto número de Miembros ha renovado el llamamiento a favor de un
marco de la OMC para apoyar la aplicación por los Miembros de
políticas nacionales eficaces en materia de competencia y potenciar
la contribución general de la política de competencia al sistema
multilateral de comercio, mientras que otros Miembros han seguido
manifestando objeciones a las negociaciones en torno a este asunto.
Como
reflejo de esa divergencia de opiniones, el proyecto de Declaración
Ministerial, hecho público el 26 de septiembre de 2001, contiene dos
variantes de una decisión que habrá de adoptarse en Doha respecto a
la naturaleza de la labor futura de la OMC en el tema de la política
de competencia:
-
“Convenimos
en celebrar negociaciones que tendrán por finalidad mejorar la
contribución de la política de competencia al comercio
internacional y al desarrollo. Con este fin, en las negociaciones
se deberá establecer un marco para tratar los siguientes
elementos: principios fundamentales, incluidas la transparencia,
la no discriminación y la equidad procesal, y disposiciones sobre
los cárteles intrínsecamente nocivos; modalidades de
cooperación voluntaria; y apoyo para el fortalecimiento
progresivo de las instituciones de defensa de la competencia en
los países en desarrollo mediante la creación de capacidad. En
el curso de las negociaciones, se tendrá plenamente en cuenta la
situación de los países en desarrollo y menos adelantados
participantes y se preverá la flexibilidad apropiada para
tratarla. Nos comprometemos a velar por que se adopten
disposiciones apropiadas para la prestación de asistencia
técnica y apoyo a la creación de capacidad, durante las
negociaciones y como elemento del acuerdo que habrá de negociarse.”
o
Queda
por ver si se adopta una de esas dos variantes o si, en otro caso, se
encuentra un punto medio entre esos dos enfoques.
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